León, Guanajuato.- A pesar de que se aprobaron permisos para su colocación desde 2022, los puntos de monitoreo inteligente que la asociación “León Agradecido” dio en comodato al Municipio todavía no están operando, aunque ya fueron instalados.
Se trata de un proyecto de 34 millones de pesos financiado con recursos del Fidesseg, que contemplaba inicialmente la adquisición de 40 postes con cámaras distribuidas por la ciudad e integradas al Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4).
Sin embargo, Jorge Guillén Rico, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, confirmó que siguen sin utilizarse.
Ya se terminaron de instalar, pero todavía no están funcionando operativamente, todavía no están en función. Ya están por terminar el último proceso”, explicó el funcionario ante los medios el jueves 10 de julio.
Actualmente se están realizando pruebas con estas cámaras de videovigilancia, cuyo objetivo es mejorar la seguridad pública de León.
La adquisición fue realizada por la asociación “León Agradecido”, que otorgó la tecnología en comodato, es decir, prestó el equipo mediante un contrato para que el municipio lo utilizara.
No obstante, fue uno de los proyectos observados con anomalías por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), en la revisión realizada entre 2020 y 2024 al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg).
En el tema del comodato, pues de verdad esto se está trabajando ahorita, si se va a renovar, ¿cómo va a ser el proceso? Entonces se está trabajando… Todo está en comodato”, aseguró el secretario Guillén Rico respecto a qué pasará tras esta auditoría.
Un proyecto que comenzó en 2022
Entre los hallazgos de la auditoría de la ASEG, se señala que fue un error autorizar estos proyectos, ya que corresponden a funciones de Seguridad Pública y deberían ser ejecutados directamente por el gobierno municipal.
“La asociación se encuentra impedida para definir, adquirir, administrar y suministrar el equipo de las corporaciones policiales”, se lee en el informe, donde también se argumenta legalmente esta conclusión.
Además, se indicó que desde hace tres años se realizaron trámites para la colocación de estos postes y que, hasta el 31 de diciembre de 2024, no se había comprobado el ejercicio del recurso otorgado por el Fidesseg.
Asimismo, se resalta que los permisos fueron autorizados en el ejercicio 2022; sin embargo, el contrato de suministro, instalación y puesta a punto de equipamiento, entre la asociación y el proveedor, [es] del 17 de febrero de 2025”, señala la auditoría.
“Al 31 de diciembre de 2024 no acreditó el ejercicio del monto ministrado por $24,249,350.68, conforme al cronograma de actividades detallado en el formato FDS-01, toda vez que, a la fecha de inspección física, es decir, el 24 de enero de 2025, el importe ministrado se encontraba íntegro en la cuenta bancaria específica”, agrega.
El monto total asignado fue de $34,641,929.55, mediante un convenio celebrado el 24 de julio de 2024, con un plazo de ejecución de ocho meses, que vencía el 1 de abril de 2025.
Defienden el proyecto
A finales de junio, Guillermo Rapp Fragoso, presidente de la fundación “León Agradecido”, se defendió de las observaciones señaladas por la auditoría, argumentando en entrevista con AM que toda asignación de recursos pasaba por el Comité Técnico.
También afirmó que, en muchas ocasiones, entregaron resultados muy superiores a los previstos en cada proyecto. Mediante negociaciones, lograron entregar más productos o materiales de lo pactado.
En este caso, recibieron fondos para 40 postes y entregaron 47 puntos de monitoreo inteligente. Además, se instalaron 64 cámaras lectoras de placas de vehículos, las primeras dentro de la ciudad, ya que las anteriores solo estaban en los arcos carreteros.
Dejan ‘en el aire’ 2.6 millones y frenan reintegro
Anomalías significativas han sido detectadas en el Fideicomiso de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato (Fidesseg), donde la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) ha identificado un total de 214 millones de pesos en discrepancias entre 2020 y 2024. De esta suma, 195 millones corresponden a observaciones financieras y 19 millones a infraestructura. En particular, 2.6 millones de pesos en fondos públicos no fueron justificados por organizaciones civiles que recibieron apoyo para reparaciones menores de infraestructura y otros proyectos, sin presentar pruebas de la ejecución completa o parcial de las obras.
La reintegración de estos fondos a Fidesseg, y la consecuente distribución de nuevos recursos, se encuentra actualmente frenada por un amparo presentado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León contra la auditoría de la ASEG. Esta acción legal, que entró en vigor el 7 de julio pasado, mismo día que la auditoría fue aprobada por el Congreso del Estado, la misma impide el seguimiento de las observaciones y la notificación formal a la Secretaría del Nuevo Comienzo, demorando los esfuerzos de recuperación de los 214 millones de pesos.
AAK