Con información de Alejandro Sandoval.
Guanajuato.- La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que no está en discusión la aprobación de los proyectos que recibieron dinero del Fidesseg, pero sí la ejecución irregular de los mismos.
Sus declaraciones surgen luego de que la semana pasada, se presentó en el pleno del Congreso local los resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg).
Que como todos los recursos públicos están sujetos a revisión, “en este momento lo que se está solicitando (por parte de la ASEG) es el reintegro de los recursos en algunos montos por el ejercicio, en algunos casos, irregular de los mismos, eso es importante señalar: es en la aplicación, no es en la aprobación, porque se ha comentado que nosotros como gobierno aprobamos, (la observación es) ya en la ejecución de los recursos”.
Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que el gobierno estatal mantiene un diálogo con las organizaciones.
Lo peor que puede ocurrir es que sigamos trabados en tribunales porque los que están en medio son las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Nosotros hemos estado en contacto con las fundaciones, con los empresarios de estas organizaciones para encontrar un camino que permita, al margen de las observaciones que tienen otro cauce legal, pero que podamos avanzar en este modelo que sea transparente y que les beneficie a las organizaciones”.
Sobre la queja de las OSC de que no se les dio derecho de audiencia para responder a las observaciones de la auditoría de la ASEG, la gobernadora dijo que estos procesos de revisión llevan sus tiempos, que primero tenía que presentarse al Congreso para su aprobación y posteriormente se les notificará de manera formal, pero que las organizaciones tienen los mecanismos legales que consideren necesarios para defenderse.
Reconoció que hay atraso en la convocatoria 2025, debido al incidente promovido por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de León, que impidió sesionar al Consejo Técnico del Fidesseg, para proceder a la asignación de recursos para las organizaciones.
Aunque García Muñoz Ledo dijo no traer el dato de cuál es el monto de las anomalías, un análisis del informe de la ASEG indica que las anomalías detectadas rondan los 214 millones de pesos: 195 millones 60 mil 566 pesos corresponden a las observaciones financieras y 19 millones 348 mil 508 pesos a las observaciones de infraestructura.
Habla Honestidad
Por su parte, la Secretaria de Honestidad, Arcelia González Martínez, dijo que hay revisión integral del Fideicomiso, mediante auditorías al desempeño y otras al ejercicio.
Que algunas son de procedimiento jurídico ordinario que aún no se concluyen. Otras que sí, ya terminadas, resultaron con observaciones. Que algunas se solventaron en tiempo y forma, y que de las que no, siguen procedimientos que son muy estrictos, cuidadosos de no revelar ningún otro dato hasta que no esté concluida.
Arcelia González también dijo que no hay revisión específica sobre organizaciones beneficiarias del Fidesseg, que fue al monto integral.
Demandan proceso justo, claro y objetivo
Tras difundirse múltiples observaciones en las auditorías al FIDESSEG, la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato (COSOC), que agrupa a 102 organismos, demandó un proceso justo, claro y objetivo
Nos preocupa que la falta de acceso a la información y de garantías de audiencia y debido proceso genere incertidumbre, sospechas infundadas y señalamientos que afectan no solo a instituciones, sino al conjunto del sector social, que en Guanajuato ha mostrado seriedad, resultados y responsabilidad”, manifestó la coordinadora en un comunicado.
Reiteró el compromiso con la legalidad, la transparencia y la honestidad, así como la disposición a colaborar con las auditorías y revisiones que fortalezcan la confianza ciudadana.
COSOC es el organismo que la bancada de Morena pidió integrar en la toma de decisiones, junto con el Poder Legislativo, sobre el diseño de los lineamientos, estructura, programa y acciones que permitan el financiamiento pertinente, transparente y efectivo a los organismos de la sociedad civil.
En el comunicado, la COSOC afirmó su convicción de que la sociedad civil organizada es un pilar indispensable para la construcción de un Guanajuato más justo, solidario y en paz.
A quienes compartimos esta vocación de servicio, los animamos a mantenernos firmes y unidos, confiando en que la verdad y la justicia fortalecerán nuestro trabajo. Porque en Guanajuato, la esperanza se construye con la participación de todos; sociedad y gobierno, apoyados en la Sociedad Civil de manera Organizada”, cita el comunicado.
Sobre las observaciones derivadas del informe de auditoría practicado al FIDESSEG, la COSOC informó que no se trata de defender intereses particulares, sino de proteger a las comunidades que trabajan detrás de cada proyecto financiado con recursos de dicho fideicomiso.
“Hay historias de niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades enteras que han accedido a alimentos, servicios de salud, espacios de cuidado, atención a personas con discapacidad, prevención de adicciones y oportunidades de educación y capacitación, y en esencia propiciar el acceso a los derechos humanos”, señaló la organización.
Asimismo, advirtió que no pueden permitir que estas personas se conviertan en víctimas colaterales de disputas políticas o procesos poco claros.
Llamó a que se garanticen espacios de diálogo respetuoso y abierto, donde las organizaciones puedan conocer con claridad las observaciones realizadas, solventarlas de manera puntual y demostrar, con datos y evidencias, el impacto de los proyectos realizados. “Por nuestra parte como organizaciones activas y pertenecientes al sector social, no solo la reiteramos, hemos asegurado y colaborado para una transparencia, valor que seguiremos haciendo como parte de nuestro quehacer”, afirmó.
Puntualizó que el sector social no es adversario, es aliado de Guanajuato, dado que las organizaciones de la sociedad civil son parte de la solución a las desigualdades y los problemas sociales que enfrenta el estado.
El llamado también incluye a las autoridades, a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a no realizar juicios anticipados.
Hoy más que nunca, Guanajuato necesita unidad, confianza y corresponsabilidad entre sociedad, sector privado y gobierno para seguir avanzando en el combate a la pobreza, la desigualdad y la violencia”.
Diputado pide integrar al COSOC a toma de decisiones
El grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García, y a la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, para que consideren a la Coordinadora de la Sociedad Civil (COSOC) y al Poder Legislativo del Estado en la toma de decisiones sobre los recursos del FIDESSEG.
El objetivo era que se consideren las opiniones no solo del gobierno estatal y del empresariado sino de las propias organizaciones de la sociedad civil, pero el punto de acuerdo fue desechado.
David Martínez destacó que la COSOC agrupa a 102 organizaciones diversas, apartidistas y enfocadas en derechos humanos, niñez, vejez, mujeres víctimas de violencia, educación y trabajo comunitario.
“Desde mi punto de vista, es la organización más representativa de la sociedad civil en Guanajuato. Ponerse de acuerdo entre 102 asociaciones no es cualquier cosa”, subrayó el diputado.
“No defendimos al fideicomiso, sino el derecho del pueblo a saber qué se hizo con el dinero público. Este Congreso también es responsable del buen uso de los recursos y no puede quedar al margen de estas decisiones”.
Observaciones, una etapa del proceso: Zanella
El diputado Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó que el comunicado difundido ante los resultados de auditorías al FIDESSEG refleja, en primer término, un reconocimiento hacia la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Este punto es fundamental porque confirma que la sociedad civil organizada, al igual que las instituciones gubernamentales y los servidores públicos que en ellas participamos, asumimos el compromiso por el correcto destino de cada peso ejercido en proyectos sociales”, dijo el diputado, en un posicionamiento enviado a AM.
Afirmó que, desde el Poder Legislativo, cumplen con nuestra responsabilidad constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos, siempre bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto a los procedimientos establecidos, conscientes de que la rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
Puntualizó que es importante señalar que los resultados que se han conocido constituyen una etapa dentro del proceso de fiscalización.
Aclaró que conforme a lo dispuesto en la Ley, la resolución del Congreso del estado no agota el procedimiento, pues da lugar a etapa de seguimiento.
“Estas fases ulteriores deberán desarrollarse en estricto apego a los procedimientos legales establecidos y son fundamentales para implementar medidas correctivas y promover aquellas mejoras en la gestión pública que sean necesarias”, dijo.
Cada peso fue aprobado por Consejo Técnico: CCEL
Cada peso del recurso otorgado a las organizaciones civiles mediante el Fidesseg contó, en todo momento, con la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso, donde participan representantes del Gobierno del Estado (con voz y voto de calidad), y representantes de los aportantes (solo con voz y voto) advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León.
Esto, luego de conocerse que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) encontró observaciones no solventadas en su revisión.
El CCE también aseguró que no le fueron notificados formalmente los resultados de esta auditoría al Fidesseg, los cuales fueron ya entregados al Congreso del Estado.
Esta falta de notificación, afirmó el consejo empresarial en un comunicado de prensa, le llevó a recurrir al juzgado federal décimo segundo para señalar “una violación al debido proceso”, pues no se garantizó el derecho de audiencia para que pudiera conocer y solventar oportunamente las observaciones que hubieran surgido.
Que dicho juzgado concedió una suspensión provisional el miércoles, un día antes de la entrega del informe de la Comisión de Hacienda y Fiscalización al pleno del Congreso.