Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El abogado de la empresa china Agroverdi, dueña del campo agrícola donde el 11 de julio la Fiscalía General del Estado realizó un operativo, aseguró que los jornaleros tienen Seguro Social, que trabajan ocho horas diarias y que tienen contrato.
Pero dos de los trabajadores, entrevistados por AM por separado, lo desmintieron: uno que viene de Puebla dijo que trabajan 16 o 17 horas diarias. Dijo que por 115 horas a la semana, recibe 3,160 de pago. Su horario termina “hasta que se acabe lo que se tiene que empacar”. Y que no tienen contrato.
La Ley Federal del Trabajo establece que las jornadas diarias son de 8 horas y las semanales de 48 horas.
El otro trabajador, un joven de Oaxaca, afirmó que quienes laboran ahí trabajan todo el día, pero lo hacen porque si quieren ganar más, tienen que trabajar más horas, ya que les pagan por libras cosechadas, no tienen un sueldo fijo. Así que depende de la gente cuánto quiere trabajar.
Se le pidió un cálculo aproximado de cuánto gana él y dijo que dependía también del tipo de vegetal que cosecharan, no todos se pagan igual.
El primero aseguró que no tienen Seguro Social y agregó que en los cuartos donde viven les faltan colchones, duermen sobre puras tablas. Pero ya no fue posible entrar al cuarto para verificarlo porque una empleada de la empresa informó que la visita ya había terminado.
En los baños de mujeres, AM pudo ver que los lavabos están ya cafés de percudidos y el área para bañarse solo es un tubo, sin regadera.
En la entrada, hay dos o tres tazas que se nota son nuevas y las acaban de colocar, que eran las únicas con la puerta abierta, pero más adelante se observó una taza más antigua completamente percudida de suciedad. Esta y otras más estaban encerradas con cerradura en la puerta, así que no se podían verificar las demás.
Cuartos, baños y lavaderos colectivos
El 11 de julio la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en el campo agrícola de la empresa Agroverdi, ubicado en la comunidad El Ramillete, sobre la carretera Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión, donde se siembran hortalizas, porque aseguró que ahí existía trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
Este jueves, José de Jesús Espinoza Moreno, abogado de la empresa, abrió el albergue de los jornaleros, también procedentes de Guerrero, a una visita de los reporteros de una docena de medios de comunicación. El lugar se compone de 10 galeras donde los trabajadores y sus familias tienen cuartos para vivir y cocinar. Aseguró que no les cobran renta.
Hay por lo menos 20 lavaderos colectivos y baños colectivos, tanto para mujeres como para hombres. Hay una guardería hecha de lámina para los hijos de los trabajadores. AM constató que sí cumple con esa función, con una encargada. El abogado aseguró que los niños, entre 100 y 120 en el albergue, no trabajan.
También hay un pequeño consultorio, donde ayer había dos médicos, uno dando consulta, otro dijo que laboraban ahí 24 horas. Y una tiendita de abarrotes.
El abogado aseguró que tienen un comedor, pero en el recorrido no se observó y el muchacho de Oaxaca entrevistado por AM dijo que cada familia cocina en su cuarto, con los productos que se venden en la tiendita. Eso es lo único que pagan, lo demás es gratis, afirmó.
José de Jesús Espinoza dijo que el albergue fue formado y es sostenido por un patronato formado por tres empresas agrícolas de la zona.
Niega explotación laboral
Sobre la acusación de explotación laboral, el abogado negó que exista, porque hay tres turnos de ocho horas diarias y admitió que el sueldo que reciben depende de la actividad que desarrolle cada quién. “Porque no es lo mismo lo que gana un tractorista o alguien que está sembrando o cosechando o están seleccionando”.
Aseguró que son entre 2,800, 4,000 o 5,000 pesos lo que puede ganar cada jornalero a la semana.
Afirmó que la empresa le paga sus viáticos para que lleguen de sus estados de origen a Guanajuato y de regreso, y si se quieren ir, pueden hacerlo en el momento que deseen, con la condición de que duren por lo menos 30 días.
“Nosotros hemos sido muy insistentes con la Fiscalía, lo que ellos quieran aclarar, lo que ellos quieran investigar, estamos a sus órdenes, no hay ningún problema.
“Nosotros estamos seguros que no existe nadie en contra de su voluntad, que no hay explotación laboral porque se les paga incluso más de lo que establece la ley a los trabajadores.
“Precisamente por eso vienen desde tan lejos para poder trabajar. Si fueran explotados ya no regresarían, y es una actividad que vienen realizando desde hace años. Vienen dos, tres, cuatro o cinco veces. Si los tratáramos mal, si fueran explotados, o no les pagáramos, ya no regresarían”, destacó Espinoza Moreno.
Sostuvo que trabajan de lunes a viernes la mayoría, pero hay otros que lo hacen solo viernes, sábado y domingo.
Lo que sí dijo es que están solventando algunas observaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre los niños, pero dijo que a ellos los traen sus padres. Y que la guardería debería de ser de cemento y no de lámina.
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Denunciará a la Fiscalía ante FGR y CNDH
En entrevista, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por allanamiento, abuso de autoridad y robo contra la Fiscalía General del Estado.
Acusó que no les mostraron orden de cateo ni ninguna otra y hasta la fecha no les han notificado nada, que ese día llegaron como 50 agentes ministeriales y sacaron a la gente de sus cuartos.
Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la intervención directamente del Fiscal General del Estado, por las acciones que llevaron a cabo, inclusive no cumplieron con los protocolos.
“Los atropellos fueron muchos, primero entraron a la fuerza, los elementos de seguridad que están resguardando entradas y salidas, los sacaron inmediatamente. Ellos entraron alrededor de 50 elementos, a las gentes que estaban en los cuartos empezaron a sacarlas y a introducirse sin presencia de nadie. Aseguró que no mostraron orden de cateo ni ningún documento.
Explicó que el operativo se realizó “porque ellos nos argumentan que fueron dos personas a poner su denuncia, dos personas que venían en contra de su voluntad. Pero no nos dicen ni quiénes, ni cuándo. Es más, si pertenece a esta empresa o no”.
Explicó que en la comunidad El Ramillete es una comunidad en la que existen tres ranchos agrícolas, no solo el de Agroverdi, los otros son Planaza y La Esperanza. “Por eso nosotros no tenemos la certeza si era con nosotros o no”.
Pero tampoco la Fiscalía les ha informado de cuándo fueron las denuncias. “No nos han dicho nada, nada. No nos han dado información de nada”.
Sostuvo que tampoco ningún accionista o representante de la empresa, ni él mismo, han sido citados a comparecer por la Fiscalía.
Niega rescate de 700 jornaleros
También aseguró que no se llevaron a nadie, como difundió la Fiscalía en un comunicado de prensa, que ahí siguen trabajando normalmente y que no pueden ser 700 personas las involucradas, porque solo tienen alrededor de 600 trabajadores.
“Son menos, yo no sé de dónde sacaron esa cifra. Pero de que resguardaron y que rescataron, ¿de dónde? Si la gente sigue aquí. Es más, la gente no supo ni a qué vinieron”, expresó el abogado.
Acusa robo de dinero y servidores
Además dijo que les robaron 289 mil pesos de la nómina, “que porque eran sujeto de investigación”, que ya les devolvieron el miércoles. Pero que también les robaron dinero a los trabajadores.
“Lo que hicieron fue introducirse a sus habitaciones, checarlos, revisar lo que tienen ahí y el dinero que tienen ahí, se lo llevaron.
Dice la Fiscalía que están revisando que ese dinero sea de procedencia lícita o ilícita. Estamos hablando de entre 500 y 1,800, 2,000 la gran mayoría”. Fueron afectados 70 trabajadores, pero no han hecho el recuento total del robo a ellos. El dinero de los trabajadores no ha sido devuelto, aseguró.
El abogado dijo que el día del operativo solo vieron a la Secretaría del Trabajo federal y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Dependencias no hablaron con trabajadores
El abogado comentó también que el lunes 14 de julio, tres días después del operativo, acudieron empleados de varias dependencias del Gobierno del Estado al albergue.
“Ellos lo único que nos dijeron es que venían a ver en qué podían colaborar y ayudar a la gente del albergue.
“Con nadie hablaron, únicamente con nosotros, que fuimos los que los atendimos, les hicimos el recorrido con ellos. Incluso el Presidente Municipal dijo que no eran condiciones para que estuviera la gente”.
Y además de eso, “se tomaron la foto y se fueron”. Pero que no les dieron ninguna recomendación ni revisaron nada. “Solo nos dijeron que íbamos a tener reuniones, para ver cómo colaborábamos para mejorar esto”.
Aseguró finalmente que no hay ninguna observación del DIF ni de Derechos Humanos. Y que cada semana acude la Secretaría de Salud y supervisa la situación de los menores de edad. Y que les hicieron una observación en la cocina, que no se estaban preparando adecuadamente los alimentos, pero ya se corrigió.
DAR