Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Condiciones insalubres, incertidumbre laboral y alejadas a media hora caminando de la carretera Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión, es como viven decenas de familias de personas jornaleras.
Viven y trabajan en condición de trata de personas con fines de explotación laboral, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), que realiza las investigaciones.
Están bien abandonados aquí. Los niños chiquitos, todos mocosos en tiempo de frío. Gentes de a cuatro o cinco en un mismo cuartito, lleno de chinches (…)”, afirmó un vecino del lugar.
Sin embargo, las esposas, hijos e hijas de los trabajadores niegan que haya malas condiciones, dicen que no les cobran renta, que cada familia tiene su cuarto, que no viven hacinados, que cuentan con doctora, con escuela, con tienda de abarrotes, que en cualquier momento se pueden ir.
Pero también, que en cualquier momento se puede terminar el contrato y tendrían que dejar el albergue, dejando atrás también el poco patrimonio que hayan juntado y regresar a sus pueblos cargando solo lo indispensable.
Que no saben, a ciencia cierta, cuánto ganan por semana, pues depende del patrón, que deposita en el banco o en su mano el dinero en efectivo. A veces pueden ser mil 200, mil 700, tres mil. ¿De qué depende? “La verdad, no sé”, fue la respuesta repetida varias veces.
Ese albergue fue escenario el viernes 11 de julio de un cateo por parte de la Fiscalía de Guanajuato, que inició una carpeta de investigación por la presunta trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de unas 700 personas en un rancho agrícola.
Ni trabajadores ni vecinos conocen el nombre de la empresa. Solo dicen que son personas de origen chino, que llegaron hace unos cinco años.
La FGE tampoco lo informó y no dará más detalles hasta que concluya la investigación.
Moscas, basura, precariedad normalizada
AM acudió este sábado 12 de julio al lugar y descubrió un conjunto de cuartos habilitados como viviendas, sin embargo, por ser horario laboral, no se pudo hablar con personas trabajadoras.
Los pocos que iban a iniciar turno al medio día en la cosecha contestaban a AM con monosílabos. Que tenían prisa, que no sabían nada, que acaban de llegar al albergue. Que no estaban al momento del cateo.
Que les pagan con tarjeta o en efectivo, como ellos quieran. Que la señora chinita, de la que no conocen el nombre, es buena gente y los trata bien, pero los administradores, gente contratada en Dolores, son los que los maltratan.
La construcción está rodeada por un canal que, en teoría, lleva las aguas de las lluvias al drenaje, pero si uno sigue el perímetro, una parte desembocaba en un pequeño estanque de aguas negras a un costado del campamento. Basura y agua lamosa impiden que fluya, aún así unos perros flacos aprovechan para beber.
Lo que está dentro del campamento está mayormente oculto: una tela de malla-sombra dificulta ver hacia el interior y las personas del otro lado no sienten la inquietud de salir o de contestar preguntas. No se puede observar el tamaño de los cuartos.
Aunque el comunicado de la Fiscalía General del Estado aseguró que las víctimas, son originarias de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, AM solo habló con gente del primer estado.
Las pocas madres de familia que aceptan platicar lo hacen con condición de anonimato, sin grabadora. Dicen que están bien los cuartos, que cuando llegan están vacíos, cada quien trae sus cobijas, sus enseres domésticos, su ropa.
“Si quiero colchonetas las tengo que comprar”, revela María, una joven madre de tres niños. “¿Y qué les hacen cuando se acaba el trabajo?“, pregunta AM. “Las tiramos o las quemamos”.
Eso, cada vez que llegan a un lugar nuevo.
Se pudo observar que el camión contenedor de basura del albergue está atiborrado. Abajo, más bolsas de basura y desechos desperdigados. Moscas por doquier. Y una corriente de agua sucia, que no drenaje, a cielo abierto.
María cuenta que su esposo le da cada jueves 3 mil en efectivo “para el chivo”, que luego acude a la tienda de abarrotes del albergue a pagar lo fiado y lo que sobra, lo deja para ahorrar o para darse un gustito.
Enfrente del albergue el sábado se instaló un puesto de ropa pirata -pantalones, sudaderas- si le gusta algo lo puede comprar ahí.
Este día también se instaló un puesto de aparatos electrónicos, como bocinas, auriculares y vapeadores. Hasta pantallas de televisión usadas. Un camión repartidor de refrescos acudió a dejar su producto.
Los jueves, días de paga, hay más puestos.
Y las tres maestras que dan clases a los niños acuden de lunes a viernes. Tras un examen de nivelación, colocan a cada niño en el respectivo grado.
AM preguntó a un niño de unos 12 años en qué grado iba, dijo que en cuarto. Se le preguntó qué es lo que más le gustaba hacer. Respondió que ya se estaba enseñando a leer.
Nada de esto se pudo confirmar porque un trabajador no daba acceso al albergue, pidió acudir con el equipo de vigilancia, distante a unos 300 metros.
Se acudió al lugar, se preguntó por el nombre de la empresa, si podía atender un representante o al menos brindar un posicionamiento. Aunque AM dejó los medios de contacto, al cierre de edición no hubo respuesta.
Sin vecinos, ni mirones
Bajando de la carretera, hay un primer rancho productor de hortalizas, fresas, específicamente, que tiene un cartel anunciando el nombre de la empresa y otros datos técnicos, cuyos trabajadores temen sea vinculada a la del albergue. “Nada que ver con ellos, aquí todo está en regla, bajo revisión de las autoridades, no tenemos cuartos sino viviendas, alquiladas”, dijo uno de los empleados consultados.
Más adelante, en el camino, se observan varios invernaderos y casi al fondo, el rancho El Ramillete.
Uno de los pocos vecinos visibles, que lleva viviendo por ahí por 42 años, contó que los trabajadores del albergue incauto sí viven en pésimas condiciones. Esto, porque él renta cuartos y algunos jornaleros han llegado allí, huyendo de la suciedad y de las chinches, que meten de cuatro o cinco personas en un cuarto chiquito y que muchos no quieren eso y por eso se salen a rentar.
El vecino pidió anonimato para evitar represalias.
No les cobran luz o agua, pero hay veces que a las 10 u 11 de la noche ahí los traen con lámparas aquí (y señala la frente, o sea, cosechando). Y empiezan 6 o 7 de la mañana y salen a comer ahorita a la 1, y salen de vuelta (a trabajar), y salen a las 6, más o menos”.
Dijo que el operativo de las autoridades inició a las 11 de la mañana y participaron unas 15 patrullas de policía más otros vehículos.
“Cuando -los empresarios- llegaron, dijeron que eran mil, pero no nada más tienen estos -albergues-, a lo mejor ustedes -la prensa- no se dan cuenta, pero allá tienen otros ranchos”, e hizo la seña hacia el oriente.
Que siembran zanahoria, pepino, apio y verduras y legumbres de origen chino, que él no conocía ni sabe cómo se llaman.
No hubo modo de reforzar sus dichos porque los otros vecinos no quisieron hablar.
Investigaciones siguen su curso
La Fiscalía General del Estado (FGE) encabeza la investigación por los hechos registrados ayer viernes en un albergue para familias jornaleras en el municipio Dolores Hidalgo, situación tipificada como “trata de personas con fines de explotación laboral”, por esta razón es la única instancia que puede dar detalles para no entorpecer las pesquisas.
Así respondieron desde el Gobierno estatal, sobre la operación interinstitucional que el viernes ejecutó una orden de cateo en el rancho agrícola El Ramillete, distante a unos 17 km al norte de la ciudad de Dolores Hidalgo, sobre la carretera a San Diego de la Unión donde fueron localizadas aproximadamente 700 personas, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo al boletín original.
La vocería de la Fiscalía del Estado comentó que la investigación sigue su curso, que solo hasta que sea agotada podrá brindar más datos a la ciudadanía.
La oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno respondió que: “En cuanto se pueda dar información, la proporcionaremos”.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) informó que no inició alguna queja por solicitud directa pues solo acudió al operativo a petición de la Fiscalía Estatal, para atestiguar que no se cometieran excesos durante la actuación de agentes y peritos durante la revisión. Tampoco inició ninguna queja de oficio.
Otra investigación paralela
Además de la FGE, en el operativo una persona se le encontraron narcóticos, por ello se dio inicio de una nueva carpeta de investigación. Por este hecho la Guardia Nacional confirmó una persona detenida.
Al cierre de edición la FGE no aclaraba aún si es por consumo de drogas o por tráfico, según cuestionó AM.
En tanto que la Guardia Nacional informó que su participación en el cateo fue solo para brindar seguridad periférica. No obstante, las personas afirmaron estar ahí por trabajo y no en contra de su voluntad.
Otros organismos que participaron en el operativo fueron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Municipio de Dolores Hidalgo a través de su Policía local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y DIF Municipal, así como Sistema DIF Estatal, y la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).
“¿No se dieron cuenta?”
El presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, reafirmó esta versión, de que la denuncia la están tratando directamente la Fiscalía Estatal y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Nosotros como Municipio hemos trabajado el tema desde hace ya tiempo con visitas junto con CAISES y DIF con campañas de salud, atención a los niños, despensas etc.”.
No obstante, sí cuestionó que la actuación de las autoridades federales encargadas del tema laboral
“No me queda claro: ¿Cómo es posible que el IMSS no haya generado ninguna acción o sanción al respecto? Yo tengo 400 empleados en (la empresa panadera) Don Bizcocho y me trae a gorro con revisiones y auditorías cada semestre”, objetó.
AAK