Ciudad de México.- A pesar de que el Gobierno federal ha descartado una reforma fiscal profunda para el sexenio en curso, en la práctica impondrá una oleada de nuevos cobros e impuestos a partir de 2026 a través de modificaciones a la Ley Federal de Derechos.
Los incrementos no solo se aplicarán a productos como refrescos, tabaco y videojuegos con contenido violento, sino que también afectarán diversos servicios prestados por el Estado, como el ingreso a museos, trámites migratorios, y servicios de inspección a instalaciones financieras y helipuertos.
La Cámara de Diputados aprobó ayer estas modificaciones que crean y aumentan cobros gubernamentales.
Entre los cambios más relevantes, se destaca:
- Un aumento del 109 por ciento a los permisos de residencia temporal en el País, que alcanzarán los 25 mil pesos en el caso de permisos por cuatro años.
- La aplicación de una tarifa de 31 millones de pesos por servicios de inspección en casas de bolsa, de acuerdo con un análisis de la bancada del PAN.
- La derogación de la exención fiscal para personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales.
Las modificaciones fueron aprobadas con 352 votos a favor y 133 en contra.
Recaudación y críticas al ‘huachicol fiscal’
El priista Jericó Abramo detalló que, con los incrementos planteados, que incluyen el pago de Derechos, IEPS, Aduanas y Código Fiscal, el Gobierno federal obtendrá recursos adicionales por 271 mil millones de pesos.
El legislador criticó que, si bien el País requiere $1.5 billones de pesos de ingresos adicionales para estabilizar sus finanzas, las modificaciones solo aportarán “migajas”, y solicitó al Gobierno revisar las pérdidas que genera el llamado “huachicol fiscal” (contrabando y evasión).
Por su parte, la panista Noemí Luna cuestionó la falta de inversión en las áreas de donde provienen los recursos: “Hoy el Gobierno nos presenta una Ley Federal de Derechos llena de incrementos, aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet. Y ahora aumentan las cuotas de entrada a los museos y zonas arqueológicas”, señaló.
La morenista Alma Delia Navarrete defendió las modificaciones, argumentando que son una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado, mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y asegurar una distribución más justa de los derechos públicos.