El abogado José Mario de la Garza Martins, director de Proyecto Justicia Común, presentó la denuncia. Agencia Reforma

Ciudad de México.- La organización civil Proyecto Justicia Común denunció ante el INE la “operación acordeón” con la que Morena y el Gobierno de la Ciudad de México buscan inducir el voto en la elección judicial del domingo con el reparto de acordeones a favor de candidatos afines a jueces, magistrados y ministros.

La denuncia presentada ante la Oficialía de Partes acusa al partido Morena, al Gobierno de la Ciudad de México y a su titular, Clara Brugada, a la Secretaria de Bienestar local, Araceli Damián, y al vicecoordinador de los diputados del mismo partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, de financiar con recursos públicos la impresión de esos acordeones o listados que indican por quién se debe de votar, así como de la creación de una estructura territorial para el reparto, incluso casa por casa, con el pago de 8 mil pesos mensuales a los movilizadores.

“Es absurdo pensar que el partido en el poder, Morena, y la presidenta Claudia Sheinbaum promocionen esta reforma judicial para democratizar al Poder Judicial y, al mismo tiempo, se está articulando una campaña, una operación de Estado para despojar a los ciudadanos de cualquier capacidad propia de decidir por quién van a votar. Eso evidencia claramente que la reforma está mal hecha, estuvo mal ejecutada y que no va a tener ningún éxito”, afirmó el abogado José Mario de la Garza Martins, director de Proyecto Justicia Común.

La operación acordeón es regresar al autoritarismo, pero con nuevos esquemas clientelares, con nuevos esquemas de partidos”, agregó en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se acondicionan la sala de prensa y los foros de televisión para la jornada electoral del domingo, en la que por primera vez se votará de manera directa por 881 cargos de jueces, magistrados y ministros.

De la Garza Martins indicó que la base de su denuncia son las revelaciones publicadas por Reforma como el pago a través de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México de 8 mil pesos a “movilizadores” de votantes el domingo, a quienes se les han entregado los acordeones.

 

José Mario de la Garza Martins, director de Proyecto Justicia Común./Foto: A.R.

Este diario publicó este viernes uno de los cheques de Banca Afirme, expedido por Bienestar y firmado por Norma Saldaña, por parte de la Secretaría de Finanzas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado las denuncias periodísticas, pero llamó a la ciudadanía a presentar las pruebas y denuncias, por lo que, dijo el abogado, ellos están cumpliendo, aunque consideró que le corresponde a la autoridad indagar ante las evidencias.

Aquí estamos cumpliendo con ese llamado. Vamos a seguir denunciando cualquier abuso que se comenta antes, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Es muy complicado para los ciudadanos contar con las pruebas directas, por eso nosotros reunimos los indicios que llevan una presunción de que se está articulando esta operación por el partido oficial, por funcionarios púbicos, por gobiernos estatales y municipales para coaccionar el voto y para acarrear a personas a las urnas el domingo”, dijo.

En la denuncia se acusa a Morena por la presunta responsabilidad en la creación, financiamiento y reparto mediante brigadas de los acordeones.

A la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, por haber permitido la operación electoral dirigida desde la estructura del Gobierno capitalino.

A la Secretaria de Bienestar de la Ciudad, Araceli Damián, por el pago mediante recursos públicos de brigadistas identificados como “responsables de sección”. A la funcionaria de la Secretaría de Finanzas local Norma Angélica Lucia Saldaña por haber autorizado pagos institucionales a personas cuyas tareas reales consistían en coordinar acciones proselitistas de movilización, simulacro de votación e inducción del sufragio.

Al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar se le acusa por su presunta participación como formador político de brigadas utilizadas para tareas de inducción del voto. Al también diputado Luis Alberto Chávez García, por haber facilitado el uso de instalaciones oficiales para organizar y coordinar las brigadas electorales, y a Margarito Javier Rosas, ex Secretario de Desarrollo Social en Tlalpan, cuando Sheinbaum era delegada, por su presunta coordinación directa de las brigadas de reparto de los acordeones, así como en los simulacros de la votación.

En 2016, Margarito Javier Rosas también fue acusado de usar las oficinas oficiales para promover la creación de Morena, pero su entonces Jefa, Claudia Sheinbaum, salió en su defensa.

Platiqué con el director general y no hay nada de qué preocuparse, vamos a seguir siendo muy cuidadosos en diferenciar claramente lo que es Morena y lo que es el Gobierno delegacional”, dijo la entonces Delegada.

El Consejo General del INE prohibió ayer a ciudadanos, funcionarios, partidos y actores políticos el reparto de acordeones que indican por quién votar en la elección del Poder Judicial de este domingo.

Los consejeros electorales advirtieron que la distribución masiva de los acordeones ya prefigura el delito electoral de coacción del voto, incluso algunos los calificaron como “una vergüenza para la democracia”.

 

JJJC

 

 

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