Guanajuato. Los diputados locales Hades Aguilar Castillo y Ricardo Ferro Baeza, de Morena, ratificaron la demanda de amparo que habían interpuesto el 28 de julio contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda; Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obras; el Contralor del Estado; y el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.
La razón de la demanda es “la entrega irregular y opaca”, desde el punto de vista de los legisladores de Morena, de la concesión y de la operación de las autopistas Silao–Guanajuato y Silao–San Miguel de Allende a VISE, S.A. de C.V. y Construcciones Rubau, S.A. de C.V.
Esta demanda se presentó como consecuencia de lo publicado por AM el 7 de julio, según lo cual, horas antes de concluir su gobierno, el 25 de septiembre de 2024, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo autorizó la concesión para entregar a una empresa privada la autopista Silao–Guanajuato, que representaba un ingreso seguro para el Estado de al menos 250 millones de pesos anuales.
Ese mismo día, en el mismo paquete, se incluyó la construcción de la autopista Silao–San Miguel de Allende al consorcio VISE–Rubau. Ambas autopistas juntas se denominarán Operadora Valle de la Independencia (OVI).
La concesión de las dos autopistas será por 30 años. La remodelación de la Silao–Guanajuato está prevista para concluir en marzo de 2026, y los trabajos iniciaron el 16 de julio pasado.
Se informó que se aumentaron tarifas y se acortó el trazo de la nueva vía, que terminará 19 km antes de San Miguel de Allende.
También se publicó que la autopista Silao–Guanajuato, desde su inauguración hace 39 años, ha sido un negocio rentable, con ingresos promedio de 685 mil pesos diarios.
La autopista Silao–Guanajuato fue cedida al consorcio VISE–Rubau para “completar” el aforo vehicular y garantizar los ingresos necesarios para hacer financieramente viable la construcción de la autopista Silao–San Miguel de Allende.
La inversión para ambas obras se cuantificó en 6 mil 91 millones de pesos el 30 de agosto de 2024, cuando se emitió el fallo de la licitación para otorgar la concesión.
En esa fecha, el Gobierno estatal contaba con 31 mil millones de pesos en bancos, además de 3 mil 430 millones en inversiones que generaban al menos 270 millones de pesos mensuales en intereses.
La decisión de Diego Sinhue de otorgar en paquete la autopista Silao–Guanajuato junto con la concesión de la Silao–San Miguel de Allende —que aún no ha iniciado construcción— se anunció en el Periódico Oficial del Estado del 22 de mayo de 2024, donde se mencionan uno o varios estudios del Consejo Consultivo de Concesiones del Estado.
Para publicar ese reportaje, AM solicitó el mes pasado al Gobierno actual copia de los análisis que sustentan el documento, pero no hubo respuesta.
Pero defienden concesión
El pasado 21 de julio, AM publicó que, sin mostrar el estudio financiero ni proyectos “al estar en proceso”, el secretario de Obra Pública del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán, defiende la entrega de concesiones de las carreteras Silao-Guanajuato y Silao-San Miguel de Allende a la empresa VISE-Rubau.
“No, no es darle el negocio a alguien”, respondió el Secretario a la pregunta de por qué entregó el estado a un particular un negocio que le generó 250 millones en el 2024.
El funcionario tampoco mostró el peritaje de la autopista Silao-Guanajuato que justifica una inversión de casi 600 millones de pesos para rehabilitarla.
Aunque consideró que era importante entregarla para que resultara atractivo invertir en la construcción de la autopista Silao-San Miguel.
Acerca de las críticas de políticos de diferentes partidos, incluso del senador panista y exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, de que había otras opciones para financiar la construcción de la autopista a San Miguel, como un préstamo depositando en garantía la Silao-Guanajuato, Pérez Beltrán respondió:
“No te sabría decir si eran viables o no… a mi no me tocó el estudio en ese sentido. Por supuesto que, los estudios que se realizaron, fueron mucho muy responsables y se determinó la mejor opción para el momento en el que estaba la economía del estado”.
Otra alternativa planteada por Miguel Márquez y diputados de Morena, Verde y Movimiento Ciudadano, fue que el ISSEG -Instituto de Seguridad de trabajadores del Estado- invirtiera en la construcción de la autopista Silao-San Miguel. De esta manera el beneficio económico iría a las pensiones de los empleados estatales.
“No estaba dentro de mis atribuciones -ver otro esquema de financiamiento-”, afirmó el Secretario de Obra quien asegura que la decisión del Gobierno significó “ganar dos activos y … completamente nuevos los dos”.
Admitió que “a lo mejor sí hubo otros esquemas… para el Gobierno del Estado en su momento ese fue el mejor”.
La decisión fue respaldada en los estudios de compañías consultoras pagadas por la misma Secretaría, dos de ellas Gerimpro y Noriega y Escobedo.
JB