Guanajuato.- En ocho meses, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), dirigida por Jaime Rochín del Rincón, recibió 47 recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
Los principales motivos fueron no inscribir a personas en el Registro Estatal de Víctimas y no atender solicitudes de apoyo.
Estas resoluciones, que representan el 45% del total emitido por la Prodheg en 2025, derivan de 201 quejas presentadas entre 2022 y 2025 por víctimas indirectas de homicidio, feminicidio, desaparición y otros delitos.
Autoridades reconocen que las quejas superan las 800 al año, sobre todo en 2024 y 2025, y advierten sobre un uso indebido del sistema. “El 96% fueron presentadas por un único grupo, con un patrón similar y formatos preestablecidos”, informó la CEAIV, que además señaló que muchas personas ni siquiera sabían que había una queja a su nombre.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, aseguró que la mayoría de las denuncias provienen de un despacho jurídico que cobra por trámites gratuitos ante la CEAIV. Recordó que esta práctica es delito, aunque no se persigue de oficio.
Es muy notorio este crecimiento. Es un despacho que opera sobre todo en la zona Laja-Bajío y que se dedica a buscar personas que hayan tenido alguna situación de víctima, de persona fallecida. Ellos trabajan incluso con perifoneo en las comunidades. Han presentado incluso asuntos desde los años 90”, dijo Jiménez, recordando que la CEAIV inició operaciones en 2021.
Pese a ello, la Prodheg resolvió a favor de los inconformes, ordenando a la CEAIV inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, brindar apoyos y cumplir con los plazos de ley. AM confirmó que la mayoría de las quejas provienen de Irapuato y Salamanca.
La CEAIV admite que la queja es un derecho que puede mejorar sus procesos, pero advierte de intentos de manipulación. Aunque no lo mencionan directamente, autoridades reconocen la cercanía de José Gutiérrez Cruz con colectivos de víctimas en Irapuato, como Sembrando Comunidad, Familias Unidas Víctimas de Homicidio y Familias Unidas Víctimas de Feminicidio y Desaparición.
En entrevista con AM, Gutiérrez negó lucrar con el dolor de las víctimas y acusó al Gobierno estatal de intentar cambiar la narrativa de la violencia en Guanajuato, cuando —dijo— ha fracasado en garantizar derechos básicos como alimentación, salud, educación y, sobre todo, la vida.
Señalan ‘coyotaje’ con víctimas
AM revisó las 99 recomendaciones de la Prodheg en 2025; 47 se dirigieron al comisionado Jaime Rochín por “omitir salvaguardar los derechos humanos consistentes en: atención, asistencia y ayuda, de las víctimas indirectas”. Esto ocurrió porque no se inscribió a las personas quejosas en el Registro Estatal de Víctimas ni se les otorgó la ayuda alimentaria solicitada.
Algunas recomendaciones derivan de una sola queja, mientras que otras amparan hasta 44 personas (Expediente 0727/2024 y sus derivados). La Prodheg pide a la CEAIV tomar las medidas necesarias para lograr la reparación integral del daño conforme a la ley.
La Comisión aclaró que, en la mayoría de los casos, la condición de víctima se regularizó automáticamente al registrarse formalmente tras recibir atención urgente y que algunos temas no corresponden a su competencia. También señaló que muchas personas “al ser contactadas para darles seguimiento, han manifestado desconocer su contenido e incluso señalado que no requieren lo solicitado en dichas quejas”.
Para mejorar la atención, la CEAIV propuso un enfoque transversal con municipios y las Secretarías de Gobierno, Salud, Nuevo Comienzo y Seguridad y Paz, y se comprometió a impulsar medidas de reparación administrativa y reparaciones colectivas.
Sí hay fallas: Derechos Humanos
La Prodheg detectó deficiencias en el registro de notificaciones a víctimas, con meses de retraso entre el inicio de la queja y la respuesta.
Si bien es cierto, la CEAIV informó que resultó procedente la medida de ayuda alimentaria; también lo es que no obra en el expediente prueba alguna con la cual se acredite el pago correspondiente (…) se tienen por ciertos los hechos manifestados por la quejosa”, indica una recomendación, concluyendo que la vulneración de derechos sí existió.
Detectan irregularidades
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló irregularidades en la mayoría de las quejas de este tipo, más de 800 solo en 2024.
“Por ejemplo, presentan queja por (retraso en) los pagos, son trimestrales. Entonces, si el pago se hace en agosto, pues ellos en julio ya están presentando en la queja que no se pagó el mes de agosto”, explicó, refiriéndose a casos en los que ya cobraron por sus servicios.
Aunque la Prodheg debe recibir todas las quejas, muchas son desestimadas; en las recomendaciones, sin embargo, se confirma que sí hubo irregularidades. Jiménez Lona reconoció que se han realizado reuniones con la CEAIV y la Prodheg para buscar soluciones y evitar demoras por cuestiones burocráticas.
Rechaza lucro en quejas de víctimas
José Gutiérrez Cruz aclaró a AM que no cobra por su asesoría y que no es un despacho quien interpuso las quejas.
“Nosotros somos una asociación civil que se llama Memoria, Justicia y Comunidad. En lo que va del año hemos presentado más de 1,000 quejas contra la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y hemos logrado poco más de 200 recomendaciones en contra” de Jaime Rochín. “Eso requiere de cierta organización y de presupuesto para poder salir adelante, pero no se les cobra”, aseguró.
Señaló que las principales quejas que acompaña son por violaciones a derechos a la educación, alimentación y atención digna, y acusó que la CEAIV ignoró solicitudes de registro hechas desde 2023. Hasta 2025, con recomendaciones en contra, comenzaron a registrar a las víctimas. Para presentar los amparos, reciben asesoría del despacho Ángel Arias y Asociados (León).
Gutiérrez celebró que su organización logró cambiar las reglas de operación de la Comisión, obligando a que las víctimas de homicidio siguieran recibiendo apoyo alimentario. Sin embargo, consideró que las resoluciones de la Prodheg son insuficientes, pues no generan cambios estructurales ni detienen la violación de derechos de las víctimas, y por ello han impugnado la mayoría.
Acusó que durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez hubo miles de víctimas de homicidio (22,458 según el Ejecutómetro de AM) y no se les atiende. “Les duele que las víctimas se organicen y luchen contra esta violación y revictimización institucional que sufren”.
“Está desacreditado”: Plataforma por la Paz
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, dijo que Gutiérrez no es una voz acreditada para representar a las víctimas.
“Desde 2020 se documentó que parte de la salida de integrantes del colectivo ‘A Tu Encuentro’ se debió a estas prácticas. Es pública esta práctica de extorsión a familias pidiéndoles dinero”. Recordó que activistas nacionales le retiraron apoyo y criticó que no busca desaparecidos ni justicia en homicidios dolosos, sino beneficios económicos a partir de quejas y amparos.
Señaló que las instituciones han usado esto a su favor, filtrando información sobre el número de quejas para golpear políticamente a Jaime Rochín. “Por ejemplo, lo que hizo la Prodheg fue filtrar información respecto al número de quejas durante el proceso de designación de la persona titular de la Procuraduría, especialmente para golpetear políticamente a Jaime Rochín”.
Sandoval recomendó revisar el tipo de quejas presentadas: si buscan justicia o solo apoyos sociales.
Recomiendan atender maltrato
El 9 de junio de 2025, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato emitió una recomendación distinta a las 47 que se han dirigido este año contra la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).
En el expediente 1837/2023, la mujer quejosa (no identificada en el documento público) denunció que una trabajadora de la CEAIV la trató indignamente mientras le practicaba un estudio socioeconómico para la solicitud de apoyo alimentario.
Según la recomendación, la quejosa afirmó que la empleada de la Comisión le dijo que no recibiría la ayuda, al tiempo que realizaba “gestos como de fastidio, de desaprobación”. Una persona que la acompañaba, integrante de la Asociación Civil Memoria, Justicia y Comunidad, fue testigo y corroboró la versión.
Por ello, la Prodheg emitió la recomendación, dejando constancia de que Ana Grisell Rodríguez Neri omitió salvaguardar el derecho humano al trato digno de la quejosa.
El hecho se integró al expediente personal de la trabajadora, quien deberá tomar una capacitación sobre el tema, y se implementarán otras medidas necesarias.
AAK