Celaya, Guanajuato.- A casi dos meses de las manifestaciones por el retiro del fondo de ahorro de los jubilados y pensionados del Municipio, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez señaló que contratarán a un despacho externo para estudiar cada caso y no descartó el despido de la oficial mayor, Mireya Villagómez Molina.
Vamos a contratar un despacho para que vea cada caso en particular en el momento en que empiecen las demandas. Buscaremos el que mejor nos haga una propuesta porque no todo mundo va a querer hacer eso. Nosotros no vamos a pagar ni un quinto”, dijo en entrevista.
El 7 de agosto, los jubilados y pensionados del Municipio de Celaya recibieron la notificación de que se les retiraría su fondo de ahorro con el argumento de que no hay respaldo legal para otorgar esta prestación.
Desde esa fecha, los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados han realizado varias manifestaciones para exigir que se reintegre la prestación y el aumento salarial que se otorgó a los trabajadores en activo. Desde el 4 de septiembre mantienen un plantón, en horario laboral, en la Presidencia Municipal.
Ramírez Sánchez reiteró que están dispuestos a que los extrabajadores demanden al Municipio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato.
“Las prestaciones se les están dando. Yo estoy viendo todo lo posible para no perjudicarlos, pero en enero vamos a actuar: les vamos a pagar a cada uno como debe ser y como dice su dictamen y el contrato colectivo de los sindicatos. A partir de enero les vamos a pagar con eso y por eso les estoy dando oportunidad de que negociemos. Yo quiero una certeza jurídica”, señaló.
El Alcalde reconoció que evalúa perfiles para un posible cambio en la Oficialía Mayor, aunque destacó que Mireya Villagómez Molina ha actuado bien.
La política es muy difícil, hay compañeros que con justa razón quieren que los derechos de los trabajadores jubilados no se les quite, pero ya se les explicó que no son derechos. No se está yendo contra los derechos, se están revisando las prestaciones”, afirmó.
“Ha actuado bien porque nosotros llegamos a acomodar todo. No queremos robos, pero queremos orden. Estamos viendo un posible cambio en la Oficialía Mayor. Todo lo tenemos que ver, nadie aquí es indispensable. Yo he removido a muchos directores y subdirectores, estamos viéndolo”, comentó.
Suspensión de prestaciones a jubilados de Celaya fue indebida y riesgosa, advierte contralor
La Contraloría Municipal de Celaya determinó que la Oficial Mayor, Mireya Villagómez Molina, actuó incorrectamente al suspender las prestaciones de los jubilados y pensionados. El regidor Carlos Ruiz informó que la contralora, Laura Elena Lara Rodríguez, indicó que la acción es una responsabilidad administrativa y viola el principio de irretroactividad de la ley.
El dictamen de la Contraloría se basa en que el reglamento de pensionados abrogado en 2012 aún amparaba los derechos adquiridos de estos extrabajadores. El regidor Ruiz advirtió que si los jubilados inician un litigio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Municipio tiene “muy altas posibilidades de perder”, lo que resultaría en costos adicionales por honorarios y gastos de juicio.
La Oficial Mayor no solo está incurriendo en responsabilidades por el retiro del fondo de ahorro, sino que también ha tomado decisiones unilaterales que han afectado a otros empleados, como los cambios en los cálculos de ISR que resultaron en una reducción salarial. El regidor lamentó que estas acciones se estén realizando sin la debida autorización del Ayuntamiento.
Por su parte, la regidora Fátima González Reyna señaló que la Oficialía Mayor tomó la decisión de retirar el fondo de ahorro a los jubilados sin contar con la información necesaria que respaldara tal medida. En la Comisión de Recursos Humanos solo se argumentó que “los recursos se están acabando”, sin proporcionar el presupuesto real asignado a las pensiones.
La regidora González Reyna criticó que la Oficialía Mayor se presentó ante la comisión “sin información” y con desconocimiento sobre el presupuesto asignado, lo que forzó a declarar un receso. Esto subraya que la drástica decisión de modificar las prestaciones de 586 jubilados se tomó sin una base de datos ni una decisión consensuada por el Ayuntamiento.
AM