Ciudad de México.- En Guanajuato y al menos ocho estados más, el crimen organizado ha consolidado un mecanismo de extorsión y control de precios que impacta directamente en la economía local.
De acuerdo con testimonios recogidos por El Universal, la práctica involucra a campesinos, locatarios, transportistas y, en algunos casos, incluso a autoridades, quienes reconocen que Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco se encuentran bajo este esquema de presión.
El patrón es claro: las células criminales imponen incrementos en productos básicos como alimentos, materiales de construcción, combustibles y hasta útiles escolares. Además, obligan a comerciantes a adquirir mercancía robada o canalizan la venta a través de redes de comercios ilegales bajo su control, como también ocurre en el Estado de México, de acuerdo con la investigación de El Gran Diario de México.
Modus operandi: de la canasta básica al transporte
En Michoacán, campesinos de Tierra Caliente relataron a El Universal que grupos como Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), monopolizan la distribución de refrescos, cervezas, abarrotes y carne. Si los comerciantes no compran en sus bodegas, arriesgan su vida. Ejemplos concretos: un kilo de arroz que cuesta 20 pesos termina vendiéndose a 25, y la carne sube de 200 a 240 pesos.
“El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte (…) Eso tiene mucho tiempo que ocurre. Por ejemplo, si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25 pesos; la carne vale entre 200 pesos el kilo y la dan entre 230 y 240 pesos (…) Todo es más caro como en Apatzingán y Aguililla, porque los cárteles tienen presencia”, detallan los lugareños a El Gran Diario de México.
En Guerrero, tanto Los Ardillos como Los Tlacos controlan la distribución de carne, pollo, cerveza y hasta servicios nocturnos en Chilpancingo, Acapulco y Costa Grande. La extorsión se extiende a bares, transporte y pequeños negocios.
En Tamaulipas, habitantes revelaron a El Universal que la venta de productos como carne y huevo depende de proveedores autorizados por el crimen, y la organización criminal incluso dicta con quién se puede trabajar en conciertos o eventos masivos.
En Veracruz, los comerciantes deben pagar “derecho de piso” a varias células criminales. El resultado: la canasta básica se encarece, los pasajes suben de 10 a 12 pesos y productores de caña denuncian que sus ganancias terminan en manos de líderes coludidos con grupos delincuenciales.
En Durango y Coahuila, particularmente en la Comarca Lagunera, agricultores, ganaderos y transportistas reportaron a El Universal un ambiente de asfixia por las cuotas impuestas, muchas veces con la complicidad de autoridades locales.
En Oaxaca, además del cobro de piso, se detectó la operación de préstamos “gota a gota” manejados por grupos extranjeros, quienes incluso han abierto negocios fachada. En el Istmo de Tehuantepec, productores de mango aseguran que deben vender su cosecha a precios muy por debajo del mercado, bajo amenazas directas.
En Morelos, más de la mitad de los comerciantes paga derecho de piso. En Cuernavaca, transportistas de la Ruta 11 recibieron amenazas de incendiar sus unidades si no cedían a las exigencias de pago.
En Tabasco, dueños de negocios y transportistas viven bajo asedio: robos, cobros de piso y amenazas en carreteras forman parte del día a día, según documentó El Universal.
El caso de Guanajuato: la extorsión detrás de la tortilla
A diferencia de otros estados, en Guanajuato no se ha denunciado un control directo de precios en alimentos o bebidas. Sin embargo, el cobro de piso sigue siendo la principal amenaza contra comerciantes y prestadores de servicios.
En 2019, el gremio de tortillerías de Celaya denunció que la presión criminal obligó al cierre de varios negocios. De acuerdo con industriales de la masa y la tortilla consultados por El Universal, la situación persiste: muchos prefieren mantener un bajo perfil por temor a represalias, pero reconocen que las extorsiones continúan presentes en la cadena de producción y venta.
Este ejemplo es clave para comprender cómo la delincuencia en Guanajuato ha optado más por un modelo de extorsión directa, que aunque no controla precios de manera abierta como en Michoacán o Guerrero, impacta en los costos finales que enfrentan los consumidores.
Un fenómeno nacional en expansión
El Observatorio Nacional Ciudadano, en voz de su director Francisco Rivas, advirtió a El Universal que la extorsión se consolidó a partir de 2013, tras el debilitamiento de los grandes cárteles. El delito creció como una fuente estable de ingresos para grupos más pequeños, y se volvió un mecanismo basado en el terror, con derivaciones que incluyen secuestros, homicidios y desapariciones.
Empezó cada vez a hacerse más frecuente. A veces la extorsión termina siendo un secuestro, homicidio, lesión dolosa, desaparición de personas, porque precisamente parte del mecanismo que usan es el terror para poder mantener vivo ese delito”, puntualiza.
En este panorama, Guanajuato no es la excepción. Aunque los focos mediáticos suelen señalar la violencia homicida en la entidad, los pequeños y medianos comerciantes viven en un entorno donde el cobro de piso se convierte en una condena silenciosa que repercute directamente en la economía local.
Guanajuato: foco rojo en extorsiones
En el estado se han disparado las denuncias por casos de extorsión hasta llegar a ser el primer lugar a nivel nacional en la tasa de carpetas de investigación por este delito por cada 100 mil habitantes, en lo que va del año.
La entidad pasó de estar en el puesto 15 del ranking nacional de este indicador en 2021, a convertirse en el puntero hasta mayo del 2025, de acuerdo a las últimas cifras que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
El municipio con el repunte más grave es Irapuato, en donde crecieron en 163.41 % las carpetas de investigación por extorsión en estos primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo del 2024.
JRL