Con información de Mayolo López
Ciudad de México.- El concepto de “interés legítimo” en la reforma a la Ley de Amparo, que limitaría la posibilidad de que colectivos y particulares presenten amparos, ha sido el punto más controversial en las audiencias públicas organizadas por Morena en el Senado.
El exmagistrado Juan Pablo Gómez explicó que el interés legítimo ha sido el principal mecanismo para la protección de derechos colectivos en México.
Esta reforma introduce dos elementos que generan preocupación: uno, que no existe en la jurisprudencia, que supone que el beneficio deba ser directo para que pueda actualizarse este interés legítimo. Y el otro es que el beneficio no pueda ser eventual o hipotético”, explicó Gómez.
“De alguna manera, se reduce el ámbito de legitimación de los particulares, y lo más preocupante es que a quien afecta esto no es a la gente de más recursos, sino a la gente de menores recursos que no tiene la posibilidad de acudir a un juicio de amparo”, advirtió el ex magistrado.
La coordinadora de documentación y litigio de GIRE, Luisa Fernanda Tello, advirtió que con la reforma, la figura del amparo se debilita, limitando el interés legítimo, la suspensión provisional y los medios para el cumplimiento de las sentencias. Para las organizaciones civiles, la defensa de los derechos colectivos es una prioridad, y con los cambios a la norma se retrocede en lugar de avanzar, señaló Tello.
Por su parte, el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, Raúl Armando Jiménez Vázquez, consideró que la reforma es estratégica y moderna, alineándose con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que facilita el acceso a la justicia a los más vulnerables.
La litigante Georgina Velasco Zanella destacó el hecho de que la reforma incluya la digitalización del amparo, lo cual, según ella, es un paso positivo considerando que México es un país de alta sismicidad.
El magistrado de circuito en materia penal, Ricardo Paredes Calderón, afirmó que el proyecto de reforma fortalece el juicio de amparo; sin embargo, consideró que no se debía limitar el interés legítimo ni incluir requisitos adicionales para la procedencia de la suspensión, ya que eso representaría un retroceso en perjuicio de los gobernados y podría facilitar violaciones de derechos humanos y tratados internacionales por parte de las autoridades.
El académico de la UNAM, César Silva Mejía, sostuvo que, aunque la reforma no perjudica los derechos humanos de los gobernados, sí revierte el “enriquecimiento desmedido” de unos pocos bajo normas “ad hoc”, lo que explica por qué los empresarios son los primeros en quejarse de la propuesta presidencial.
RAA