México.- Con registros de aduanas, puertos y geolocalización de buques una red de contrabando de combustibles operó entre Estados Unidos y México. Entre junio de 2023 y abril de 2024, la organización realizó al menos 69 operaciones en los puertos de Altamira y Tampico, introduciendo de forma ilegal millones de litros de gasolina y diésel.
Así lo reveló el diario El País al documentar el caso emblemático del buque Nord Supreme, que entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2024 viajó cuatro veces desde Houston a Altamira.
En sus documentos aparecían aditivos para lubricantes, pero en realidad transportaba combustible refinado. Según El País, en esos trayectos movió 18 millones de litros. La misma ruta fue replicada por barcos como el Seaways Jeju y el Mtm Hamburg.
Los responsables y el mecanismo
La investigación de El País atribuye la coordinación de la red a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante de la Marina, familiares del entonces secretario de la institución, José Rafael Ojeda Durán.
El 7 de septiembre de 2024, las autoridades informaron sobre la detención de 14 personas relacionadas con el esquema, en lo que calificaron como el mayor golpe al huachicol fiscal. El mecanismo de fraude se basaba en el uso de la fracción arancelaria 38112107, correspondiente a aditivos para aceites lubricantes, libres de IEPS.
Con este recurso se disfrazaban cargamentos de gasolina y diésel, que sí deben cubrir ese impuesto bajo códigos distintos. El País cita a verificadores aduanales que explicaron cómo personal de áreas clave participaba para garantizar el paso de los buques.
Los registros muestran que la mayoría de embarcaciones cargaban en el Greens Port de la empresa Watco, en Houston, y en menor medida en Beaumont. En México, los puntos de descarga eran siempre los mismos: la aduana de Altamira y los muelles 7 y 8 de Tampico.
En 65 de los 69 envíos analizados por El País, la exportadora fue Ikon Midstream LLC, mientras que las importadoras mexicanas estaban radicadas en Monterrey.
Según la investigación, las empresas B-Match SA de CV, Azteca Cone SA de CV e Intanza SA de CV estuvieron detrás de la mayoría de importaciones. Todas comparten socios y domicilio fiscal en Monterrey.
La agencia naviera encargada de gestionar los barcos fue siempre Altamaritima SA de CV, lo que confirma la repetición de actores y rutas. Esta consistencia en los registros permitió a El País trazar la magnitud de la operación.
La logística incluía la llamada “libre plática”, cuando las autoridades de migración, sanidad y aduanas suben al barco antes de atracar. En teoría, verifican la carga, pero en estos casos la complicidad de áreas como informática, contabilidad y operación aduanera aseguraba que los pedimentos se validaran sin obstáculos.
El País también documentó que se necesitaba la colaboración de responsables de cámaras de seguridad y directivos de aduanas.
La magnitud del contrabando
De acuerdo con los cálculos presentados por El País, en las 69 operaciones documentadas se introdujeron a México al menos 564 millones de litros de combustibles, con ganancias estimadas en 3,000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares). Estos beneficios provinieron de la evasión del IEPS gracias al uso de fracciones arancelarias incorrectas.
La dimensión de este esquema coincide con las estimaciones de la consultora Petro Intelligence, que en 2024 reportó la presencia de 18,000 millones de litros de combustibles ilegales en el mercado mexicano. La cifra equivale al 30% del volumen total vendido en gasolineras, lo que representa un daño fiscal cercano a 6,200 millones de dólares, según los cálculos de la consultora.
Los datos publicados por El País también revelan que las importaciones atípicas de aditivos para aceites lubricantes crecieron de manera paralela al contrabando detectado. Este disfraz contable permitió enmascarar grandes volúmenes de gasolina y diésel que ingresaban sin pagar impuestos, replicando un patrón ya observado desde que las aduanas pasaron a control militar.
Otro hito clave descrito por El País fue el decomiso del buque Challenge Procyon en marzo de 2024. El operativo permitió a las autoridades identificar con mayor claridad la forma en que funcionaba la red. La investigación apunta que el hallazgo marcó el inicio de un proceso de desmantelamiento de la organización encabezada por los Farías Laguna.
En total, El País detalla que los buques involucrados siguieron las mismas rutas, usaron los mismos puertos de carga y descarga y repitieron las mismas empresas exportadoras, importadoras y navieras. La consistencia de estas operaciones permitió rastrear el fraude y dimensionar un esquema que movilizó cientos de millones de litros de combustible en menos de un año.
DAR