Irapuato, Guanajuato.- La abogada Cristina Guzmán Ornelas, quien compitió como Jueza en Funciones y resultó ganadora en la elección judicial el 1 de junio, como la mejor votada con 95 mil votos 577 mil sufragios, cuestionó que no se le permitiera seguir al frente del Juzgado Décimo de Distrito, en Irapuato, donde despachaba.
Asimismo, exhibió la formación de quien se quedará en su lugar: Salvador Ramírez Argote.
Ya están las adscripciones como la cereza del pastel de este desmantelamiento al Poder Judicial”, posteó en sus redes sociales.
“Fui adscrita al Juzgado Auxiliar con sede en Guanajuato capital. No me dejaron en el juzgado Décimo de Distrito en Guanajuato, del cual era titular y que pedí para dar continuidad a mi trabajo, como proponía la reforma”, publicó la jueza.
Ese juzgado fue asignado a una persona de nuevo ingreso. Se trata de Salvador Ramírez Argote, de quien la jueza compartió su perfil profesional.
Ramírez Argote tiene experiencia como columnista de diferentes medios de comunicación, regidor del PRI en León, asesor jurídico del congreso, secretario particular de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, profesor de preescolar, educación especial y primaria.
También, profesor de la carrera de derecho en la Universidad de León (UDL), y en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencia y Arte. Profesor en la maestría de Desarrollo Docente, en la Universidad de Guanajuato (UG); profesor de primaria, y director en las escuelas primarias Vanguardia José María Morelos y actualmente de la escuela Filomeno Mata.
De último momento
Salvador Ramírez Argote recibió de último momento la constancia de mayoría que lo acredita como juez federal, tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aunque inicialmente no fue declarado ganador en la elección del 1 de junio, logró revertir el resultado mediante una impugnación que modificó el cómputo oficial.
El 21 de agosto, Ramírez Argote anunció, a través de un video en su cuenta de Facebook, que el Tribunal Electoral lo había reconocido como vencedor en la elección de juez mixto federal.
Ramírez había sido postulado por el Poder Ejecutivo en el Distrito 1, pero en el cómputo oficial quedó en tercer lugar, detrás de José Manuel Sánchez Acosta y Gustavo Erick Prieto, quienes obtuvieron 32 mil 938 y 32 mil 896 votos, respectivamente.
El priista impugnó 62 casillas, aunque solo dos fueron anuladas. Con ello, la Sala Superior recalculó los resultados y lo colocó en segundo lugar con 32 mil 770 votos, mientras que Prieto descendió al tercero con 32 mil 757 votos, lo que lo dejó sin cargo.
La sentencia ordenó al INE entregar la constancia de mayoría a Salvador Ramírez y realizar los actos correspondientes conforme al nuevo resultado.
Impacto en el Poder Judicial Federal de Guanajuato
La reciente reforma judicial ha tenido un impacto significativo en el Poder Judicial de Guanajuato, con la elección popular de jueces y magistrados que comenzó el 1 de septiembre. Esta reforma ha provocado un cambio drástico en el estado, donde varios jueces y magistrados de carrera con más de 20 años de experiencia decidieron no participar en la elección, renunciaron o se jubilaron anticipadamente. Esto ha generado una escasez de personal capacitado, lo que ha dejado varias plazas vacantes o ocupadas por interinos en el estado, afectando la estabilidad y el funcionamiento del sistema judicial local.
De los 46 jueces y magistrados federales que operaban en Guanajuato, 14 terminaron funciones el 31 de agosto debido al sorteo realizado por el Senado en octubre de 2024. Entre ellos, 9 magistrados civiles decidieron no participar en la elección judicial y 7 optaron por jubilarse antes de la reforma. Este éxodo ha dejado un vacío importante en el Poder Judicial, especialmente en los tribunales más experimentados, lo que impacta negativamente en la resolución de casos.
Además, aunque la reforma prometía democratizar el sistema judicial, muchos en Guanajuato expresan preocupación sobre la politización de la justicia, ya que algunos de los nuevos jueces y magistrados fueron electos a través de un proceso que no contó con una amplia participación popular. Los abogados locales advierten que esto podría comprometer la imparcialidad y la independencia judicial, ya que los nuevos jueces podrían sentirse presionados por los intereses políticos para tomar decisiones favorables al gobierno.
La falta de nombramientos definitivos y el establecimiento de interinatos también han generado incertidumbre en el sistema judicial de Guanajuato. A pesar de que algunos de los nuevos jueces tienen experiencia en el ámbito judicial, la transición ha sido complicada, con varios puestos sin ocupación fija. Esta situación afecta la capacidad del Poder Judicial para manejar el creciente volumen de casos, lo que ya se refleja en un rezago histórico de expedientes pendientes en los tribunales.
A nivel personal, varios jueces y magistrados que dejaron sus puestos en Guanajuato expresaron su frustración con la reforma, considerando que esta los despoja de su independencia y les impide impartir justicia de acuerdo con sus principios y convicciones. Algunos, como la jueza Reyna Rodríguez, decidieron retirarse con dignidad, denunciando que la reforma busca controlar el Poder Judicial y socavar la justicia independiente, lo que ha generado un sentimiento de enojo y tristeza entre quienes se ven obligados a abandonar el sistema judicial por motivos políticos.
DAR