Guanajuato.- Pese a que, de 340 anexos que operan en la entidad solamente cuatro están certificados por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), no ha existido empatía con la iniciativa que presentó la bancada del PRI en el Congreso local para regular los centros de rehabilitación.
De al menos nueve entes públicos a quienes se solicitó opinión, además de los 46 Ayuntamientos, solamente lo hicieron dos: la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) y la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, del propio Congreso Local, ambos de manera extemporánea.
El trámite legislativo que ha seguido esta iniciativa, es que una vez presentada el 23 de marzo de 2025, se radicó el 8 de mayo en la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
Las dependencias a las que se pidió opinión e hicieron caso omiso son las secretarías de Salud, de Finanzas, y del Nuevo Comienzo, el Instituto de Desarrollo y Atención de Juventudes, el DIF estatal, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, así como los ayuntamientos del estado.
Consultado al respecto, el diputado Alejandro Arias Ávila, coordinador de la bancada priista, afirmó que “todas las propuestas que el PRI ha hecho son en función de la problemática social que se presenta”.
No obstante “siguen sucediendo casos como los que estamos viendo, y no es que en el PRI tengamos el hilo negro pero sí cuando menos la percepción y el “feeling” social de lo que está pasando en la ciudadanía”, dijo.
Apuntó que probablemente la iniciativa pueda tener deficiencias, pero que resulta necesario discutirla porque es una problemática vigente.
Afirmó que aunque pudiera tener modificaciones, el asunto es una respuesta a la demanda ciudadana.
¿Qué plantea la propuesta del PRI?
La bancada del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa de Ley con la finalidad de combatir la proliferación irregular de los anexos, así como las violaciones a derechos humanos que se pudieran presentar al interior.
El diputado Alejandro Arias planteó que hoy Guanajuato tiene un reto importante para combatir las adicciones, y evitar que las juventudes en esta situación sean cooptadas por los grupos delictivos.
En las motivaciones de su propuesta destacan las consecuencias de la falta de regulación normativa de los anexos y recordó que “son constantes las noticias, información y quejas” a partir de la anarquía y abusos que suelen imperar en los anexos”.
Arias Ávila se refirió concretamente a voces de alerta sobre “deficiencias de infraestructura, ausencia de higiene, alimentación inadecuada, carencia de personal profesional, cuotas excesivas, hacinamiento, maltratos, violencia y violaciones constantes a derechos humanos”.
Por lo anterior, urgió a contar con un cuerpo normativo para que el estado, a través de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), regule los anexos y, con apoyo de los municipios, tome el control de esos espacios.
JRL