Guanajuato.- El fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, reconoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha cometido errores graves en la entrega de cuerpos a familiares de personas desaparecidas. Aseguró que ya se trabaja en mecanismos para evitar que estos casos se repitan.
La declaración se dio a raíz del caso de Dulce Alejandra Marmolejo, cuyo cuerpo fue exhumado cinco años después de haber sido sepultado junto con restos de otras personas, lo que generó desconfianza entre colectivos de búsqueda hacia la labor de la FGE.
Cuestionado al respecto, Vázquez Alatriste aceptó que existen errores documentados desde la administración del exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre, atribuidos a la falta de protocolos adecuados.
Es gravísimo que eso haya ocurrido. Yo no puedo decir ‘eso no fue en mis tiempos’. No puedo esperarme a que sean mis tiempos, hay que ir trabajando para que eso no suceda nunca más”, afirmó el fiscal.
Detalló que actualmente se aplica un protocolo de entrega digna de restos, mediante el cual el cuerpo es entregado a los familiares en un plazo no mayor a 24 horas después de ser recogido por el Ministerio Público, sin importar la ubicación del destinatario.
Además, el procedimiento incluye la emisión de una boleta de investigación con un código QR, que permite a los familiares consultar en línea el estado del proceso: desde la recolección, preparación, emisión del certificado de necropsia, hasta su disponibilidad para entrega.
“La persona no necesita ir al Ministerio Público ni al SEMEFO. Desde la boleta de inicio puede comunicarse y decir: ‘mi padre, mi hermano, mi familiar vivía donde sea, ¿Santa Catarina?’, y ahí se le lleva, gratuito además”, declaró Vázquez Alatriste.
El caso de Dulce Marmolejo
La Fiscalía General del Estado exhumó recientemente los restos de Dulce Alejandra Marmolejo López, cinco años después de haber sido entregados a su familia, al detectar posibles restos de otras personas en la misma sepultura. El colectivo Hasta Encontrarte denunció el caso como un acto de negligencia, omisión y revictimización institucional, señalando: “La revictimización de las autoridades no tiene límites. A cinco años de enterrar el cuerpo de su hija, la Fiscalía le llama para decir que en los restos humanos que le entregaron puede haber otras personas sin identificar”.
En un mensaje difundido por el colectivo, la madre de Dulce expresó su dolor:
Le lloré a mi hija el día de su desaparición […] y a sus hijos los llevé a esa tumba a llorar la muerte de su madre”. Al enterarse de la exhumación, añadió: “Ayer, la Fiscalía sacó ese cuerpo porque me dicen que, por un error, tal vez al cuerpo sin vida al que le lloré cinco años no es el de mi hija”.
El caso generó amplia indignación en redes sociales y fue respaldado por Amnistía Internacional México, que denunció:
“Esta es una nueva muestra de negligencia institucional y revictimización, que pone en duda la dignidad de las entregas, la certeza forense y el derecho a la verdad”.
El caso de Issac Aarón Zacarías Valdés
El 22 de julio de 2025, se confirmó la identidad de Issac Aarón Zacarías Valdés, joven desaparecido en marzo de 2021 en Irapuato. Aunque fue localizado sin vida dos días después de su desaparición, su cuerpo permaneció sin identificar durante cuatro años y cuatro meses en el panteón forense de la Fiscalía General del Estado. La noticia fue difundida por el colectivo “Una Luz en mi Camino”, que denunció:
“Sin embargo nos encontramos indignados porque Issac se encontró dos días después de su desaparición y estaba en el panteón forense de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía lo tenía y hasta el día de ayer lo entregaron”.
La fundadora del colectivo, Norma Patricia Barrón, advirtió que hay otros casos similares en los que cuerpos fueron localizados pero entregados años después o incluso mezclados con restos de otras personas:
“Ya hemos tenido el caso de un cuerpo que se ha entregado en su totalidad, pero con partes de otro cuerpo”.
Frente a esta situación, expresó: “Tendremos que buscar nosotros a nuestros familiares en el panteón forense”.
Además, el colectivo enfrenta obstáculos para acceder a carpetas de investigación que han solicitado desde hace tres meses:
“Nos dicen que por el sigilo de la información, que no tienen hojas, que no hay copiadoras […] seguimos en la vulneración de los derechos humanos de las familias”.
En respuesta, la Fiscalía informó que la identificación de Issac fue realizada mediante lofoscopia y que se hizo la notificación y entrega conforme a procedimientos del Banco Estatal de Datos. También afirmó contar con registros y herramientas más ágiles y científicamente validadas para las confrontas de identidad.
DAR