Expertos divididos sobre la reforma a la Ley de Amparo. Unos la ven como un retroceso que limita la suspensión y el interés legítimo; otros, como el fin del abuso en juicios contra obra pública. Foto: Agencia Reforma.
Con información de Silvia Millán.
Guanajuato.- La reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Congreso Federal, fue calificada como un “retroceso para los derechos humanos” en México por el abogado constitucionalista Martín Ortiz García. El jurista afirmó que la iniciativa busca otorgarle “más poder al poder” y afectará a los ciudadanos que consideren que sus derechos son vulnerados por un acto, omisión o ley de autoridad.
Ortiz García detalló que la modificación legal establece nuevas hipótesis que restringen a los jueces la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado mientras se resuelve el juicio de fondo. Además, advirtió que la nueva normativa exigirá un perjuicio actual y directo para solicitar el amparo, lo que podría resultar en el desecho de demandas promovidas por asociaciones civiles en defensa de derechos difusos.
En contraste, el abogado Paulino Lorea Hernández defendió la reforma argumentando que está orientada a disminuir el “abuso del juicio de amparo” en el país. Lorea citó como ejemplo casos de obras de interés público entorpecidas, como el Bulevar de la Libertad, cuya construcción fue retrasada por un amparo que calificó de “caprichoso y especulativo”.
Empresarios y activistas calificaron la reforma como un retroceso a la democracia y una pérdida de garantías para los ciudadanos. En este contexto, la empresaria Helen Anaya y Marta Sahagún solicitaron a la ciudadanía manifestar su oposición por las vías legales y no permanecer indiferentes.
La aprobación en el Senado consumó la reforma, en medio de la controversia por la reincorporación de un transitorio de retroactividad que, según la Oposición, permanece y podría impactar el cobro de créditos fiscales.
Un retroceso
La reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso para los derechos humanos en México, al ser una iniciativa “para darle más poder al poder“, afirmó el abogado constitucionalista Martín Ortiz García.
El jurista enfatizó que la reforma afectará a todos los ciudadanos y grupos sociales que consideren que una ley, acto u omisión de autoridad viola sus derechos.
Martín Ortiz García. Foto: Especial.
Es un retroceso, pero ¿a quién afecta esta Ley de Amparo? A esos ciudadanos que sientan que la autoridad ha actuado violando sus derechos humanos, es a quien habrá de afectar esta ley que endurece la figura del amparo”, enfatizó Ortiz.
El abogado señaló que se trata de “una ley que busca darle más poder al Poder y menos derechos a los ciudadanos” y que, además, “estrecha la puerta de entrada para el amparo y restringe figuras como la suspensión del acto reclamado”.
Restricción de la suspensión y el interés legítimo
Ortiz explicó que con la reforma hay nuevas hipótesis en las que los jueces no podrán suspender el acto que el ciudadano combate mientras se resuelve el juicio de fondo, lo que limita el otorgamiento de esa suspensión.
Advirtió que la reforma a la Ley de Amparo terminará aplicándose en perjuicio del ciudadano común, recordando la vieja frase: “las leyes endurecidas son como las telarañas, porque dejan ir a los grandes y fuertes, y atrapan a los pequeños y débiles”.
Respecto al interés legítimo y los derechos difusos, el jurista advirtió que la nueva ley exigirá que quien solicite el amparo sufra un perjuicio actual y directo.
Esto, dijo, podría provocar el desecho de muchas demandas de amparo promovidas por asociaciones civiles o colectivos que defienden derechos humanos, al considerar que no hay afectación directa al organismo.
Como ejemplo, señaló que un juez podría desechar la demanda de una asociación civil que busca proteger una región de la contaminación, al argumentar que a la asociación misma “no le genera ningún daño actual y directo”.
Abogados defienden que la reforma anula el “abuso”
Por su parte, el abogado Paulino Lorea Hernández consideró que la reforma marca aspectos encaminados a disminuir, o incluso anular, el abuso del juicio de amparo.
Como ejemplo, mencionó que la construcción del Bulevar de la Libertad, que conecta Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende, quedó pendiente en un tramo de pocos kilómetros debido precisamente a un juicio de amparo con suspensión.
Paulino Lorea Hernández. Foto: Especial.
Ese juicio de amparo retrasó y entorpeció la obra durante tres años; fue muy caprichoso y especulativo, para obtener una mayor cantidad de dinero por el terreno afectado”, argumentó Lorea Hernández.
Afirmó que no puede mantenerse esa situación en obras de indudable interés público, sentenciando que “hay despachos de abogados que hicieron un verdadero negocio con esos amparos y en contubernio con personal corrupto de los juzgados federales”.
A su juicio, esta reforma debe acabar con esos excesos. “Cada obra pública que sea entorpecida por esos juicios de amparo, si no hay una lesión o afectación directa y arbitraria al ciudadano, debe ser prioritaria… y garantizar el valor estimado de la indemnización, pero no suspender la obra”, apuntó.
Piden reacción
La modificación a la Ley de Amparo representa un retroceso para la democracia y quita garantías tanto a empresarios como a ciudadanos, así lo calificó la empresaria Helen Anaya San Román, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) zona centro.
Helen Anaya San Román. Foto: Silvia Millán.
Cualquier persona tiene derecho a ampararse ante una situación que no sea justa para él… Con esta nueva ley estamos ahora en una total indefensión”, señaló Anaya, advirtiendo que la medida afectará más al ciudadano común que a los grandes empresarios.
Marta Sahagún afirmó que existen leyes con dedicatorias especiales y llamó a los ciudadanos a no permanecer indiferentes ante decisiones que los afectan.
“Lo que no se vale es que nos quedemos quietos, nos quedemos callados, ante una realidad que no solamente no nos gusta, sino que además nos lastima”, expresó, pidiendo a la ciudadanía manifestar su oposición por las vías legales.
Consuman Ley de Amparo con retroactividad
El Senado consumó la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, a pesar de las críticas de la Oposición, que acusan que la ley se debilita en perjuicio de ciudadanos y colectivos. La polémica central de la reforma es la incorporación de un artículo transitorio en la Cámara de Diputados que, según la Oposición, mantiene la retroactividad de la ley de forma “simulada” o “maquillada”.
La Oposición argumentó que esta retroactividad permite al Gobierno de la 4T cobrar créditos fiscales pendientes que ascienden a los dos billones de pesos, afectando juicios en curso. Senadores como Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN) calificaron la acción como “gatopardismo”—hacer cambios para que todo siga igual—y un intento de “engañar” al negar que la ley sea retroactiva.
En defensa de la reforma, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) aseguró que la intención nunca fue la retroactividad y que los derechos adquiridos de los ciudadanos están a salvo. Afirmó que el texto fue “perfeccionado” para mantener el espíritu de que el amparo “sirva verdaderamente al pueblo y no sea un instrumento de abuso o de evasión de quienes buscan torcer la ley“.
