Guanajuato.- La diputada María Eugenia García Oliveros, del grupo parlamentario de Morena, presentó una nueva iniciativa ante el Congreso local para reformar la Constitución y el Código Penal del Estado. El objetivo principal de la propuesta es despenalizar la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación.
La legisladora, al hacer uso de la tribuna, aseguró que esta propuesta se presentará las veces que sean necesarias, argumentando que el derecho a decidir, aunque complejo por sus implicaciones filosóficas y religiosas, ha sido jurídicamente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Implicaciones de la propuesta de reforma
La iniciativa busca transformar la regulación del aborto en Guanajuato de un modelo de penalización absoluta a un modelo de plazos, alineándose con las decisiones del máximo tribunal mexicano.
La propuesta de Morena plantea los siguientes cambios en el Código Penal:
Argumentos a Favor: Derechos Humanos y fallo de la SCJN
La diputada García Oliveros destacó que la falta de acceso al aborto en Guanajuato legal y seguro constituye una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, afectando negativamente sus oportunidades de vida.
Recordó que las resoluciones de la SCJN obligan a “todas y todos los jueces, incluidos los de Guanajuato, a considerar que son inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta”. Esto incluye los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación.
La legisladora concluyó que, de aprobarse la reforma, se dará un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente su derecho a decidir y a la igualdad sustantiva.
Emplaza PJ a Libia y al Congreso justificar por qué mantener penalización del aborto
El Poder Judicial Federal admitió una demanda de activistas a favor del aborto y emplazó al Congreso del Estado, y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a justificar, en un lapso de 3 días, las razones para sostener la improcedencia del juicio de amparo y, además, argumentar por qué mantener la penalización del aborto en la entidad.
Recuerdan que el pasado 5 de junio después de una vergonzosa sesión donde las disputadas y diputados se negaron a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, demandamos al Congreso del Estado por no despenalizar el aborto en Guanajuato”, dijo Nayeli Tello, integrante de la Red de Acompañantes de León.
Agregó que les fue notificada la admisión de la demanda, donde se aplaza al Congreso y a la gobernadora para contestar, y señalar las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio de amparo.
Se investiga más aborto que feminicidios
Según cifras del SESNSP, la Fiscalía de Guanajuato ha priorizado la investigación del delito de aborto por encima del feminicidio. Entre 2019 y abril de 2025, se abrieron 150 carpetas de investigación por aborto, superando las 138 carpetas iniciadas por feminicidio en el mismo lapso. Esta tendencia se mantuvo en el inicio de 2025, confirmando la desproporción en el enfoque institucional.
Esta prioridad fue duramente criticada por legisladores de oposición y activistas, quienes señalaron que Guanajuato es, a su vez, líder nacional en homicidios dolosos de mujeres. Se argumentó que el Estado está invirtiendo recursos en investigar un tipo penal que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, en lugar de enfocarse en combatir la violencia letal que afecta al género.
Los críticos calificaron la criminalización del aborto como un “capricho” que ejerce violencia institucional y persecución contra las mujeres. Activistas feministas añadieron que el hecho de que no haya mujeres encarceladas por aborto en la entidad es mérito de la sociedad civil y las redes de acompañamiento, y no de la voluntad de las autoridades.
AAK