Guanajuato.- Las últimas cuatro recomendaciones estatales de derechos humanos han sido contra elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), las más reciente fueron por la entrega del cuerpo de una víctima sin avisar a sus familiares directos, que ya habían insistido en el trámite.
Los hijos de la víctima realizaron insistentes gestiones para que la FGE le entregara el cuerpo sin tener resultado. La FGE entregó más tarde el cuerpo a un tío que logró acreditarse como hermano sin avisarles directamente y sin que este tuviera injerencia en el proceso.
Esta recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), referencia al expediente 0002/2024, contra trabajadores adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) y agentes del Ministerio Público de la FGE, quienes no le informaron a la familia cuándo y a quién le entregaron el cuerpo de su papá y dónde se encontraba.
Aunque no se hacen públicos los nombres (por protección de datos personales de las víctimas y también de los funcionarios, por la naturaleza del trabajo de estos últimos), se indica que la queja procedió contra los MP, aunque se desestimó la que iba contra personal del Semefo.
Los afectados informaron que supieron del fallecimiento de su padre el 30 de diciembre de 2023, por lo que fueron a la agencia del Ministerio Público 9 (en León), donde se les otorgó una orden para la entrega del cuerpo firmada por la empleada 1 de la FGE.
Sin embargo, al acudir al Semefo de Guanajuato capital para la entrega, les informaron que el cuerpo ya había sido entregado a otras personas, además de que le negaron información de cuándo, y a quién se había entregado, ni sabían dónde estaban los restos.
En su defensa, la empleada 1 afirma que inició la carpeta de investigación por el fallecimiento del papá el 29 de diciembre de 2023 y al día siguiente dejó esa carpeta de investigación al empleado 2, para que continuara con las diligencias, por lo que este entrevistó a un hermano de la persona fallecida y a su esposa, quienes identificaron su cuerpo y al ser familiares, les otorgaron oficios para la entrega correspondiente.
Por su parte, la empleada 1, el primero de enero de 2024, realizó el mismo procedimiento con los hijos (personas quejosas) señalando la necesidad de ir a Guanajuato a recoger el cuerpo, y que poco después, ese mismo día, recibió una llamada telefónica del personal de Semefo, informando que el día 30 de diciembre, el cuerpo en cuestión ya había sido entregado a un familiar directo (el tío de los quejosos).
El empleado 2, en su informe ante Prodheg, detalló que al entrevistar al hermano del fallecido y a su esposa, él se identificó como familiar directo y manifestó que no se tenía comunicación con los hijos de su hermano ni sabían dónde localizarlos, por lo que se les concedió la devolución del cuerpo.
El análisis de la Procuraduría evidenció fallas en el sistema de registro interno de la fiscalía, Empleada 1 se justificó diciendo “fue debido a la carga de trabajo que se tuvo en dicho turno”.
La Prodheg también ubicó a quién se le entregó el cuerpo y dónde lo habían enterrado (fue en el Panteón Municipal Norte de León), y acreditó irregularidades en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que, concluyó, Empleada 1 y Empleado 2 omitieron salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas quejosas, a quienes se reconoció el carácter de víctimas directas.
La queja fue dirigida a la persona titular de la Fiscalía Regional “A”.
Las otras tres quejas recientes contra la Fiscalía Estatal fueron:
- La 2106/2024 por archivar la investigación por el homicidio de dos jóvenes, el 13 de agosto de 2022, sin avisar a sus familiares
- La 1968/2024 por omitir realizar actos de investigación por otro homicidio, cometido el 9 de septiembre de 2022
- La 0655/2023 por una denuncia de acoso laboral contra el Coordinador del Servicio Médico Forense, de la FGE, todo lo cual fue acreditado
En todos los casos, la Prodheg pide se inicie una investigación formal, con el objetivo de deslindar responsabilidades.
Crisis forense en Guanajuato
En Guanajuato persiste una crisis forense agravada por el rezago en la identificación de cuerpos. La Fiscalía General del Estado difundió recientemente los datos de 103 personas fallecidas sin identificar —60 con fotografía y 43 sin ella—, en un intento por facilitar la localización de familiares. Sin embargo, según la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF), en total hay 974 cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal, además de 12 ya identificados pero no reclamados.
El académico Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León, estima que la cifra real podría alcanzar mil 800 cuerpos, considerando los que se encuentran en panteones municipales o fosas comunes, donde no existe claridad en los registros.
En julio de 2025, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó un plan de acción forense basado en inteligencia artificial, reconstrucción facial y protocolos dignos, para acelerar la identificación. El nuevo fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, implementó una plataforma digital donde se muestran fotografías y descripciones de los cuerpos, convirtiendo a Guanajuato en el primer estado del país en publicar un catálogo público de este tipo.
Aun así, expertos y activistas consideran la medida insuficiente. El defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, advirtió que la estrategia podría tener un tinte político y no exime a la Fiscalía de su responsabilidad por los casi mil cuerpos sin identificar y la falta de un plan forense integral. Señaló además que la publicación de 60 casos apenas representa una fracción mínima del problema.
El contexto estatal refleja un panorama más amplio: entre 2020 y 2025 se han registrado más de 3,500 personas desaparecidas en Guanajuato, aunque los colectivos estiman que la cifra real supera 4,800 casos.
En este escenario, colectivos de búsqueda como Hasta Encontrarte y A tu Encuentro celebraron la reciente renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a quien acusaban de frenar las acciones de búsqueda y carecer de experiencia. Las voceras Bibiana Mendoza y otras integrantes exigieron que el nuevo nombramiento sea de una persona con conocimiento técnico y sensibilidad hacia las familias.
Mientras tanto, la crisis de desapariciones y el rezago en la identificación forense continúan siendo uno de los principales desafíos de derechos humanos en Guanajuato, donde la demanda de verdad y justicia sigue creciendo.
DAR