Guanajuato.- El juez penal federal Efraín Frausto Pérez otorgó 15 días adicionales a la Fiscalía General de la República (FGR) para concluir la investigación contra tres agentes del Ministerio Público Federal imputados por el presunto delito de “incurrir en ventaja indebida” al no atender una denuncia por presuntas irregularidades en la asignación de contratos en el Hospital Regional del ISSSTE en León.
El cierre de la investigación quedó fijado para el 27 de agosto, en lugar del 23 de julio, y la prórroga se contó a partir del martes 12, a petición de la Fiscalía.
El juez también declinó la competencia y turnó nuevamente el caso a Aguascalientes para que continúe la etapa intermedia, decisión que ya había tomado anteriormente. La audiencia se realizó este martes, con AM como único medio presente.
Antecedentes del caso
AM publicó el 9 de julio que, en la audiencia del día anterior, el mismo juez vinculó a proceso a los tres agentes federales por “incurrir en ventaja indebida”. La acusación se debe a que, el 25 de noviembre de 2024, resolvieron no ejercitar acción penal por una denuncia presentada el 8 de noviembre de ese año por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual directora del ISSSTE en León, sobre presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Gabriel Cortés Alcalá, hoy Secretario de Salud estatal.
El juez determinó que los agentes tomaron esa decisión sin aportar pruebas. Una de las imputadas argumentó que “no tenían suficientes datos de prueba”.
Solicitud de prórroga y desacuerdos
En la audiencia de este martes, la representante de la FGR solicitó un mes más para realizar entrevistas en ocho domicilios relacionados con empresas y contratos señalados en la denuncia, debido a que el ISSSTE informó que dichas empresas son inexistentes. También busca que la perito en Contabilidad concluya su dictamen.
El juez precisó: “Aquí no se están tratando los contratos ni su cuantificación, eso es materia de la denuncia principal”.
Los defensores públicos de dos de los agentes no aceptaron un mes de prórroga y propusieron solo 15 días, al considerar que las diligencias solicitadas no están relacionadas con los hechos que se abordan en el presente caso. El abogado del tercer imputado no se opuso, pero afirmó que “los actos de investigación son totalmente impertinentes”.
Acciones pendientes y objeciones
Una defensora pública acusó a la Fiscalía de omitir dos acciones solicitadas: buscar en el sistema Justicianet la apertura de la carpeta de investigación y autorizar la inspección en ventanilla única de los registros de entradas y salidas. La representante de la FGR respondió que no las negó, sino que eran solicitudes ambiguas.
Sobre el traslado del caso a Aguascalientes, los defensores pidieron que permanezca en Guanajuato por accesibilidad a los imputados y por una apelación pendiente, pero el juez mantuvo su decisión.
Debate por notificaciones
La FGR también señaló un incidente de nulidad por notificaciones supuestamente hechas por personal no autorizado. Sin embargo, el juez concluyó que la notificación fue legal:
Ya abrieron la notificación del correo, a partir de esta fecha la recibieron, no pueden decir que no. (…) Si hay constancia de que lo recibieron, no pueden decir que no fueron notificados”.
Aun así, se espera lo que determine el Tribunal de Apelación sobre este recurso.
DAR