Ciudad de México.- Los montos multimillonarios relacionados con la instalación y operación de sistemas de seguridad, como los gestionados por Seguritech en Guanajuato, deben ser investigados por las instancias correspondientes y generar resultados, pues no se justifican por sí solos, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Afirmó estar a favor del uso de tecnología para prevenir, investigar y sancionar la criminalidad, pero advirtió que, por sí solas, las cámaras de vigilancia de un C5 no son efectivas si no están respaldadas por trabajo de inteligencia e investigación.
“Los sistemas de cámaras ayudan mucho a la política de seguridad. Por un lado, son persuasivas; cuando hay una cámara es como si hubiera la presencia de un elemento que vigila de manera remota”, explicó. Sin embargo, subrayó la importancia del uso adecuado de estos sistemas: “¿Quién está viendo las cámaras? ¿Cómo debe operar cuando se presenta un acto delictivo o para prevenirlos?”, cuestionó.
Advirtió que debe evitarse que estos sistemas se conviertan en un negocio. Cuando se utilizan recursos federales, la instancia encargada de revisar su aplicación es la Auditoría Superior de la Federación.
La nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad incluye la supervisión. Cuando se usan recursos federales, evidentemente entra la propia Auditoría Superior de la Federación”, reiteró.
Criticó que “se hizo mucho negocio con los llamados C2, C3, C4, C5, dependiendo de las atribuciones”. También señaló que “es falso que con tener un C5 se resuelva el problema de seguridad. Hay que ver el uso que se les da a las cámaras, tanto para la prevención como para la persecución del delito y las investigaciones de inteligencia”.
Las declaraciones de la mandataria se dieron durante la conferencia mañanera de este viernes, un día antes de su visita a Guanajuato y Querétaro, entidades que también tienen contratos con la empresa Seguritech.
En el caso de Guanajuato, el denominado “Sistema Estatal de Tecnologías para la Seguridad”, recientemente habilitado por el gobierno estatal para difundir información sobre Seguritech, indica que se han firmado tres contratos y dos ampliaciones que suman un monto total aproximado de 12 mil 124 millones de pesos.
El primero fue firmado en diciembre de 2012, durante la administración de Miguel Márquez, por poco más de 2 mil 700 millones de pesos como parte del llamado Programa Escudo; tuvo una ampliación en 2018 por 275 millones. Otro contrato se celebró en abril de 2019, ya con Diego Sinhue Rodríguez como gobernador, por 3 mil 658 millones, con una ampliación en 2024 por 744 millones. El más cuantioso fue suscrito en mayo de 2025 bajo el mandato de Libia García, por 4 mil 719 millones de pesos.
Según Sheinbaum, “estos montos multimillonarios relacionados con la instalación de estos centros de monitoreo tienen que investigarse, porque no son justificables”.
Recalcó que, si se utiliza presupuesto público federal, proveniente de los fondos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe ser revisado.
“Pero no solo hay que revisar la correcta aplicación de los recursos públicos. También qué impacto han tenido sobre la seguridad. Lo repito: es bueno que haya cámaras, que se usen bien los C5, pero que no sean solamente las cámaras, sino todo lo que va acompañado”, concluyó.
Aún hay más
Además de los contratos por 12 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado otorgó a la empresa Seguritech Privada S.A de C.V. entre 2012 y 2025, al menos otros 11 municipios contrataron a esta empresa en los últimos nueve años.
AM solicitó a través de la Ley de Transparencia a los 46 municipios de Guanajuato copia de los contratos firmados con Seguritech; en respuesta, los gobiernos de León, Purísima, San Felipe, Salvatierra, San José Iturbide y Cortazar entregaron versiones públicas de dichos contratos, que en total suman alrededor de 390 millones de pesos.
Sin embargo, bajo el argumento de que la información que contienen los contratos pone en riesgo la seguridad de los municipios, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Apaseo El Grande e Irapuato respondieron que tenían contratos pero no los entregaron y fueron clasificados como reservados.
Otros 32 municipios indicaron que no tenían contratos y tres no respondieron a la solicitud, en estos últimos se incluye al municipio de Celaya a cargo del morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez que manifestó no entender a la solicitud de información.
El gobierno municipal de Guanajuato capital, que preside la panista Samantha Smith Salas respondió a la solicitud de información que el simple hecho de informar si tenían o no contratos con la empresa Seguritech ponía en riesgo la seguridad de ese municipio.
Dada la naturaleza y alcances de los datos de interés del solicitante, se concluye que el solo pronunciamiento, sobre la existencia o inexistencia de la información requerida en la solicitud registrada… constituye información reservada”, indicó en su respuesta el municipio.
León entregó un contrato de 2023 por 43 millones de pesos por la adquisición de arcos carreteros de seguridad; Purísima del Rincón entregó un contrato firmado en agosto de 2024 por 130 millones de pesos por el “Proyecto Integral de Implementación Tecnológica de Seguridad Pública para el Municipio”.
De los seis municipios que proporcionaron información, el contrato más cuantioso es el de Cortazar, firmado en el 2023 durante la administración de Ariel Corona Rodríguez por el servicio de “Solución Tecnológica de Seguridad Municipio de Cortazar, GTO”.
¿Comparecencia en puerta?
Legisladores de distintas bancadas del Congreso local se pronunciaron a favor de transparentar los resultados entregados por la empresa Seguritech, tras los contratos por 12 mil millones de pesos otorgados durante los gobiernos de Miguel Márquez, Diego Sinhue y ahora Libia García Muñoz Ledo.
La bancada de Morena, a través del diputado Carlos Abraham Ramos, reiteró su exigencia de que comparezca el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, al considerar que “es la única persona que nos puede dar detalle de los movimientos que se realizaron durante el sexenio anterior y lo que se está haciendo ahorita”.
Por su parte, la diputada Jared González Márquez dejó entrever que el PAN también estaría a favor de una eventual comparecencia del funcionario. El diputado Juan Carlos Romero Hicks consideró que se debe hacer una evaluación integral, debido al monto involucrado.
Los resultados tendremos que verlos, y tenemos que conocer el programa, y un programa bien hecho debe incluir los indicadores cualitativos y cuantitativos para su propia evaluación, no tengo la información a la mano, pero sí llama la atención y considero que sí debe de revisarse porque evidentemente todo el dinero público hay que transparentarlo y todos los programas deben de tener indicadores de evaluación”, expresó.
Agregó que los municipios que mantienen contratos con Seguritech también deben realizar un ejercicio de transparencia.
JB