Guanajuato.- Cada peso del recurso otorgado a las organizaciones civiles mediante el Fidesseg contó, en todo momento, con la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso, donde participan representantes del Gobierno del Estado (con voz y voto de calidad), y representantes de los aportantes (solo con voz y voto) advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León.
Esto, luego de conocerse que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) encontró observaciones no solventadas en su revisión.
El CCE también aseguró que no le fueron notificados formalmente los resultados de esta auditoría al Fidesseg, los cuales fueron ya entregados al Congreso del Estado.
Esta falta de notificación, afirmó el consejo empresarial en un comunicado de prensa, le llevó a recurrir al juzgado federal décimo segundo para señalar “una violación al debido proceso”, pues no se garantizó el derecho de audiencia para que pudiera conocer y solventar oportunamente las observaciones que hubieran surgido.
Que dicho juzgado concedió una suspensión provisional el miércoles, un día antes de la entrega del informe de la Comisión de Hacienda y Fiscalización al pleno del Congreso.
La ausencia de este procedimiento pone en duda la objetividad del proceso y puede interpretarse como una estrategia dirigida a desprestigiar un modelo que ha demostrado resultados positivos y que cuenta con una estructura colegiada de toma de decisiones”, afirmó el CCE.
El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg) fue creado en 2019 y era financiado con un porcentaje del Impuesto Sobre Nóminas. La auditoría fue sobre el periodo 2020-2024, año en que la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo decretó su extinción, proceso que no ha quedado firme.
El consejo empresarial declinó profundizar sobre los hallazgos, observaciones o conclusiones del informe presentado por la ASEG, “hasta no tener acceso pleno a la información, respetando los principios de legalidad, equidad y derecho de defensa”.
Aclaró que siempre se respetaron las normas y reglas de operación establecidas por el gobierno del Estado, sin embargo, se tiene un compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
“Si se llegara a identificar alguna conducta indebida o uso incorrecto de los recursos, deberá de aplicarse la normatividad correspondiente basada en las reglas de operación” establecidas, respetando el debido proceso, el derecho de audiencia para solventarlas y evitar “juicios sumarios y anticipados que vulneren el honor y la labor de quienes han trabajado de manera comprometida y con vocación social en beneficio de los más vulnerables”.
El CCE exhortó a autoridades, partidos políticos e instituciones a actuar con objetividad y a no guiarse por intereses particulares sino defender la correcta aplicación de los recursos públicos con corresponsabilidad social.
Gobierno autorizó todo: León Agradecido
Guillermo Rapp Fragoso, presidente de la fundación “León Agradecido“, comentó a AM que en el caso de esta Asociación Civil, les informaron que sus proyectos presentaron inconsistencias jurídicas y operativas graves al haber sido aprobado algo que era atribución en materia de seguridad pública exclusiva del municipio.
Específicamente, la ASEG indicó que cuatro de sus 20 observaciones general se trataban de proyectos autorizados a León Agradecido AC: la Observación 003 sobre el proyecto CTFIDESSEG 01/05.06.2024; Observación 016, proyecto CTFIDESSEG 30/11.07.2023; Observación 017, proyecto CTFIDESSEG 18/23.05.2024 y Observación 018, proyecto CTFIDESSEG 43/25.08.2022.
No obstante, Guillermo Rapp argumentó que toda asignación de recursos pasaba por el Comité Técnico, del cual formaba parte el mismo Secretario de Seguridad Pública del Estado en aquel entonces, Alvar Cabeza de Vaca.
Comentó que en muchas ocasiones, León Agradecido entregó resultados muy superiores a la meta del proyecto, es decir, que recibían dinero para cierto número de casetas o bicicletas para policías y la asociación. Mediante negociaciones, entregaba más productos o materiales de lo pactado.
Ustedes (AM) cubrieron la nota el año pasado: Entregamos 19 casetas móviles, sin embargo, recibimos fondos para 13. Sí, nosotros negociamos con proveedores y buscamos siempre el recurso, pues entendemos que, en materia de seguridad, las necesidades son todas y los recursos son bien limitados”.
Misma situación ocurrió, dijo, con la entrega de 200 bicicletas, cuando los fondos eran para 100; o el de las motocicletas, los recursos eran para 50, y aseguró, entregaron 65. Proyectos que le presentaron en su momento a la fundación Actuando por Guanajuato, con toda la documentación necesaria.
Detalló otros proyectos: El de los 47 puntos de monitoría inteligente, los postes con las cámaras distribuidas por la ciudad, con los que C4 puede hacer seguimiento a los reportes, donde se recibieron fondos para 40 postes y entregaron 47; en ese mismo proyecto hubo 64 cámaras lectoras de placas de vehículos, las primeras dentro de la ciudad, porque las otras solo están en los arcos carreteros.
Otro proyecto “observado”, dijo, fue el equipamiento (con mesas y sillas, videoproyectores, bocinas) para la Academia Metropolitana de Policía, con la entrega en comodato de una ambulancia (pues la Federación pide, por protocolo, para las prácticas de tiro) o el gimnasio.
“A nivel constitucional, el derecho a la seguridad pública, conforme al artículo 21 Constitucional, en su inciso D, establece la correcta y legal participación ciudadana. Entonces, es completamente incongruente ¿no? El mismo Fideicomiso lo autoriza y después nos dicen que como asociación civil no tendríamos por qué participar en materia de seguridad pública, puesto que es algo atañible, exclusivamente, a funciones del municipio. Entonces, (las observaciones de la ASEG) no hacen ningún sentido”.
No obstante, aseguró que esperarán a que se resuelva el procedimiento de la suspensión provisional otorgada por un juez.
AAK