Uriangato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal debe pagar más de 2 millones de pesos por perder un juicio sobre la legítima propiedad del terreno donde se ubica el rastro municipal, el proceso de escrituración se inició en 2020.
Aunque los documentos presentados se señalaron como irregulares y un juez los desechó, en un juicio que se extendió hasta agosto del 2022, cuando se dictó sentencia definitiva contra el municipio y a favor de los demandantes, una familia de cinco personas.
En una sesión de Ayuntamiento se acordó que se fincarán responsabilidades contra exfuncionarios que no hayan hecho su trabajo como debieron. Nos apoyaremos con la contraloría, porque no contamos con el recurso para pagar los dos millones y los costos del juicio”, comentó Martha Ortega, síndico Municipal.
Según los expedientes, el rastro fue vendido al Municipio en un acuerdo de palabra, pero nunca hubo un recibo, por lo que las instalaciones se construyeron y la administración echó a andar estas acciones, pero sin escrituras, señalando que actuaron de buena fe.
Los ciudadanos Ma. Guadalupe Balcázar Pizano y sus hijos Gustavo, Alejandro, Marcela y Claudia Librada, de apellidos Baeza Balcázar, ganaron el juicio de legitima posesión del terreno, valuado en 2 millones de pesos, y con construcción de 4 millones más, puesto que presentaron testimoniales y herencia certificada de ser los dueños.
Esto no fue un problema de escriturar, había un problema anterior con CONAGUA que nos quería clausurar; yo contaba con un equipo jurídico que se encargaba de todas estas cuestiones, yo di la firma, pero después se cayó el juicio, luego vino un proceso de entrega recepción y ahí me quedé”, expresó Viviana Arreola, actual regidora por el PVEM y que fungió como Síndico Municipal de Uriangato en la administración 2018-2021 del PRI.
La mandataria aceptó que en ese tiempo, y con el proyecto de escrituración, ella era la representante legal del Municipio, por lo que aceptó que, en dado caso de que se finquen responsabilidades, ella aceptará las consecuencias.
Martha Ortega, actual síndico, señaló que no busca señalar culpables, sino darle fin al asunto, pues el alcalde Juan Carlos Martínez Calderón indicó que se encuentra en disposición de pagar los dos millones, destacando que ya se tiene contacto con los demandantes y se intentó pagar en diversas exhibiciones, pero no aceptaron.
La sentencia es definitiva y tenemos que pagar, entonces, también estamos viendo si a la familia se le entrega un terreno a nombre del Municipio que a ellos les guste y que no afecte a espacios públicos de la ciudadanía, con Tesorería sobre cómo le podemos hacer para pagar en un solo pago, lo cierto es que la familia exige el dinero”, concluyó Ortega.
AAK