Guanajuato, Guanajuato.- La jueza Karla Macías Lovera envió una carta a la Universidad de Guanajuato (UG) para inconformarse de que, después de 8 años dando clases en la división de Derecho, la Universidad decidió, de manera arbitraria, quitarle sus clases.
Esto generó inconformidad de alumnos y profesores, quienes se han expresado en redes sociales.
Quienes la conocemos o hemos tomado clase con ella sabemos que es una excelente profesora y una excelente persona. No podemos permitir que algo así suceda”, cita uno de los mensajes a través de WhatsApp.
Se trata de una jueza que ha dictado decisiones polémicas, como ordenar una disculpa pública de la Sedena por la desaparición y asesinato de un joven en Irapuato.
Al respecto, la UG a través de su oficina de Comunicación Social, informó que se trata de un cargo honorífico, es decir, que no tiene contrato, y que la decisión obedeció a un tema meramente académico.
Se inconforma jueza
En una carta enviada a Susana Martínez Nava, directora del departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, la jueza Karla Macías se inconformó con el trato recibido.
En la misiva, contó que fue a través de una llamada de Luis Ángel López Miranda, en la cual, por instrucciones de la directora, le informó que no impartirá más la asignatura de Control de Convencionalidad y Derechos Humanos, ya que a partir del próximo semestre habrá sólo dos grupos y no tres como hasta ahora.
La Juez argumentó que, desde hace ocho años, comenzó a impartir esa clase de manera honoraria, donde ha cumplido sus deberes académicos con entusiasmo y dedicación.
Y he recibido mucho más a cambio; en las aulas de la Universidad de Guanajuato he conocido a estudiantes valerosos y comprometidos que me han hecho profundizar en mis conocimientos y reflexionar”, expresó la jueza.
Ignoró las razones de la decisión pero enfatizó que tiene derecho a conocerlas, acorde con el artículo 6, fracción VI, del Reglamento de la Universidad, que dispone que es derecho del profesorado ser evaluado de manera justa y objetiva conforme a la normativa universitaria y tomando en cuenta el desempeño mostrado a lo largo de su trayectoria docente.
Hago notar que el único argumento expuesto para la conclusión de mi actividad docente es contrario al actuar precedente de la institución, pues durante ocho años de servicio impartí la asignatura cuando solo había dos grupos, como sucederá el próximo semestre e, incluso, fui invitada a dar clase en el tercer grupo cuando éste se abrió, lo cual decliné por cargas de trabajo”, apuntó.
A Karla Macias Lovera le pareció una falta de respeto, contraria a los principios del Código de Ética de la Universidad, que, a través de una llamada telefónica, se dé por concluida su actividad docente.
“Es mi deber exigir razones, porque los alumnos y alumnas de esta casa de estudios me han enseñado, de manera ejemplar, a actuar en contra de la arbitrariedad. No reclamo una plaza, solo la oportunidad de compartir conocimientos y experiencia con las y los alumnos; ése es mi único interés”, puntualizó.
¿Qué solicita la jueza?
Primero: Se reconsidere a la brevedad la decisión y se le permita continuar impartiendo clase de manera honoraria en uno de los dos grupos del próximo semestre.
Segundo: Se hagan explícitas y públicas las razones de la decisión que se adopte, y se le comuniquen por escrito.
Sentencias relevantes de Karla Macías
Terrorismo de estado
La jueza Karla Macías Lovera clasificó como terrorismo de Estado, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, originario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, campesino, luchador social y compositor de corridos en los que denunciaba las injusticias sociales de la época.
Fue detenido arbitrariamente en un retén militar el 25 de agosto de 1974 en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, desde entonces se desconoce su paradero.
Cincuenta años después, el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, a cargo de Karla Macías, emitió la sentencia bajo el número de amparo 565/2018, donde en una decisión histórica, resuelve que la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla a manos del Ejército fue parte de una estrategia elaborada y ejecutada desde las Fuerzas Armadas y el propio Poder Ejecutivo federal, con el objetivo de generar terror generalizado en la población en el estado de Guerrero e inhibir la protesta social.
Reactivación del Fidesseg
Karla Macías Lovera también resolvió, a finales de marzo de este año, la reactivación inmediata del Comité Técnico del Fidesseg con el fin de reanudar la operación del fideicomiso que tenía el propósito de apoyar proyectos a favor de la seguridad y el desarrollo social.
Esto como parte del cumplimiento de la suspensión definitiva concedida el 21 de diciembre con relación a una de las demandas de amparo que buscan revertir el decreto de extinción del fideicomiso que fue publicado el 23 de octubre de 2024.
Derivado de la suspensión judicial, el Poder Ejecutivo informó que transfirió 188 millones de pesos a la cuenta del Fideicomiso, en tanto que la Secretaría de Finanzas abrió una cuenta bancaria específica para la recepción de 1 mil 490 millones de pesos provenientes de la reversión parcial de recursos del fideicomiso.
La jueza sostuvo que los 188 millones deben destinarse a proyectos de desarrollo social y seguridad pública ejecutados por organizaciones de la sociedad civil bajo criterios de transparencia, impacto social y equidad.
AAK