Guanajuato, Guanajuato.- Ambientalistas de Acción Colectivo Ambientalista y Colibríes Guanajuato reiteran su señalamiento hacia el exalcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, por su responsabilidad en el desarrollo ilegal de “La Cucursola”. Niegan que se trate de un golpeteo político y aseguran que su lucha busca garantizar el respeto y preservación de las áreas naturales protegidas de Guanajuato capital.
Los activistas sostienen que tanto Navarro Saldaña como Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DMAOT), autorizaron permisos indebidos para el desarrollo y presentaron documentación respaldatoria. Ante la amenaza de Navarro de demandarlos por difamación, respondieron que “lo haga, pero con un delito que sí sea sancionado por la ley”.
Insisten en que todos los permisos vinculados a este desarrollo son ilegales y atribuyen responsabilidad compartida a funcionarios municipales, estatales y federales, quienes aparecen en los documentos que integran el expediente de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Su objetivo: que se respete y conserve la sierra como área protegida.
El activista Gustavo Lozano señaló: “El fraccionamiento La Cucursola solo ha sido posible gracias a la protección institucional que recibieron desde las administraciones municipales encabezadas por Navarro Saldaña y Delgado Zárate. En lugar de defender el interés público, facilitaron permisos que consolidan un proyecto ilegal y ponen en riesgo una de las regiones ecológicas más valiosas del estado.”
Refirieron que el reciente cateo realizado confirma las irregularidades de la empresa Lomas de Irapuato S.A. de C.V. y su administrador único, Sergio Fernando Ascencio Barba, quien en 2022 anunció la venta completa de los 40 lotes del fraccionamiento, pese a carecer de permisos legales para fraccionar y vender, lo cual podría constituir un fraude con intervención de notarios.
La evidencia documental es clara. Durante las administraciones (2018–2024) de Alejandro Navarro se otorgaron los permisos y autorizaciones que hicieron posible el proyecto, entre ellos: licencia de urbanización, uso de suelo, autorización de impacto ambiental y permiso de venta, todos sin contar con las autorizaciones federales”, apuntó el activista al expresar el posicionamiento compartido con ambos colectivos antes referidos.
Criticaron la inacción de PROFEPA y PAOT, al no analizar el caso a detalle ni emitir resoluciones firmes. Aunque PAOT impuso una multa de 135?929 pesos el 28 de noviembre de 2024 (expediente PJA-067/24B), no se establecieron consecuencias legales para los funcionarios que permitieron el proyecto, ni fueron presentadas denuncias ante el Ministerio Público o los órganos de control internos.
Finalmente, reiteraron que bajo la administración de Navarro (2018–2024) se otorgaron permisos de urbanización, uso de suelo, impacto ambiental y venta sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) ni el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) emitidos por SEMARNAT, lo cual convierte esos actos en ilegales. Afirmaron que operar sin esos documentos implica dolo.
Justicia ambiental, no simulación institucional
El activista Gustavo Lozano afirmó que el caso del fraccionamiento La Cucursola evidencia “una forma sistemática de simulación institucional, donde la ley se manipula para proteger intereses privados y se utiliza el aparato gubernamental como escudo frente a la exigencia ciudadana de justicia ambiental”.
Destacó que, frente a este panorama, la intervención de la FGR representa una oportunidad para que los delitos ambientales no queden impunes, y tanto autoridades como particulares rindan cuentas ante la ley.
Ante ello, los colectivos ambientales exhortaron a las autoridades estatales y federales a ordenar la clausura definitiva del fraccionamiento La Cucursola, aplicar sanciones a los funcionarios responsables y disponer la restauración ecológica del predio afectado.
DAR