Guanajuato capital.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble en el Fraccionamiento La Cucursola, Sierra de Santa Rosa, por un presunto delito contra la biodiversidad.
Agentes de la FGR, en compañía de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), ingresaron este miércoles por la mañana a las inmediaciones del fraccionamiento campestre para realizar un cateo. Horas después, los agentes extrajeron cactáceas del lugar y colocaron sellos de clausura en ambos accesos. Se ha iniciado una investigación.
El fraccionamiento de siete hectáreas es propiedad de Loma de Irapuato, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Sergio Fernando Ascencio Barba, exdiputado del Partido Acción Nacional. Este obtuvo permisos de construcción municipales para edificar 49 viviendas.
Desde su construcción, el fraccionamiento ha sido objeto de atención por parte de ambientalistas debido a la ausencia de un permiso federal de cambio de uso de suelo, ya que la zona está catalogada como forestal. A pesar de denuncias previas de Acción Colectiva y de opositores locales, el desarrollo del fraccionamiento continuó.
El cateo se deriva de una denuncia penal presentada por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el 9 de febrero de 2023. La denuncia acusa la probable comisión de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previstos en el Código Penal Federal, contra la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. y su administrador Sergio Ascencio Barba.
También se interpuso una denuncia contra el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña y Juan Carlos Delgado Zárate, entonces titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del mismo municipio, por la responsabilidad en los permisos de construcción.
Reacciona colectivo tras denuncia contra La Cucursola
La denuncia penal está relacionada con la construcción del fraccionamiento La Curcusola en terrenos forestales sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental expedida por SEMARNAT ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo a lo que establece y exige el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los artículos 14 fracción XI, 68 fracción I y 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como por la expedición indebida de autorizaciones municipales que permitieron el desarrollo del proyecto en contravención a la legislación ambiental aplicable”, se lee en el comunicado de la asociación Acción Colectiva y Movimiento Colibríes tras el cateo.
Por su parte, la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez se pronunció a favor de que se aplique la ley contra quien resulte responsable. También manifestó que estaría de acuerdo con la clausura de La Cucursola, si así lo determina la autoridad.
“Soy la primera interesada en el cuidado del medio ambiente y es parte de mi congruencia. Que se tomen las averiguaciones necesarias, que se tomen todos los recursos necesarios para que se respete de una vez por todas los espacios donde sí se puede construir y donde no con todo el peso de la ley”, comentó la alcaldesa.
¿Clausura posible?
El pasado 28 de febrero, el director del IMPLAN en Guanajuato, Juan Carlos Delgado Zárate, descartó la clausura del fraccionamiento La Cucursola, tras un exhorto del diputado Ernesto Millán, quien denunció presunta falta de permisos y actos de corrupción en su construcción.
Delgado afirmó que existen permisos desde antes de 2019 para 69 lotes, cambio de uso de suelo forestal y un convenio de uso de agua con el comité de Santa Rosa. Posteriormente, se autorizó una relotificación para 47 lotes.
Según Delgado, durante su gestión se otorgaron los permisos de urbanización, construcción y venta correspondientes, con respaldo en oficios de instancias estatales y federales incluidos en el expediente del fraccionamiento.
El diputado Millán señaló que La Cucursola no cuenta con permisos estatales ni federales. La Secretaría de Medio Ambiente estatal y la Semarnat confirmaron que no otorgaron autorización. La Fiscalía mantiene abierta una investigación.
Por su parte, la alcaldesa Samantha Smith indicó un día antes que los permisos fueron otorgados entre 2012 y 2015, en administraciones anteriores, y respaldó que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para esclarecer cualquier posible irregularidad.
“La mayor parte de los permisos relacionados con este desarrollo fueron emitidos entre 2012 y 2015, por lo que este es un tema que si efectivamente involucra decisiones tomadas en administraciones anteriores, también que las autoridades correspondientes estarán llevando a cabo investigaciones y serán ellos los que determinen el camino a seguir”, indicó Smith en aquella ocasión.
El 25 de marzo de 2025, durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), Karina Padilla, evitó responder los cuestionamientos de la diputada Plásida Calzada sobre presuntas irregularidades en el fraccionamiento La Cucursola.
Calzada señaló que el desarrollo se construyó y vendió sin contar previamente con autorización en materia de impacto ambiental, y que en las irregularidades estarían involucradas autoridades municipales y estatales de administraciones anteriores.
La diputada recordó que la PAOT multó en noviembre de 2024 a la empresa Loma de Irapuato SA de CV con 135 mil 929 pesos. Sin embargo, acusó que el organismo no aplicó otras sanciones previstas en el Código Territorial ni se pronunció sobre la responsabilidad de servidores públicos.
Ante la presión, Karina Padilla respondió que el procedimiento administrativo concluyó con la suspensión total del fraccionamiento el 13 de noviembre de 2023, y que la multa fue por realizar obras sin permisos ni autorizaciones ambientales.
Añadió que el 12 de agosto de 2024 se solicitó un estudio técnico justificativo al responsable del proyecto. No especificó el avance de las investigaciones ni las medidas para resarcir el daño ambiental.
AM / HLL
