Guanajuato, Guanajuato.– Tras el cateo realizado al predio conocido como Cucursola, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se está a la espera de los resultados del procedimiento y de los bienes asegurados, para dar continuidad a la investigación por delitos contra la biodiversidad. La indagatoria se dirige contra quien resulte responsable, señalaron autoridades federales.
El proceso deriva de una denuncia penal interpuesta en 2023 por la asociación ambientalista Acción Colectiva Socioambiental A.C., de acuerdo con un comunicado difundido por esta organización, en el que también se hace referencia al colectivo Movimiento Colibríes Guanajuato.
En dicho comunicado se indica que la denuncia fue presentada por la probable comisión de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previstos en el Código Penal Federal, y va dirigida contra la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. y su administrador único, el exdiputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba, así como contra Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces presidente municipal de Guanajuato, y Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la capital.
Alejandro Navarro responde: “No he sido notificado ni investigado”
Al respecto, a través de su página personal de Facebook, Alejandro Navarro emitió un posicionamiento en el que aseguró que no está siendo investigado ni ha sido notificado por algún delito relacionado con los señalamientos mencionados por los colectivos.
“Lo que hicieron estos grupos al difundir un comunicado confuso, mezclando indebidamente la labor de la Fiscalía General de la República con acusaciones directas y mi nombre, no solo es una mentira: es una grave irresponsabilidad que raya en el delito penal”, se lee en la publicación de Navarro.
Agregó que:
“Están engañando deliberadamente a la gente y a algunos medios de comunicación con fines que, lejos de ser un activismo legítimo, parecen responder a intereses de golpeteo político. Eso no es activismo: es difamación”.
Asimismo, apuntó que:
Presentar una denuncia no convierte a nadie en culpable. Cualquiera puede inventar denuncias sin pruebas, pero eso no les da derecho a manchar mi nombre ni el trabajo que, desde que fui electo diputado local, he hecho con total transparencia y responsabilidad, siempre apegados a la ley”.
Y añadió:
“Mi trayectoria es pública y siempre me he conducido con apego a la legalidad y la ética. No me gustan los pleitos ni los dimes y diretes, pero sí sé defenderme cuando la verdad y mi honor están de por medio”.
Finalmente, concluyó:
“Informo que, ante esta campaña de desinformación y difamación, procederé por la vía legal con toda firmeza y sin miedo, para salvaguardar mi honor y la verdad. Aunque a algunos les incomode que se diga la verdad, mi compromiso es con la justicia y la claridad”.
La publicación:
FGR aún no llega a la etapa de notificación por el caso Cucursola
Consultada por AM, la FGR señaló que el caso aún se encuentra en etapa de integración de pruebas y que no ha emitido notificación ni citatorio alguno a personas físicas o morales mencionadas en la denuncia.
La Fiscalía detalló que la notificación solo procederá una vez que se obtenga el resultado del cateo, se determine el valor legal de los bienes asegurados y se adjunten a la carpeta de investigación. Hasta entonces, se evaluará si existen elementos suficientes para avanzar hacia notificaciones formales.
Asimismo, la FGR indicó que los representantes legales del inmueble pueden presentarse voluntariamente a solicitar información, sin que esto implique que hayan sido requeridos oficialmente.
Investigación por irregularidades en La Cucursola
Este miércoles 30 de julio, la Fiscalía General de la República aseguró el fraccionamiento La Cucursola, en la Sierra de Santa Rosa, tras un cateo en el que se retiraron especies protegidas y se colocaron sellos de clausura. El predio, de siete hectáreas, pertenece a la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V., cuyo representante es el exdiputado Sergio Ascencio Barba.
La acción deriva de una denuncia presentada en 2023 por Acción Colectiva, que acusa delitos ambientales por construir sin autorización de impacto ambiental ni estudio técnico de cambio de uso de suelo. También se denuncia a exfuncionarios municipales por otorgar permisos contrarios a la legislación ambiental vigente.
La alcaldesa Samantha Smith respaldó la clausura si se acredita responsabilidad, mientras que el exdirector del IMPLAN, Juan Carlos Delgado, aseguró que el fraccionamiento contaba con permisos estatales y federales previos a 2019. Sin embargo, Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente estatal lo desmintieron.
El Congreso local también abordó el caso. La diputada Plásida Calzada acusó omisiones de la PAOT, que impuso una multa en 2024 por obras sin permisos, pero evitó sancionar a funcionarios involucrados. La PAOT confirmó la suspensión total del fraccionamiento desde noviembre de 2023.
Aún se investigan las posibles responsabilidades. La FGR no ha emitido notificaciones formales, pero mantiene abierta la carpeta por presuntos delitos ambientales. La legalidad del desarrollo y los permisos otorgados sigue bajo escrutinio de autoridades estatales y federales. (Ver nota).
DAR