A un año de la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, activistas denuncian falta de reuniones de evaluación y persisten feminicidios sin respuesta oficial. Foto: Gerardo García.

Guanajuato.- Hoy, 25 de septiembre, se cumple el primer año de que se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 17 municipios de Guanajuato, sin que se haya realizado ni una vez alguna reunión de evaluación por parte del Gobierno federal con el Gobierno estatal.

Así lo advirtieron Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y la activista Iovana Rocha, una de las impulsoras de esta alerta.

Es importante señalar que la declaratoria la realizó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); sin embargo, esta instancia fue reemplazada por la Secretaría de las Mujeres (federal), la cual entró en funciones el 1 de enero de 2025.

Se cumple 1 año y las realidades cotidianas que viven en su contra las mujeres, permanecen. Teníamos una esperanza muy legítima de que este ejercicio de declaratoria fue una oportunidad para todas y para todos de poder revertir la realidad de Guanajuato. En un ejercicio de simulación esto no va a ser posible”, afirmó Iovana Rocha.

La activista alertó: “No hemos sido convocados por autoridades federales como grupo de trabajo. Estamos a la espera, según se nos ha indicado (por el Gobierno federal), no va a concluir este año sin que hayamos sido convocados. Eso nos confirmó la compañera que fue designada por la Secretaría de las Mujeres para dar seguimiento a los trabajos”.

En dicha reunión se buscará revisar la metodología y evaluar lo que el Gobierno del Estado y los municipios orientados van a presentar como acreditables de cumplimiento.

Por su parte, la directora del OCNF, Luz Estrada, afirmó que a través de este organismo se han acompañado las Alertas de Género en los estados mediante la vía de amparo y haciendo recomendaciones para que mejoren las medidas de protección, las alertas, así como el Comité para eliminar todas las formas de discriminación.

Que, aunque en varias ocasiones se solicitó la Alerta de Violencia de Género para el estado, se desdeñaba afirmando que la situación iba mejorando, hasta que fue evidente que no era así.

“Recuerdo el caso de una joven en Guanajuato (Abril Guadalupe, asesinada en febrero de 2023), a quien ya no le quisieron dar las medidas de protección y acabó siendo quemada”, presuntamente por su pareja, a quien había denunciado previamente por violencia.

Abril Guadalupe fue asesinada en febrero de 2023. Foto: Archivo

“El estado de indefensión (de las mujeres) es clave en Guanajuato (…) Si las autoridades no tienen una perspectiva, si no está capacitada realmente la Fiscalía especializada en delitos de género, pueden tener el nombre, pero siguen investigando sin perspectiva y nunca van a entender que las mujeres estaban en situaciones de vulnerabilidad, porque si les dieron alcohol o alguna droga acaban responsabilizándolas”.

A ello hay que sumar la mentalidad conservadora de una parte de la sociedad y, por lo tanto, de las autoridades, lo que merma las hipótesis de las investigaciones.

Luz Estrada. Foto: Cortesía.

Luz Estrada urgió a Guanajuato a crear una política adecuada de prevención del delito criminal que proteja a las mujeres y a evaluar adecuadamente las capacitaciones con indicadores de resultados previstos por la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

Defienden la alerta

La activista Iovana Rocha señaló que un importante número de mujeres feministas, integrantes de organizaciones sociales y colectivas, consideran que, si bien el Gobierno federal ha decidido una serie de ajustes, la alerta como mecanismo tiene que mantenerse, pues ha resultado útil para los estados.

Un ejemplo de ello, dijo, es el Estado de México, una de las entidades donde mayor tiempo lleva declarada la alerta.

Los cambios que ha habido no se explican sin estas exigencias de política extraordinaria que determina una alerta, pues los gobiernos en general no realizan modificaciones activas a la política de acceso a la justicia de las mujeres de manera voluntaria y, aun así, las realidades nos rebasan”.

Advirtió que colegas en otras entidades con alerta de violencia de género, como Tlaxcala, les han informado que tampoco se han reunido con el Gobierno federal, pero que el gobierno de su estado sí les ha hecho llegar los avances de lo que se ha hecho, aunque no están reunidas como grupo de trabajo. A diferencia de lo que ocurre en Guanajuato, que al parecer están esperando a ser convocados por la federación.

Esto, a pesar de que tanto ella como la académica Guadalupe Fernández manifestaron su disposición de dar seguimiento a los trabajos.

Reconoció que cuando finalmente sean convocadas “tendremos que hacer una lectura tremenda de lo que se presume se ha hecho este año”.

Incluso comentó que este 25 de septiembre se conmemora el 18 aniversario de la instauración de este mecanismo (la Alerta de Violencia de Género) y habrá un encuentro virtual de compañeras en los 26 estados donde se ha declarado el procedimiento.

“En el caso de Guanajuato yo comentaré los intentos previos que hubo, comentaré cómo fue el logro de la declaratoria y también pondré en la mesa la preocupación de este letargo para dar el seguimiento”, especialmente en los casos recientes de feminicidio.

Pero que la revictimización y la lentitud de los casos alcanzan todo el aparato gubernamental.

En su caso, acompaña la denuncia administrativa de una presunta víctima de despido injustificado en la Secretaría de la Honestidad, la cual cumple ya un año sin tener siquiera respuesta de dicha instancia. ¿Qué se puede esperar de la vía penal?, lamentó.

“Para quienes pensaron que la tarjeta rosa iba a ser la panacea, se equivocaron. Y los dos casos (de feminicidio reciente), el de Maricruz y el de la compañera de Acámbaro (lo evidencian). Que hoy tú puedas ser agredida de muerte por divorciarte, nos sitúa en hace 50 años.

“A la compañera (la expareja) la agredió porque pudo agredirla, ella no tuvo garantías, no hubo un análisis de la violencia que atravesaba, no tuvo un acompañamiento de las instituciones. (En cuanto a Maricruz), era una mujer con discapacidad con todas las vulnerabilidades que esto representa”.

Y advirtió: no hubo ninguna declaración de alguna autoridad estatal ni municipal.

Sobre la Alerta, afirmó que tiene que haber indicadores de gestión e indicadores de resultados.

DAR

 

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