Guanajuato.- En México y en el estado de Guanajuato en particular, buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo que puede poner en peligro la vida.
La organización Amnistía Internacional México presentó su Informe “Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, el cual expone con base en sus testimonios lo que las buscadoras viven.
Según datos públicos se han registrado sobre 30 asesinatos de familiares y allegados de personas desaparecidas de febrero de 2011 a mayo de 2025. De estos, 16 se cometieron contra mujeres (once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista). Los estados donde ocurrieron más asesinatos son Guanajuato (tres), Jalisco (dos), Sinaloa (dos) y Sonora (dos). Sin embargo, las cifras podrían ser mayores debido a que algunas familias tienen miedo de denunciar.
Los tres casos que el reporte retoma de Guanajuato son:
– 2020 (14 de octubre): Rosario Zavala Aguilar. En León.
-2022 (6 de noviembre): María del Carmen Vázquez Ramírez. En Abasolo.
-2023 (2 de mayo): Teresa Magueyal Ramírez. En Celaya.
“Todos estos crímenes siguen impunes”, cita otro pronunciamiento publicado el 12 de junio por la organización Artículo 19, con las firmas de decenas de colectivos de personas buscadoras y buscadores independientes, después de que el día 9 de junio un grupo armado se llevara de su domicilio, en Irapuato, al padre buscador José Francisco Arias Mendoza, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte”.
Los asesinatos habrían ocurrido en el marco de labores de búsqueda, después de denunciar sufrir amenazas, ya sea públicamente o ante autoridades, después del hallazgo de fosas, de la identificación o detención de probables responsables o de denuncias públicas de omisiones institucionales respecto a la búsqueda.
Por ejemplo, los asesinos de Rosario Zavala dejaron una cartulina cerca de su cuerpo que hacía referencia a que la habían agredido por “hablar demasiado”.
En cuanto a desapariciones de buscadoras, el Informe destaca el caso de Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca, Guanajuato, en 2024, tras el ingreso de un comando armado en su domicilio en donde asesinaron a su esposo y a su hijo.
Se mencionan tres casos de mujeres buscadoras que fueron desaparecidas y posteriormente localizadas con vida: Lucero Berenice Romo, desaparecida por 24 horas en Jalisco en 2024; Yesenia Guadalupe Durazo Costa, desaparecida en 2023 en Sonora y localizada cuatro días después y Catalina Vargas, desaparecida en 2023 en León, por una semana después de haber vivido diversas amenazas.
Según el informe de Amnistía Internacional, el 14% (94 mujeres) reportaron haber sido víctimas de lesiones o ataques físicos, el 10% (66) mencionaron haber sufrido tortura y el 6% (39) secuestro. Otra violencia que tuvo un porcentaje muy alto (39% o 261) fue la extorsión. Y de manera alarmante, 206 buscadoras (31%) mencionaron haber identificado prácticas de corrupción.
Mencionaron que personas desconocidas marcan a sus teléfonos y les piden dinero para liberar a sus familiares desaparecidos. Estas llamadas son dolorosas para ellas porque les dan esperanzas falsas. Al menos tres mujeres narraron que depositaron el dinero que les solicitaban, endeudándose sin que pudieran encontrar a sus hijos.
El Informe incluye el testimonio de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Además Amnistía Internacional sostuvo reuniones con diversas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. Adicionalmente, se reunió con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (mecanismo federal) y con autoridades de las entidades federativas de Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Y realizaron diversas solicitudes de información a nivel federal y estatal.
El 97% (535) de las buscadoras que contestaron el cuestionario señalaron haber enfrentado diversas violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
“A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos.
“Estas omisiones del Estado no solo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
Criminalización de la protesta
En el apartado de “Criminalización de la Protesta”, el Informe expone el caso del colectivo guanajuatense “Hasta Encontrarte”, cuya manifestación en contra de la designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas el 10 de julio del 2020 en la glorieta Santa Fe, en Guanajuato capital, terminó con un despliegue de 141 agentes estatales y la detención de tres mujeres buscadoras (Karla Verónica Martínez, Olimpia Montoya Juárez y Verónica Durán Lara), a una activista (María del Carmen Ramírez) y a un representante de la CNDH.
Verónica perdió su empleo tras ser detenida por participar en la protesta pacífica.
Tenía cinco años laborando en esa empresa. Me habló el patrón y me dijo que no quería que yo anduviera metida en esas cosas, que dejara de buscar a mi hijo o que dejara el trabajo. Yo le respondí que no iba a dejar de buscar a mi hijo jamás. Él sólo se esperó 10 días y me dijo que realmente ya no me necesitaba y, pues, se me vinieron muchas cosas abajo.
“Ya no había gasolina para salir a buscar a mi hijo. Duré casi un año y medio sin luz, sin agua, a veces sin comer. Ese año fue muy muy difícil, no me gustaba decirles a las personas ‘no tengo [dinero], tengo hambre, no tengo gas’”, compartió.
La protección federal
El mecanismo federal ha incorporado a 330 personas buscadoras de personas desaparecidas; 27% (88) hombres y 73% (242) mujeres. Asimismo, ha incorporado a 134 colectivos de personas buscadoras de diversas entidades federativas, destacando Michoacán (15), Guanajuato (14), Veracruz (12), Baja California (11), Tamaulipas (11), Jalisco (10), Sonora (9), Estado de México (9) y Guerrero (9).
En su análisis, la principal agresión identificada es amenazas, seguidas del seguimiento y/o vigilancia, posteriormente las agresiones físicas, después la privación de la vida de familiares o colaboradores y, por último, el allanamiento en su domicilio. El perpetrador del 80% de estas agresiones no está identificado, mientras que el 9% corresponde a autoridades estatales, el 7% al crimen organizado, el 2% a la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el 2% a autoridades municipales.
Otro dato importante que cita el Informe de Amnistía es el que retoma de una investigación de la organización Impunidad Cero en el que cita que, de 2019 a 2022, la impunidad acumulada global es del 99% para el delito de desaparición.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza a 128,059 personas desaparecidas y no localizadas a finales de marzo de 2025. Esto además de la crisis forense que incluye más de 72,100 cuerpos sin identificar y la localización de 5,696 fosas clandestinas en México.
Las entidades federativas con mayores desapariciones son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz, mientras que Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.3% de los cuerpos no identificados.
En una consulta realizada este jueves 10 por AM al Registro Nacional, de Guanajuato el último reporte oficial es de 3,864 desaparecidos y no localizados.
DAR