Tras la muerte en cumplimiento de su deber del agente Paulino Castañeda Aguilar, familiares y excompañeros exigieron justicia y denunciaron presuntas omisiones, negligencias y prácticas de hostigamiento laboral dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Durante la ceremonia de despedida realizada este miércoles, familiares de la víctima expresaron su inconformidad ante la falta de respuesta institucional el día de los hechos en que fueron agredidos por un grupo de personas en la colonia La Loma, en Pachuca.
Aunque lamentaron que ya no exista la posibilidad de cambiar lo ocurrido, confiaron en que el proceso judicial se realice con rigor.
Se comprometió el fiscal a que todo el peso de la ley caiga sobre quien tenga que caer, sea mando o agente”.
Además de recordar su trayectoria de 25 años en la institución y su labor en el grupo especializado en Justicia para Mujeres, la familia llamó al gobierno estatal a garantizar mejores condiciones laborales para los elementos:
Que se fijen en los trabajadores, que les den equipo, patrullas, tiempo de descanso. Eso es lo que nos falta para evitar estas tragedias”.
TESTIMONIO
En el mismo acto, Mitzi Jiménez, quien se identificó como exagente de investigación, denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral por parte de mandos del Centro de Justicia para Mujeres.
Relató haber sido cambiada de adscripción de manera injustificada, desarmada sin previo argumento válido, y finalmente despedida sin proceso formal.
“Nunca tuve una queja, ni carpeta de investigación. En febrero de 2024 me cambiaron al Centro de Justicia, y aunque trabajábamos jornadas extenuantes de hasta 40 horas, la comandante no nos dejaba salir hasta entregar resultados”, señaló.
También lamentó que el retiro de armas los fines de semana, bajo pretextos como evitar accidentes, dejaba en vulnerabilidad a los agentes.
Somos policías, nuestra arma es nuestra herramienta de trabajo, y el viernes, aunque estuvieras de guardia, se quedaba en la oficina”.
PROCESO EN CURSO, AFIRMA
La exagente anunció que ya inició un proceso administrativo y un amparo tras haber sido separada del cargo desde noviembre de 2024, sin justificación formal.
Pidió al gobernador Julio Menchaca Salazar y al encargado de despacho de la PGJEH Francisco Fernández Hasbun voltear a ver a los elementos que, dijo, son “quienes salen a trabajar dejando a sus familias, sin garantías y en riesgo”.
Además, indicó que existen más agentes inconformes que temen denunciar por posibles represalias, pero que se están organizando para solicitar la destitución de varios mandos señalados por abuso de autoridad y negligencia.