“Hace un año que nuestro Culiacán desapareció; nos lo quitaron y lo mataron”.
Jesús Verdugo
En el periódico “Noroeste”
En Sinaloa, la gente está cansada y angustiada por la guerra que lleva un año entre “los mayos” y los “chapitos”. La marcha ciudadana de ayer reclama cambios y atención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Perdieron la paz, perdieron negocios, perdieron la esperanza, a pesar de la presencia de fuerzas federales; perdieron la confianza en su gobernador Rubén Rocha Moya, de quien piden su destitución.
Hace tres años, Sinaloa estaba relativamente en calma. Sus números de violencia eran menores que los de Guanajuato. Había pasado el momento crítico del 17 de octubre de 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador liberó a Ovidio Guzmán después de que el Ejército lo detuvo unas horas. Al evento se le llamó “el culiacanazo”. Luego lo detuvieron en definitiva para extraditarlo en enero de 2023.
En marzo de 2024, el columnista de El Financiero, Pablo Hiriart, hizo una visita a Culiacán, donde recorrió las calles llenas de dólares para el cambio. Calculó que eran 100 “sombrillas” donde los vendían. Dinero que no podía tener otra procedencia que el circulante proveniente de la venta de drogas u otros negocios ilícitos, como el tráfico de personas hacia Estados Unidos. La ilegalidad estaba encubierta por la policía local, la complacencia del gobierno estatal y la ausencia federal.
Desde 2010, los bancos no recibían efectivo en dólares al cambio, comercio que se fue a las calles, a plena luz del sol. Entonces tenían un precio fijo de 16.90, según reportó Hiriart. El cambio era fijo porque estaba regulado por los proveedores. Todos vendían igual: no era un mercado abierto, sino una división del trabajo para colocar un volumen grande de divisas. Especialistas estiman que tan solo en 2023 unos 400 millones de dólares se cambiaban en la informalidad. Sabemos que el flujo en efectivo que nutre a muchas casas de cambio en el país proviene, más que del turismo, de ese comercio ilegal.
Hasta entonces, Rubén Rocha Moya gobernaba con relativa facilidad en compañía tripartita del Cártel de Sinaloa y el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando “El Mayo” Zambada fue trasladado a Nuevo México, todo cambió. El orden y la “pax narca” dieron paso a una guerra que lleva mil 700 homicidios, 2 mil desaparecidos y 6 mil autos robados, según datos de la revista Proceso.
En Sinaloa saben que la pasada elección de 2021, cuando ganó Rocha Moya con el 56% de los votos, estuvo apoyada con recursos oscuros; también saben que el 25 de julio de 2024 había un encuentro pactado entre El Mayo, Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, este último exrector de la Universidad de Sinaloa, quien murió asesinado ese día.
Al perder la credibilidad y la confianza de su gente, Rubén Rocha Moya gobierna sin el poder que antes le daban los acuerdos tácitos con el CDS (Cártel de Sinaloa), sin el apoyo de El Mayo. Porque el enfrentamiento no para, la economía se hunde y, a pesar de todo el apoyo federal, la violencia no cede.
Los ciudadanos son valientes al salir a la calle a pedir ayuda, a reclamar cambios porque su ciudad y su estado se hunden. Esperemos que en Palacio los escuchen.