Ahora resulta que uno de los marinos que recibían moches por cada huachi-buque que entraba al puerto de Altamira “se suicidó” en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de esa ciudad.
El supuesto suicidado se llamaba Capitán Abraham Jeremías Pérez y, según esto, tomó la fatídica decisión tras revelarse este fin de semana la detención el 2 de septiembre de poco más de una decena de involucrados en el delito de defraudación fiscal.
Con este “suicidio” son ya tres los muertos relacionados con este caso de huachicol, siendo los otros -que fueron ejecutados- el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien tuvo el valor de denunciar a los hermanos Vicealmirante y Contraalmirante Farías a causa del fraude huachicolero por la vía marítima del que se les imputa responsabilidad tanto en Altamira como en Matamoros, y Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” en la Delegación de la FGR en Colima.
Resulta sumamente sospechoso este “suicidio” del marino Pérez, sobre todo que fue precedido por los asesinatos del Contralmirante Guerrero y de Nava, ambos en Manzanillo.
El suicidado -si es que eso fue- pudo haber sido un testigo muy importante en la investigación que presuntamente lleva la FGR, que tardó seis meses en actuar contundentemente en este caso que reventaron los norteamericanos deteniendo y acusando a toda una familia gringa por ser copartícipes en este cuantioso fraude.
El hecho de que el delator de los hermanos Farías fue asesinado indica que, al estilo de la mafia, lo silenciaron para impedir profundizar en la denuncia. Nava, a su vez, fue ejecutada poco antes cuando dos hombres en motocicleta la mataron en su auto. La FGR relaciona los dos asesinatos.
Este “suicidio” resulta muy conveniente para el encubrimiento respecto a quién, o quiénes, están atrás de esta operación en gran escala.
El hecho de que haya tomado la puerta falsa del suicidio puede indicar dos cosas: o lo callaron para que no delatara a personajes importantes, o él mismo tenía tanto miedo a los artífices de esta megamillonaria defraudación que tuvo más miedo a enfrentarlos que a la muerte.
Llama la atención que, en este caso, como en otros que han revelado turbiedades en la 4T, surja la Presidenta como defensora de oficio, cayendo las explicaciones de su Gobierno en contradicciones.
Sinaloa está en llamas, pero su Gobernador -dicho por “El Mayo”, que era su amigo- recibe todo el respaldo y la defensa de la Presidenta.
Los grandes huachicoleros de la Marina eran sobrinos del anterior Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, pero, dicho por Gertz, Ojeda los había denunciado hace dos años.
O sea, en la era del Mesías Macuspano.
No explican, sin embargo, cómo es que siendo su jefe, Ojeda no separó del cargo a sus sobrinos o no los sometió a una indagatoria y juicio, ya que desde el 2024 están huachicoleando buques en Altamira.
¿Quieren que la opinión pública se trague la versión de que el mero mero Secretario de la Marina denuncia un gravísimo delito bajo su mando, pero no hace nada sobre sus subalternos?
Por sacarle las castañas del fuego a su antecesor, la Presidenta se atraviesa de más y luego cuando salgan otras cosas en México o en Estados Unidos va a resultar que ella defendió, con todo y el prestigio presidencial y personal, a gente involucrada en graves delitos.
O huachicoleros o protectores de narcos, o ambas cosas a la vez.
Seguramente, siendo una mujer lista e instruida, la Presidenta entiende que más importante que su partido y su padrino, está la buena marcha del buque llamado México.
Y que éste no puede navegar seguro con una espesa niebla creada por un banco de corrupción muy caona.
Lo único que logran estos solícitos defensores con expresiones como “son unos cuantos y no la institución”, es fortalecer la sospecha de que el Gobierno mexicano fue obligado a actuar por el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y que no hacen esta limpia por convencimiento propio, sino para evitar que los vecinos saquen más mugre respecto a prominentes figuras de la 4T involucradas, que a cambio de fuertes donativos en dólares para sus campañas ofrecieron protección al Cártel de Sinaloa, entre otros.
La tardanza -igualmente defendida a ultranza- de seis meses en dar con los responsables del huachicol fiscal marítimo tiende a fortalecer la versión de que la operación huachicol, buques y 129 tanques ferroviarios no vino de nuestras autoridades, sino que tras ser evidenciada por EU, obligó a nuestro Gobierno a actuar forzosamente y ahora se esfuerza por contener el daño a la reputación del antecesor y su Administración.
Es decir, buscan contener o reducir el caso al menor número de personas posible y, al mismo tiempo, a priori poner a salvo a gente que no atendió las denuncias del pobre Contralmirante Guerrero asesinado en Manzanillo, o ya sabía de las maniobras, pero de alguna manera escogió encubrir, por miedo o por órdenes aún más superiores.
Quiera la Guadalupana que algún día se sepa la verdad, pues aquí lo que tenemos es sólo la punta del iceberg del huachicol fiscal en México.