En enero de 2024, circuló, en cadena nacional, un reportaje de la periodista Carolina Rocha, de Televisión Azteca, sobre la carencia de agua potable en San Juan de Abajo. Esta pieza periodística retrató el reto que implica hacerse de agua en esa zona del sur de la ciudad y documentó la valentía de un grupo de diez familias que emprendieron, un año antes, una batalla legal en contra de las autoridades municipales para lograr que su derecho al agua se garantice plenamente, vía juicios de amparo que siguen en litigio hasta el día de hoy.
La memoria del reportaje sigue vigente, siendo uno de los medios más efectivos por medio de los cuales personas residentes de otras colonias, que viven la misma situación de injusticia, conocieron que podían demandar legalmente su acceso a este servicio básico.
Por varios años, este periódico ha documentado esa lucha de centenares de familias residentes en las mal llamadas “colonias irregulares” que he tenido la oportunidad de acompañar como representante legal. Son, en todos los casos, familias valientes que han decidido desafiar la situación injusta a la que la Presidencia Municipal, el SAPAL y el IMUVI les han condenado a vivir. Por un lado, porque, ante la falta de oferta de vivienda asequible, tuvieron que asentarse ahí como única alternativa y, como consecuencia, han sido víctimas del condicionamiento de sus derechos sociales más básicos.
Si bien los resultados de cada juicio emprendido por estas familias leonesas han sido diferentes, lo cierto es que, volteando hacia atrás, las batallas legales han valido la pena. Cada nueva conexión del servicio, cada nueva toma comunitaria, cada servicio gratuito de pipa que no sucedía antes, son un aliciente para continuar hasta que esa injusticia cese.
En las últimas dos semanas, viajé a La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, y a Tepic, en Nayarit, en donde, desde Movimiento Ciudadano, estamos representando a familias que, al igual que las de San Juan de Abajo, viven la injusticia de carecer de agua. Y aunque no auguramos que la batalla vaya a ser sencilla, tenemos optimismo de que los resultados sean tan positivos como los que ya hemos obtenido en León, en Parral, en Chihuahua, y en Xalapa, en Veracruz. Siempre que he tenido la oportunidad de platicar con familias que representamos en otros municipios, a fin de generar esperanza, les cuento de los avances que hemos tenido en León y les recomiendo buscar en YouTube el reportaje de Carolina Rocha, para demostrarles que, cuando digo que todo empezó en San Juan de Abajo, digo la verdad.
La semana pasada, como ha sucedido en otras ocasiones, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, acompañado por la Policía Municipal de León, desalojó a un grupo de familias residentes en San Juan de Abajo, derribando, en algunos de los casos, sus viviendas, producto de un proceso judicial del que poco se sabe, dado que las familias afectadas aseguran jamás haber sido notificadas de su existencia. Se trata, en apariencia, de un juicio originado por una deuda adquirida por la persona que les vendió sus terrenos en diferentes temporalidades.
Lo que sí sabemos es que la obligación de iniciar el trámite de regularización en esta zona de la ciudad es responsabilidad del Ayuntamiento y del Imuvi, y que ha sido una promesa constante para las familias, incluyendo la promesa de la actual Presidenta Municipal. Por tanto, concluir, como lo han hecho las autoridades municipales, que el origen de los desalojos y del temor que siente la comunidad completa es un conflicto entre particulares, es impreciso. Desde la visión de quien escribe, el origen es una actitud omisiva por parte de las autoridades, que han fallado en su obligación de garantizarles su derecho a la vivienda adecuada.
Quienes viven en San Juan de Abajo, dentro de todas sus carencias, han inspirado y seguirán inspirando a otras personas en la ciudad y por todo el país en la lucha por sus derechos; es decir, San Juan de Abajo ha cumplido con su deber cívico con la ciudad. Si hemos de demostrar que “es muy bueno ser de León, y es muy de León ser bueno”, como dice el lema de la segunda administración de Alejandra Gutiérrez, es momento de que el resto de la ciudad se una en la exigencia de regularizar sus viviendas y dotarles de servicios.
Juan Pablo Delgado Miranda es un político y abogado de León, Guanajuato. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, especialmente en la comunidad LGBTQ+ a través de la organización Amicus, además de dedicarse al litigio estratégico en temas de desarrollo social y defensa del territorio.