La subrogación de servicios de salud es un proceso mediante el cual una institución pública contrata a proveedores privados para la prestación de servicios clínicos, diagnósticos o terapéuticos al no contar (por la razón que sea) con la capacidad suficiente para ofrecerlos directamente. Estos servicios incluyen estudios de laboratorio, imagenología, hemodiálisis, banco de sangre, cirugías o suministro de medicamentos, entre otros. Si bien su objetivo es mejorar el acceso y la cobertura, en la práctica presentan problemas sustantivos de calidad, disponibilidad y alto costo.
Este mecanismo de subrogación de servicios va en aumento debido a múltiples factores, como el déficit de infraestructura y personal. Al no contar con la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de servicios, por limitaciones presupuestarias y falta de inversión en salud pública, las instituciones recurren a esta figura para cubrir dichas carencias sin necesidad de invertir en infraestructura propia. Asimismo, en un afán de reducir costos y optimizar recursos, se contrata a terceros para ciertos servicios, lo que resulta “más barato” que mantener personal, equipo y mantenimiento dentro de las instituciones públicas. Lo anterior se debe, en gran medida, al incremento en la demanda de atención médica, por lo que se espera que la subrogación ayude a reducir tiempos de espera y mejorar la accesibilidad. De igual manera, se entiende que la subrogación es un mecanismo para responder de forma más rápida a crisis sanitarias o incrementos súbitos en la demanda, sin necesidad de procesos largos de contratación o adquisición de equipos, materiales e insumos.
Ahora bien, este impulso hacia los esquemas de colaboración público-privada puede ser objeto de un intenso debate, pues en muchos casos se han señalado problemas de opacidad administrativa y sobrecostos. La falta de regulación y supervisión, así como contratos que no incluyen mecanismos de garantía en la prestación de servicios, ocasionan incumplimientos o retrasos en la atención, muchos de los cuales quedan sin sanciones de peso.
Es notorio también que las instituciones subrogan servicios sin calcular de manera correcta la demanda real, lo que incluso lleva a la sobrecarga de los proveedores contratados. Ejemplos claros son los laboratorios clínicos, bancos de sangre, diálisis y hemodiálisis, donde la demanda supera la capacidad contratada. Otro punto débil es el retraso en los pagos a proveedores o empresas subcontratadas, lo que les obliga a operar con recursos limitados, afectando la calidad y disponibilidad del servicio. A esto se suman las deficiencias en logística y comunicación que generan barreras burocráticas para que los pacientes, aun con una orden de estudio o atención, puedan agendar o acceder al servicio subrogado debido a la integración ineficiente entre el sistema público y el proveedor.
Por último, están los costos elevados que limitan la cobertura, ya que los servicios subrogados suelen ser más caros que los proporcionados internamente. Esto significa que los recursos disponibles pueden no ser suficientes para atender a toda la población que los necesita. Además, no se puede ignorar la corrupción y la asignación ineficiente de contratos, pues en muchas ocasiones se otorgan a proveedores de dudosa procedencia, sin experiencia suficiente o con poca capacidad operativa, mediante procesos de contratación opacos o mal diseñados.
Haga una pequeña reflexión, estimado lector, y piense si a usted, a un familiar, amigo o conocido lo han enviado a un hospital privado para realizarse estudios, recibir una consulta o tratamiento. En efecto, la colaboración público-privada es un mecanismo funcional para mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de atención médica, pero también puede ser el reflejo de la incompetencia, el desdén y el abandono de las instituciones de salud pública. Lamentablemente, parece que el segundo escenario es el actual. Como siempre, los ciudadanos debemos exigir lo propio y aportar lo necesario en estos asuntos de salud pública. Es tiempo.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
RAA