Guanajuato insiste en presumir que la inseguridad va a la baja. Lo hacen sus autoridades estatales, lo repiten en sus redes y discursos, y lo celebran con cifras que parecen obedecer más a una narrativa oficial que a la experiencia cotidiana de sus ciudadanos.
Pero la realidad, como suele suceder, camina por otra calle: más sombría, más cruda, más dolorosa.
Durante los primeros cuatro meses de 2025, Guanajuato acumuló más de mil 500 homicidios dolosos.
Esta cifra lo mantuvo en el primer lugar nacional en números absolutos. Aunque se intente diluir el impacto con promedios o con reducciones porcentuales, los muertos siguen contando igual: con nombre, con historia, con ausencia.
Las tasas por cada 100 mil habitantes siguen siendo alarmantes. Mientras el promedio nacional ronda los 9 asesinatos por cada 100 mil, en Guanajuato la cifra supera los 24. Una realidad que no se puede maquillar con spots. En ciudades como León, Celaya o Irapuato los homicidios son parte de la rutina, no de la excepción.
La violencia en Guanajuato no se esconde. Hay comunidades enteras que viven sitiadas por el miedo, por la pelea constante entre grupos delictivos. La llamada “disputa de la plaza” es más que una expresión mediática: es la causa de ejecuciones múltiples, de desapariciones forzadas, de balaceras a plena luz del día.
En León, la mayor ciudad del estado, la violencia no ha cedido. Las colonias del norte y del sur enfrentan tiroteos, ajustes de cuentas y asesinatos frecuentes. Las cifras podrán decir que los delitos del fuero común bajan, pero la gente vive entre la desconfianza, la adicción creciente en jóvenes y el tráfico de drogas como telón de fondo.
Las desapariciones también van al alza. Entre 2023 y 2024 se duplicaron los casos registrados. En todo el estado hay colectivos de búsqueda que encuentran fosas clandestinas donde antes había parcelas. Guanajuato es ya uno de los cinco estados con mayor número de personas desaparecidas y fosas halladas en la última década.
Las masacres se han convertido en un fenómeno recurrente. En 2024 se registraron más de 70 eventos con múltiples víctimas. Tan solo en los primeros meses de 2025 ya se han acumulado al menos 25 ataques masivos, ocurridos en fiestas, bares, bailes o reuniones comunitarias. Ni lo religioso ni lo civil escapan a la violencia.
Y mientras los informes repiten que el secuestro ha disminuido, los ciudadanos reportan más extorsiones, cobros de piso y amenazas. Las víctimas no denuncian, por miedo o por resignación, pero el delito ahí está: en los negocios cerrados, en las llamadas silenciosas, en las calles donde ya no se ve al policía, pero sí al halcón.
No es casual que la percepción ciudadana sobre seguridad siga siendo negativa. La gente sabe que la estadística no refleja la angustia diaria. Sabe que el discurso oficial no la protege, y que muchas veces, tampoco la justicia. Guanajuato tiene policías que arriesgan su vida, sí, pero también estructuras que muchas veces los abandonan.
Quien gobierna no puede esconder esta realidad bajo gráficas. No se puede hablar de reducción de violencia mientras hay más madres buscando hijos, más balaceras en sitios públicos y más sangre derramada en nombre de una paz que no llega. Las cifras deben ser transparentes, pero sobre todo, deben coincidir con lo que se vive.
Porque la seguridad no es percepción ni propaganda. Es caminar sin miedo, es confiar en que mañana será posible. Y eso, en Guanajuato, sigue siendo un privilegio de pocos. El buen gobierno no solo se mide por los números que presenta, sino por la tranquilidad que garantiza. Y esa, lamentablemente, sigue ausente…