El 14 de noviembre de 2018 el entonces Presidente electo anunció que los programas sociales constituían “el 80 % del plan de seguridad”: atacaría las “causas de la violencia” con las consignas: “abrazos sí, balazos no” y “becarios, no sicarios”.
Entre 2019 y 2024 gastaron 425,600 millones en 17 programas sociales y cerca de 3 billones de pesos en las cuatro secretarías dedicadas a la seguridad (pesos constantes de 2024). Las desigualdades se redujeron, la 4T se llenó de votos en las urnas, pero la seguridad fracasó y el crimen se expandió.
Según dependencias estadounidenses, los cárteles obtuvieron en 2010 “entre 18 mil y 29 mil millones de dólares” y en 2025 serán entre 70 y 80 mil millones. En este contexto, los 1,500 millones de dólares en narcóticos incautados por el actual gobierno durante sus primeros nueve meses representan el 2 % de esos ingresos (estimaciones del Seminario sobre Violencia y Paz).
Las arcas criminales están repletas y eso explica el aumento en las contrataciones. Según cálculos de Rafael Prieto-Curiel del Complexity Science Hub de Viena, los cárteles empleaban en 2012 a 112 mil personas y en 2025 a 183 mil. Los prefieren de entre 14 y 29 años, población objetivo de programas sociales.
El equipo encabezado por Rodrigo Peña en El Colmex recuperó un video que el CJNG subió a TikTok el pasado 17 de agosto. El grupo exhorta a su audiencia: “Tu oportunidad para salir adelante. Únete a la empresa 4 L … Jale para hombres y mujeres, civiles y exmilitares. pago de 12 a 15 mil por semana”. Luego les ofrece “techo, comidas, vestimenta y transporte”. También armas, pero no dicen.
Probablemente exageran al ofrecer entre 48 y 60 mil pesos mensuales, pues, según un reportaje de Natalie Kitroeff publicado en el New York Times en diciembre de 2024, el Cártel de Sinaloa reclutaba estudiantes de química por 15,200 pesos mensuales (800 dólares). Ignoramos los salarios de sicarios.
Sabemos de las mejoras en las condiciones ofrecidas en las Fuerzas Armadas. En 2025 un soldado mexicano percibe 18,000 pesos mensuales entre salario y prestaciones además de alojamiento, comida y ropa. Así, criminales y militares ofrecen salarios más atractivos que los 8,480 mensuales entregados a los “Jóvenes construyendo el futuro”. Es posible que haya jóvenes dobleteando como becarios y sicarios.
Llama la atención el entusiasmo de algunas respuestas a los videos analizados: “¿me aceptan con 16 años?”, “aquí un exmilitar”, “¿aceptan extranjeros?”, “estoy súper interesado”. La posibilidad de una muerte violenta no los ahuyenta aun sabiendo la alta mortalidad sicaria.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció esta fascinación por la violencia durante una charla virtual con medios tapatíos el 9 de octubre de 2025: algunos de los reclutados “no estaban en contra de su voluntad”. Es decir, muchos jóvenes se unen al crimen organizado no solo por dinero sino también por factores emocionales e ideológicos.
Si quienes se unen a la Guardia Nacional, al Ejército o a la Marina lo hacen para defender a la patria frente a los criminales y usar un uniforme respetado por la población, quienes se suman a una organización criminal lo hacen para ser parte de un grupo poderoso, para ser respetados y/o temidos y para vivir una vida intensa, y habitualmente corta.
Es lógico que un buen número de jóvenes se enrole en las Fuerzas Armadas que representan el Estado de derecho; quienes se enlistan en el crimen organizado tienen motivaciones discutibles.
Las organizaciones criminales han aprendido a difundir su visión del mundo utilizando las redes sociales. Buscan jóvenes y niños. La empresa estadounidense Roblox, por ejemplo, permite juegos en los que los infantes imitan usos y costumbres criminales. Y las otras tecnologías también toleran la difusión de la violencia. ¿y nuestro Congreso qué hace para regularlas?
Estamos ante un problema global en donde abundan errores y buenas prácticas. México sigue distinguiéndose por la enjundia con la cual nuestros políticos y funcionarios protegen criminales. ¿Aprenderán gobierno y sociedad de los errores de los sexenios pasados? ¿Cómo van a proteger a infancias y adolescencias?
(Colaboraron Dulce Alicia Torres, Elena Simón y Keyla Vargas de CASEDE.)