Desde hace trece meses, el gobierno de Libia García lucha por reducir los homicidios dolosos, el crimen organizado, la extorsión y los robos en carretera. Enfrenta una herencia maldita de violencia que nunca habíamos tenido en Guanajuato, ni siquiera durante la Guerra Cristera o la Revolución.
El 2004 fue el año con menos homicidios dolosos registrados, con 176. De ahí en adelante comenzó una leve curva de aumento hasta el final del sexenio de Juan Manuel Oliva, con 702 en 2013. Cuando llegó Miguel Márquez, el gobierno invirtió 200 millones de dólares en un proyecto denominado Escudo; a pesar de todo, año con año aumentaron los muertos y, en 2018, llegaron a 3 mil 517. El Estado se hundía en la violencia, a pesar de la inversión y del esfuerzo de Márquez y de sus delegados para la seguridad y la justicia, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa.
Cuando llegó en 2018, Diego Sinhue Rodríguez planteó un “golpe de timón” o un cambio radical. Los datos del INEGI mostraron que, en lugar de mejorar, Guanajuato fue a pique, con más de 24 mil homicidios dolosos durante el sexenio. La entidad se descompuso como ninguna otra y, durante los seis años que gobernó Diego, tuvimos el mayor índice de homicidios del país. Fue la peor época de nuestra historia.
Se aumentó el presupuesto de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad. Todo fue inútil. Perdimos, además de mujeres y hombres de todas las edades, policías municipales y estatales; hubo territorios ingobernables como Celaya, Irapuato, Villagrán y los Apaseos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pedía cambios; los ciudadanos también. No los hubo, y la cuenta de muertos subía hasta alcanzar un promedio de 11 diarios. Se encontraron decenas de fosas y las masacres se multiplicaron.
Diego seguía pensando en la “mentefactura” y en Planet Youth, al tiempo que olvidaba la razón fundamental del gobierno: lograr la paz y la justicia. Se dijo empresario y comenzó a forjar negocios, porque de otra forma no se entiende su jubilación dorada. Quienes creyeron (creímos) en él no podíamos imaginar que dedicaría más tiempo a viajar y a convivir con grandes empresarios que a establecer una estrategia viable para evitar muertes. Al final de su mandato, mientras Guanajuato ardía, él preparaba su futura estancia en Houston.
Si bien el PAN queda a deber en transparencia, proyectos abandonados como el Tren Interurbano, la refinería de Salamanca e infraestructura entregada a particulares, lo más grave es que los últimos doce años fueron de anarquía. Los gobernantes decían que sus funcionarios eran los más preparados y los mejor reconocidos por el FBI. Poco importaba eso frente a la tragedia de los miles de guanajuatenses que perdían la vida a diario, con una tasa de 10 a 11 homicidios al día.
La obstinación y la indolencia provocaron más muertes. El cambio de funcionarios y de gobierno permitió revertir la tendencia. Ahora no hay temor a unirse al Gobierno federal para hacer frente común. Se acabaron los pretextos. Hay alguien que cree que sí se puede.
Coahuila es una entidad de ejemplo. El gobernador Rubén Moreira enseñó cómo hacerlo. Nunca se tuvo la humildad de consultarlo. Esperamos que el PAN comprenda que esa es la prioridad y que ninguna otra lo sea. El país necesita una oposición vibrante, abierta y moderna, como siempre lo han prometido.
Fe de erratas: el lunes me equivoqué al escribir la palabra “irrelevante” en lugar de “relevante”.