«Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas», reza una sentencia del despiadado siglo XIX. Bajo esa postura ha sido el trato que le han dado a los pensionados y jubilados de la administración municipal de Celaya. No es un asunto primordialmente de dinero, de hecho, ese gasto está presupuestado en la Ley de Ingresos del 2025.
El alcalde ha convertido los reclamos de los pensionados y jubilados en un tema político con fines electorales, y ahora, en una represalia por los gritos de rechazo que le hicieron. No era para menos, en su acostumbrada conferencia de los jueves, señaló que no “negociara la ley”, y si querían recibir su “derecho adquirido” demandaran al municipio. Eso a pesar de haber alentado en las pasadas semanas, una posible solución a la suspensión unilateral de sus prestaciones.
Desde el punto de vista legal, la Contraloría Municipal, el Órgano de Control de la administración municipal, señaló en la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en el Ayuntamiento, “que la Oficialía Mayor está tomando decisiones unilaterales que ponen en riesgo derechos adquiridos de pensionados y jubilados, además de afectar los ingresos de trabajadores municipales”.
En sesión de esta comisión, en la última semana de septiembre, “explicaron que la Contralora Municipal, Laura Elena Lara Rodríguez, expuso que la suspensión de prestaciones a extrabajadores nunca debió realizarse, ya que el reglamento que amparaba sus beneficios, aunque abrogado en 2012, conserva efectos retroactivos conforme al artículo 14 Constitucional”.
Para que usted valore la trascendencia de estas palabras, le informo: la Contraloría Municipal de Celaya tiene atribuciones de control interno, evaluación de la gestión pública y fiscalización. Sus funciones incluyen verificar la legalidad y eficiencia de las operaciones municipales, tramitar denuncias contra servidores públicos, recibir y procesar quejas ciudadanas, y llevar a cabo auditorías.
Desde que fue público el atropello a los jubilados y pensionados, han pasado casi tres meses. Hubo promesas, evasivas, descalificaciones, mentiras, y terminaron el viernes con un acto de revancha política por haber retado al alcalde a dejar la representación del pueblo, que le asignaron los celayenses el 2 de junio del año pasado.
El bloqueo de la presidencia que hicieron el viernes, liderados por abuelas que incluso se trasladaban en sillas de ruedas, fue una oportunidad para que se “ventaneara” el alcalde, las acusó de interferir los servicios municipales, de impedir el pago a los empleados. Algunos medios publicaron que pedían “las perlas de la virgen”, lo cierto es que dos asuntos han sido el eje de su inconformidad, el aguinaldo y su fondo de ahorro, el pliego de peticiones fue motivado por el propio alcalde con el propósito de gestionarlo. Pero, lejos de ello, ese pliego petitorio lo uso para exhibirlos, y para mostrarse como defensor de la legalidad.
Detrás de ese discurso hay una realidad, tuvo más de un año para estudiar y solucionar de forma conciliada y justa el asunto, pero no lo hizo, es su responsabilidad. Éste es uno de tantos asuntos que le estarán rebotando en el curso de los próximos meses, porque no conoce las entrañas de la administración municipal, y porque atropellando los derechos humanos y los principios del humanismo mexicano no se construye gobernanza, ni autoridad política y moral para una verdadera transformación social.
El pueblo trabajador no es el enemigo de clase, no es el adversario. Para el humanismo mexicano, el ideal moral de hoy, es luchar por el goce efectivo de los derechos humanos especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas adultas mayores.
El alcalde, quien fomenta la pelea, no perderá un centavo en el pleito legal, pero irónicamente, cuando termine su mandato de tres años, él se llevará su pensión, además su finiquito y aportación municipal por ahorro, que sumarian en promedio 900 mil pesos. Los 2 síndicos, 550 mil pesos en promedio; los 10 regidores, 475 mil pesos. En total, 6 millones 150 mil pesos.
Igualmente, sus 48 funcionarios de primer y segundo nivel se llevarán de retiro por tres años de trabajo, cerca de 8 millones de pesos. En el 2027, los celayenses, estarán aportando más o menos, 14.5 millones de pesos por esos conceptos.
Si hablamos de legalidad, no existe una figura jurídica que obligue a esa prestación o finiquito, pero sí una disposición administrativa que ellos mismos aprueban, “por término de la administración en materia de terminación laboral de los trabajadores de confianza de la administración pública municipal”. Esta disposición, el Ayuntamiento puede no aprobarla, pero está claro, que no se darán un tiro en la cartera. Y si realmente actuaran sin sentimentalismos, como dijera el alcalde, se irían como llegaron. Pero claro, para los amigos, justicia y gracia.
Como usted sabe, quienes buscan que se respete su fondo de ahorro, y su aguinaldo no son los funcionarios de camioneta blindada de 4 millones de pesos, y con salarios de 76 mil pesos mensuales como el director de JUMAPA, o el Secretario del Ayuntamiento. No, hay muchos trabajadores que se jubilaron con salarios precarios, la mayoría están en los escalafones medio y bajo.
Don Chava, trabajó 34 años en el área de eventos, con un salario de 15 mil pesos mensuales, él está en la indefensión jurídica, y económica. La referencia del viaje a Guanajuato para reclamar justicia, y la carne asada del día del empleado municipal como sinónimo de opulencia, es una burla viniendo de un hombre que llegó a alcalde como símbolo de esperanza.
Cuando la oficial mayor, Mireya Villagómez, “relató que se tomó esta decisión porque detectaron que esta prestación no está fundamentada en algún marco legal, por lo tanto, esto que hacían las anteriores administraciones era ilegal”. Es una denuncia que debería ser puesta en la Contraloría Municipal, y debería ser investigada y resuelta en el marco institucional. Esas decisiones pasaron por las manos del Ayuntamiento anterior, por la tesorería, por funcionarios que siguen laborando en la administración municipal. Ellos saben perfectamente la ruta legal, o ilegal si la hubiere. ¿Por qué culpan a los trabajadores?
El desplante retorico y autoritario del alcalde en el Jardín Municipal, básicamente en contra de mujeres adultas mayores, es una estampa del pasado. Su intentona de enfrentar a los ciudadanos y a los trabajadores municipales con las abuelas y abuelos que pelean por su jubilación y su fondo de ahorro, fracasó. Los quiso convertir en motivo de escarnio público, pero esos adultos mayores dieron un ejemplo de civilidad al enfrentar la prepotencia, la sinrazón sin importar que estuvieran blindadas con armas de alto calibre.
La importancia de un Ayuntamiento vivo y al servicio de los ciudadanos, debe manifestarse ahora. Dejar pasar la oportunidad de reconstruir con honestidad, y con una profunda responsabilidad moral la ciudad que tendrán nuestros hijos o nuestros nietos, será doloroso. Hoy deben asumir la responsabilidad de darle rumbo a la administración municipal, ya consumieron un tercio de su tiempo, y en un año ya estarán haciendo sus maletas.
Los conservadores se distinguen por restringir los derechos humanos; los revolucionarios que nos dieron patria siempre tuvieron claro, que su vida serviría para defenderlos. ¡Celaya Merece un Buen Gobierno!
REVOLCADERO. En 25 años que hago publica mi opinión, nunca había recibido amenazas por ello. No es un delito menor quien lo comete, pensando que está al abrigo del poder político. En noviembre pasado señalé enfáticamente a quien responsabilizaba por agresiones o atentados, y lo reitero. Pero no pierdo el sentido del humor por eso, parafraseando a mi admirado Efraín Huerta, digo: “Del hoyo no paso”, pero el cielo se les nublará por ello. Y tengo fotos como dijera mi rapsoda favorito.