LA ACTITUD del senador Gerardo Fernández Noroña (y de varios morenistas más) podría resumirse así: “Hágase, Señor, tu austeridad en las mulas de mi compadre”. Sería de risa, si no fuera una tragedia para la congruencia, ver cómo el aguerrido legislador que se ufanaba de vivir en una vecindad, ahora trata de justificar sus vuelos en una aeronave privada.
EL CONFLICTO no se limita a la conciencia de Fernández Noroña sino que hay asuntos que son ilegales. De entrada, por supuesto, está el uso de un avión con matrícula de Estados Unidos, haciendo labores de “taxi aéreo” de una ciudad a otra en Coahuila. A esto se le llama cabotaje y está expresamente pro-hi-bi-do para las aeronaves extranjeras.
LUEGO ESTÁ el detalle de quién pagó el viaje. Si Fernández Noroña recibió la “cortesía” de una tercera persona, incurriría en faltas a la ley para servidores públicos, al recibir regalos o donaciones fuera de toda norma. Porque no fue como que le invitaron un café: el vuelo costó, por lo menos, ¡280 mil pesos!, es decir, unos 14 mil dólares.
FINALMENTE, y no menos importante, es la duda de por qué el senador morenista anda dando supuestos “informes” de labores por todo el país, cuando la realidad es que en esta legislatura no ha presentado una sola iniciativa por sí mismo. Suena más bien a promoción personal… de altos vuelos y mucho apoyo monetario.
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LA DESAPARICIÓN DE los organismos autónomos trajo consigo que sus tareas se subordinaran a dependencias de gobierno, lo que ya de entrada les daría el sello de oficialistas. Aún así se esperaba que hubiera propuestas de perfiles técnicos más que políticos.
EL SENADOR panista Ricardo Anaya cuestionó que Morena haya copado la integración de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pues, aseguró, estarán ahí personajes afines a José Merino, jefe de la Agencia de Transformación Digital. “Controlar al árbitro es hacer trampa”, reprochó.
SEGÚN ANAYA, de las cinco propuestas que deberá palomear el Senado, tres trabajan para Merino: Adán Salazar, Tania Villa y Norma Solano.
VISTO EL CURRÍCULUM de quienes llegan, es evidente que tienen una fuerte dependencia política y que la regla de 90 por ciento lealtad llegó para quedarse.
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MÁS ALLÁ del aspecto personal, el divorcio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila tiene un elemento político imposible de soslayar.
Y ES QUE en mayo el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a su marido, Carlos Torres, dentro del contexto de la persecución contra políticos ligados al crimen organizado. Para quienes viven en la frontera como la familia de la mandataria de Baja California, la pérdida de la visa es un asunto extremadamente grave.
POSTERIORMENTE también a la morenista le suspendieron el documento migratorio y la posibilidad de cruzar la frontera.