“El patrimonialismo es una forma de gestión en la que el gobernante gobierna basándose en lealtades personales derivadas de la relación patrón-cliente, lazos de parentesco y combinaciones de estos”, según definición de las sociólogas Mounira Charrad y Julia Adams, que desde las universidades de Texas y Yale, se han preocupado de explicar esta forma de gobierno, vigente en el estado de Guanajuato y en casi todo el contexto federal. Gobiernan como si rigieran su casa. Adiós república.
Quizás por ello, resulta de suma importancia para esta clase de políticos, hacerse de una propiedad que les permita incrustarse en el estatus de terratenientes. De esa manera los funcionarios públicos, que proceden de un nivel discreto de posesiones inmobiliarias, procuran escalar hasta la cima para codearse con la aristocracia regional. Para ser hay que parecer.
Así, los gobernadores de la entidad, Oliva, Rodríguez y García, han sido señalados por la sospechosa adquisiciones de propiedades, encuadrándose, a plenitud, en el esquema de gobiernos patrimonialistas. Oliva se vio involucrado en la construcción de un caserón en el fraccionamiento Punta del Este, en León; mientras Rodríguez Vallejo y Libia García, han sido descubiertos por una investigación de la asociación “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”, dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción. La organización es dirigida por una potente académica fraguada en la universidad de Oxford y en el CIDE, María Amparo Casar.
La investigación “Gobernadores de Guanajuato transformaron parcelas ejidales en enormes ranchos” a cargo de Eduardo Buendía y Raúl Olmos es sólida. Ya salió el compendio completo con fotografías, documentos, solicitudes de investigación y reclamos, en este caso de la gobernadora García, que vale la pena leer con detenimiento. Especialmente Raúl Olmos, es un conocido reportero de investigación, que cuenta con un profundo conocimiento del medio local. Los datos consignados son definitivos: hay tranza en la adquisición de predios ejidales, que se hacen pasar por parcelas ubicadas en la punta del cerro, pero que en realidad cuentan con infraestructura que aumenta significativamente su precio. Y las mejoras en su entorno no paran, están a la vista.
La indagación abre la caja de Pandora en Guanajuato. Ya lo vimos en el caso de la alcaldesa de León, pero está pendiente el conocimiento de la transacción de muchas propiedades de políticos, funcionarios municipales y estatales, que difícilmente podrán respaldar con su capacidad económica, la adquisición de su capital inmobiliario. Lo más trascendente de este episodio en la lucha contra prácticas corruptas, es que MCCI ha logrado, con su puntilloso análisis entre los bienes adquiridos y las declaraciones patrimoniales, poner en la mira a Libia Dennise García. No se trata ya de una pesquisa sobre un sexenio pasado, sino del desempeño a futuro de una gobernadora que apenas ajusta su primer año en el cargo. Todo está por escribirse.
¿Entenderá Libia que ya le pusieron el cascabel al gato? La mira está fijada en la conducta que manifieste en relación a su empeño para evitar, genuinamente, más corrupción en este estado; o definitivamente escorarse hacia la descarada y tradicional constitución de un ancho y creciente patrimonio inmobiliario que finalmente será identificado, fiscalizado y denunciado.
Víctima de un diseño malicioso, el patito feo de todas las recientes administraciones estatales, ha sido la discretísima Secretaría de la Honestidad. Ahora la dependencia debería cobrar un relieve especial. Su tarea será estratégica para mantener la nave a flote. Debe generar la confianza de que la habitual corrupción empieza a controlarse. Para hacerlo, se requiere vitalizarla y convertirla en una entidad proactiva y eficaz, que genere temor y respeto. Debe desprenderse del tufo de complicidad con los corruptos, que se ha construido a su alrededor. Se debe transformar en auténtica cancerbera de la honestidad de los servidores públicos, empezando por la gobernadora y su gabinete.
Luego de la investigación de MCCI, resulta insostenible, mantener dentro del equipo de gobierno de Libia a los impresentables operadores de Diego Sinhue. Su permanencia es harakiri. Todos entenderíamos que el actual sexenio solo es una extensión del anterior, y que la manipulación de todo la realizan los mismo personajes de tripularon al exgobernador Sinhue. Asuntos graves como la concesión de la supercarretera a SMA, ya tocada por la corrupción, resultan inviables.
El remate a toda esta saga, si no rectifican, es previsible. Ante la amenaza de acabar perseguidos por su mala conducta, Libia y su equipo panista deberán pactar con Morena la entrega del estado, a cambio de garantizarles impunidad y posiblemente una embajada. Así se hundirá la nave azul.