Hace once años desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa y desde 2022 los gobiernos de la 4T frenan la búsqueda de la verdad y la justicia.
La Noche de Ayotzinapa (26 de septiembre de 2014) forjó una fuerte alianza en torno a las familias: 1) ocho mil estudiantes y maestros de 20 escuelas normales (17 de varones y 3 de mujeres) de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM; 2) cuatro organismos de la sociedad civil comprometidos y rigurosos: Tlachinollan, Centro Prodh, Serapaz y Fundar; 3) un sinnúmero de académicos y periodistas de México y el extranjero; y, 4) una opinión pública volcada con las víctimas.
El gobierno quedó acorralado y el presidente Enrique Peña Nieto llegó derrotado a su primera reunión con las familias. El 29 de octubre de 2014 hizo concesiones esperando que el tiempo desinflara el movimiento. Aceptó la coadyuvancia de las víctimas en los litigios y que México recibiera una misión internacional organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, llegó a México en marzo de 2015 y en septiembre destrozó la “verdad histórica” oficial con su Primer Informe. Se inició una guerra de desgaste que terminó cuando llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien decidido a derribar los muros de la impunidad, puso a Ayotzinapa de ejemplo. Nombró fiscal especial a Omar Gómez Trejo y subsecretario de Gobernación a Alejandro Encinas; ambos se volcaron en atender a los damnificados por la violencia.
En agosto de 2022 Encinas rindió un informe devastador: “La verdad histórica fue una acción concertada… desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos”. En suma, fue “un crimen de Estado”. El respaldo a la versión de las familias disgustó al Presidente.
El entusiasmo de López Obrador con las víctimas se había enfriado y le irritaba constatar que su sexenio era el más sangriento de las guerras del narco. El Presidente se alió con un Ejército irritado y desautorizó y humilló a Encinas, quien fue abandonado a su suerte por la generación de luchadores sociales que optó por el silencio. Se hacía trizas la piñata de la esperanza: el fiscal especial se exilió en Estados Unidos y en su lugar entró un farsante, el GIEI asumió que carecía de espacio y dejó el país. Al gobierno ya no le interesaba ni la verdad ni la justicia.
Las familias siguen insistiendo en la entrega de los 866 folios del Ejército, que niega su existencia. Una integrante del GIEI, Ángela Buitrago, hizo una precisión clave en declaraciones periodísticas recientes: están desaparecidas las “conversaciones telefónicas de los criminales y los funcionarios entre las 21:20 y las 22:30 del viernes 26 de septiembre de 2014”. Durante esos 70 minutos desaparecieron los 43 normalistas y podrían estar ahí las piezas faltantes del rompecabezas.
Ayotzinapa es otra de las herencias emponzoñadas que recibe la Presidenta. Hasta ahora, en las cinco reuniones que ha tenido con los padres y madres de los estudiantes ha pateado hacia delante sus peticiones. El Ejército no entregará los folios, prometió una investigación renovada que no ha rendido frutos, cambió al farsante que estuvo de fiscal tres años y hace días coqueteó con la posibilidad de que viniera un mediador de la Organización de las Naciones Unidas. En suma, la Presidenta solo les ha concedido diez horas de su tiempo. Su lentitud y/o parálisis contrasta con la velocidad frenética con la que se llevan los casos del huachicol fiscal y de la Barredora.
En los últimos 50 años he visto ese guion una y mil veces. Los presidentes evaden todo lo que pueden a las víctimas y cuando se reúnen con ellas sacan la empatía y toman algunas medidas para ganar tiempo y carcomer las voluntades. Entretanto, aparecen indicios de que a Morena le interesa bastante poco el tema: en la manifestación de este año encabezada por las familias, el gobierno de la CDMX no proporcionó a los manifestantes la tribuna y el sonido para que se oyeran sus palabras.
A las madres y padres de Ayotzinapa solo les queda la unidad con otras víctimas. O las víctimas siguen fragmentadas o van camino de la irrelevancia.
Colaboró Elena Simón Hernández.
@sergioaguayo