Finalmente, esta semana se dio a conocer el fallo de la licitación para otorgar en arrendamiento diversos vehículos de seguridad para el municipio de Irapuato, dejando en evidencia un proceso que, lamentablemente, deja más dudas que certezas.
Existen, por lo menos, tres razones para cuestionar la asignación del contrato a la empresa ganadora:
Se dice que hubo diez empresas que mostraron interés y compraron bases, pero solo cinco de ellas presentaron propuestas, lo que, sin duda, habla de una convocatoria emitida sobre bases ajenas al mercado de arrendamiento de vehículos o con condiciones incumplibles por parte de empresas serias que se dediquen a este giro.
Por otro lado, y a pesar de ser una licitación pública nacional, de las tres finalistas ninguna de ellas es una empresa conocida que se haya distinguido por otorgar en arrendamiento vehículos al gobierno, acabando en tres empresas que más bien se dedican principalmente al transporte de personal, y todas ellas originarias de Irapuato y relacionadas entre sí.
Otro hecho muy objetable es que el proceso para aprobar el fallo se haya dado en una sesión privada del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato; sesión que no fue transmitida en vivo ni en la que se haya permitido el acceso a los medios de comunicación, algo inaudito hoy en día, en que todo debe hacerse con la mayor transparencia posible.
Entiendo que las comparaciones a veces son odiosas, pero en este caso vale hacerlo en la forma como funciona esa misma figura del Comité de Adquisiciones en León, el cual, durante la administración 2021-2024, sesionó por lo menos en 60 ocasiones, y en ninguna de ellas se prohibió el acceso a la prensa; todas fueron transmitidas en vivo a través de las redes sociales del municipio leonés.
Nuestros amigos de Irapuato se molestan porque dicen que León, al ser un municipio más grande, siempre se lleva más atención, recursos y apoyos por parte del Gobierno del Estado. Pero cuando vemos este tipo de decisiones por parte del Ayuntamiento de la ciudad fresera, se concluye que no deben de quejarse si ellos todavía toman decisiones como si fueran una ciudad pequeña. ¿O a quién se debe apoyar más: a una ciudad que aplica la opción de máxima transparencia como León, o a aquella que toma algunas de sus decisiones en lo obscurito? ¿Qué da más confianza?
Y, por último, y tal vez lo más importante: hace apenas tres meses la empresa adjudicada amplió su objeto social para incluir entre sus actividades el otorgar arrendamientos al gobierno, es decir, que la empresa está manifestando de forma implícita que no tiene experiencia previa en este tipo de arrendamientos al sector público, y menos tratándose de patrullas, motocicletas y camionetas blindadas. De ahí puede desprenderse la razón por la que ofrecieron el precio más bajo, en casi 28 millones de pesos: si no conocen el mercado, tampoco saben del mantenimiento ni de la siniestralidad a la que están sujetos ese tipo de vehículos.
La experiencia en este tipo de arrendamientos debió de haber sido un requisito para las empresas participantes, incluso comprobable mediante cartas emitidas por otras instancias gubernamentales con las que las empresas concursantes hayan tenido contratos previos. Al menos así se hace en León también. En cualquier instancia de gobierno y prácticamente para cualquier contrato se pide experiencia previa por parte del proveedor, para garantizar el cumplimiento del servicio o de los bienes adquiridos, además de las fianzas correspondientes.
El no tener experiencia debió haber sido causal de descalificación y, con ello, haberse declarado desierta la licitación, pues no había al menos tres proveedores. Pero cuando ya hay línea, pues hay que buscarle para encontrarle.
LALC