A instancia de una investigación periodística, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez está sujeta a un ejercicio de fiscalización social, sano. Un reportaje de AM, plantea una interrogante entre el costo de su nueva casa y sus percepciones como funcionaria. Hay supuestas diferencias, y ya veremos si son solventadas.
El trabajo periodístico, más allá de informar con veracidad, entregar opiniones sobre los temas de actualidad, como la que se vierten en este editorial, también debe de realizar investigaciones, para encontrar casos de corrupción, negligencia o abusos que pudieran darse dentro del entramado político-social de la comunidad. Así debe de ser, para que un medio, no solo sea un negocio, sino que sirva a los ciudadanos. Hay responsabilidades comunitarias en ello.
La alcaldesa ha reaccionado, a diferencia de muchos políticos, abriendo su casa al conocimiento de algunos interesados, y explicando en medios la dimensión y calidad de sus bienes, incluso mostrando sus estados de cuenta en bancos. La traen a raya y la examinan con lupa. Y que bueno que esto sea así. Lo que pensamos es que esta minuciosa acción debería de marcar un hito para los funcionarios públicos en general. El caso de Alejandra es un ejemplo que debe extenderse a muchos otros personajes de la política local, que seguramente hacen mutis frente a lo que ocurre en estos momentos en el municipio de León.
Con lógica implacable, muchos nos preguntamos por qué no les han sacado las cuentas a otros alcaldes. El caso de Guanajuato capital es patético. La acumulación patrimonial del clan gobernante es escandalosa y supera con creces lo que se ha revelado en León. Los milagritos han pululado. Compra de terrenos, nuevos negocios turísticos, más hoteles y mejoras sustanciales a sus propiedades originales. Mientras Alejandra Gutiérrez acude a la Contraloría municipal para que la investigue, los Navarro-Smith le truenan los dedos al sandio que sostienen como contralor para que finja que vigila. Solo encubre, esa es su función. Tiene pendiente la investigación del operador de los drenajes de la corrupción capitalina: Ludovico Mata, por el escándalo de los relojes de alto precio que fue a negociar a una famosa joyería de Miami. Otro hecho lamentable fue la compra de publicidad a la revista Alcaldes, con el fin de que esta, le asignara a la alcaldesa un premio por su “destacada gestión”. Todo, es una estrategia bien calculada para hacerse promoción personalizada, en violación al artículo 134 de la Constitución.
En Irapuato no cantan mal las rancheras, su presidenta municipal, Lorena Alfaro, se encuentra enredada por la contratación de renta de 66 patrullas de policía por 198 millones de pesos. ¿Hizo estudios de mercado?¿Cálculos financieros? Porque, en contraste, León acaba de comprar 115 patrullas por 62 millones de pesos. En las alcantarillas azules se comenta que en este negocio se encuentra involucrado Aldo Márquez. Insistimos, hay que hacerlos rendir cuentas.
Pero, ante las pesquisas leonesas, también se motivan otras interrogantes: ¿cómo se comporta el manejo patrimonial de la Gobernadora? ¿Dónde vive y qué niveles de gasto tiene?¿Es propietaria de alguna cuadra de caballos como su antecesor? Y es que la ciudadanía se encuentra escaldada por el escandaloso comportamiento del exgobernador. La conducta íntegra de nuestros funcionarios y representantes debe de propagarse y exigirse en todos los confines de los gobiernos de Guanajuato.
Es por eso que hay que obligar a nuestros funcionarios más próximos a rendir cuentas. No debemos dejar pasar casos como el regalo de una supercarretera a un consorcio constructor, basados en costos estratosféricos; el aumento discrecional del tiempo de usufructo de la concesión del libramiento de Celaya, a esa misma empresa; la compra súbita de semáforos en diversos municipios sin mediar estudios ni proyectos; la asociación con familias empresariales para distribuirse ganancias en el arrendamiento de vehículos al gobierno; y la caprichosa inversión en la infraestructura de una comunidad rural cercana a un desarrollo inmobiliario de amigos de Sinhue, para aumentar su plusvalía. No permitamos que se roben los dineros públicos.
El periodismo de investigación es un eje fundamental para la formación de un ambiente democrático en el que impere la honestidad. Ese es el verdadero contraste que debemos exigir que se construya en los gobiernos estatal y locales de Guanajuato, frente a los dislates de los funcionarios federales, diputados y senadores de Morena, que tan rápido olvidaron sus principios juaristas que aconsejaban: “los funcionarios públicos no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. Las trampas a este aserto, están siendo descubiertas por los periodistas.