Air, Bed & Breakfast (Airbnb) surgió en 2008 en San Francisco, California, cuando tres personas, de manera circunstancial, pusieron en renta un cuarto que se les había desocupado de su departamento.
Lo que empezó como la posibilidad de alquilar una habitación desocupada de una casa, u ofrecer en renta algunas propiedades que no se ocupaban todo el año por sus dueños, hoy en día se ha convertido en un modelo de inversión para muchas personas, mismo que compite contra la hotelería tradicional.
En Guanajuato, el crecimiento de esta inversión se ha detonado en ciudades turísticas como San Miguel de Allende, pero también ha brincado a ciudades que se distinguen más por los negocios y la industria, como León, donde esta opción de hospedaje ya es preferida por ejecutivos de empresas o extranjeros que pasan largas temporadas atendiendo sus negocios en la ciudad.
Como sucede muchas veces, cuando hay un “boom” de algo, muchos tratan de incorporarse al negocio sin analizar bien los riesgos implícitos que conlleva, lo que, al final, en este caso puede convertirse en un problema para el inversionista, pues este solo busca rentabilidad y no está preparado para resolver otro tipo de complicaciones.
Conseguir, a través de Airbnb, inquilinos de larga estancia para una propiedad puede representar un buen negocio, pues solo hay que esperar a que la renta se refleje en el estado de cuenta, sin necesidad de solicitar avales, pagar corredores inmobiliarios y, en algunos casos, ni se tiene que expedir factura. Pero el tener inmuebles amueblados para hospedaje y ponerlos en Airbnb para estancias cortas, como de un solo día, se convierte en un dolor de cabeza, pues hay que tener un equipo de personas que se encarguen de hacer el aseo, dar los accesos a los huéspedes, hacer inventarios, cambiar el mobiliario dañado y pagar la comisión a la plataforma. Además del problema de seguridad que representa no saber qué tipo de persona ocupará la propiedad, a grado tal que algunas asociaciones de condominios de edificios ya están prohibiendo aceptar inquilinos de Airbnb.
En Guanajuato, los inversionistas de Airbnb todavía tienen ventajas que representan una competencia desleal contra los hoteleros, pues siguen disfrutando el paraíso fiscal que esta actividad aún goza en nuestro estado. A pesar de que tenemos leyes que obligan a pagar el 5% de impuesto cedular a los inversionistas, más el 4% de Impuesto Sobre Hospedaje que deben pagar los huéspedes, hoy Airbnb no le retiene estos impuestos al inversionista, dejándolo a su libre voluntad cubrir sus obligaciones tributarias, que, ante una deficiente fiscalización del estado, propicia que pocos contribuyentes acaben pagando.
Hoy ya hay 19 estados que tienen firmados convenios con Airbnb para que la plataforma retenga y entregue a las tesorerías estatales los impuestos de esta actividad, pero, lamentablemente, Guanajuato no es uno de ellos. Dicen las autoridades estatales que la plataforma pretende firmar un convenio en el que solo se compromete a retener y enterar el Impuesto Sobre Hospedaje, pero no el impuesto cedular; ni quieren dar información de sus socios, ni darse de alta en los padrones estatales, ni mucho menos podrán hacerles auditorías.
Lo anterior parecería inaceptable, pero ya hay 19 estados del país que han firmado en estas condiciones y que ya están recibiendo millones de pesos por impuestos de esta actividad. ¿Se justifica que, cada día que pasa, el gobierno de Guanajuato deje de recibir recursos por no acatar una postura caprichosa de la plataforma? ¿O es legal que el Gobierno del Estado sea inflexible con las condiciones que pretende Airbnb para firmar un convenio, aunque esto cada día afecte a la industria hotelera local? El gobierno quiere todo de algo, pero no tiene nada de mucho.
LALC