Al declararse culpable ante el juez Cogan, en Brooklyn, Ismael “El Mayo” Zambada lanzó una gran sábana que cubre 45 años de delincuencia y corrupción vía el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, abarcando con ella por décadas a mandos militares, policías y personajes políticos.
Lo que aconteció en 1980 resulta historia antigua; nos parece más relevante lo ocurrido entre Zambada y quienes le brindaban protección desde 2018 hasta julio de 2024, sobre todo si quienes fomentaban la impunidad del capo no sólo están vivos, sino además un buen número -quizás- ejerciendo la misma función o aún dentro del servicio público.
Ahora bien, entendemos que los sobornos de los capos de los cárteles poseen al menos tres características: 1.- Son en efectivo; 2.- Quien recibe el soborno rara vez le extiende un recibo a quien lo soborna; y 3.- Es costumbre el uso de intermediarios: en los bajos niveles del poder público hay quienes reciben el dinero en persona, pero los encumbrados emplean cargamaletas, gente de su confianza que es enviada a recibir el soborno (o “donativo”), esto para dejar siempre viva la opción de la negación.
Este sistema impide que se cumpla la exigencia del Gobierno ante las declaraciones de “El Mayo” cuando solicita “que aporte pruebas” o “que se haga una denuncia”. Uno pensaría que la denuncia de delitos tan graves en una confesión formal de alguien tan importante en el narcotráfico se debería perseguir de oficio por la FGR conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública.
No corresponde a particulares -y menos a un reo- cumplir las funciones de la Procuraduría y entregarle todo en charola de plata. La justicia es la búsqueda de la verdad: corresponde al Gobierno aportar pruebas, pues debería ser el primer interesado en saber en quién puede confiar y en quién no, a la hora de aplicar la ley y garantizarle al ciudadano que todos sus miembros -políticos, militares o policías- defienden sus intereses y trabajan por la paz y el orden.
Si “El Mayo” corrompió a un titipuchal de servidores públicos para que lo dejaran “trabajar”, es obvio que la cadena de confianza con el ciudadano se rompió, que los encargados de aplicar la ley fueron los primeros en violarla y que su trabajo consistía en proteger a los delincuentes. Lo cual implica una gravísima traición.
Por ello afirmamos que el más interesado en saber la verdad debería ser el Gobierno mismo, siendo éste el que posee los organismos y métodos para investigar, acusar y castigar. Inquieta que la respuesta del Gobierno y de varios de sus voceros sea patear la lata o sacar el petate del muerto: Genaro García Luna, ya convicto y encarcelado.
Ello, cuando lo importante es saber ¿cuántos García Luna más hay actualmente en el Gobierno? Resultaría humillante y vergonzoso para el Gobierno mexicano que “la verdad” se revelara en EU antes que en México.
Rehúsa el aplauso este Gobierno cuando se le reconoce su excelente colaboración con las autoridades norteamericanas en la lucha contra los “generadores de violencia”. ¿Por qué esa renuencia a aceptar que colaboramos, y mucho? En Estados Unidos lo presumen; en México se genera la apariencia de que nos avergüenza. ¿Acaso se protege a alguien?
No se entiende, sobre todo cuando se trata de una de las pocas cosas que hasta ahora está haciendo bien el Gobierno mexicano. En fin: bien sabemos que en este nuestro México Mágico lo que importa realmente no es lo que dicen nuestros políticos, sino lo que hacen. Bien que colaboren en los hechos, aunque en los dichos lo nieguen.
Finalmente, lo que a los ciudadanos nos preocupa son los resultados, y si por fin el Gobierno captura huachicoleros, extradita narcotraficantes, destruye laboratorios de fentanilo y decomisa cargamentos de fármacos, opioides y mariguana, entonces cumple con su responsabilidad. Eso es lo que los ciudadanos pedimos a todo Gobierno, de manera que el siguiente paso es que éste, el actual, nos diga a quién sobornó Zambada.