El guanajuatense Jorge Rangel de Alba Brunel es un empresario admirable por su trayectoria. A temprana edad se hizo cargo de la agencia de autos Ford en Guanajuato. Una distribuidora pequeña porque la ciudad tiene un mercado limitado. Con ese patrimonio comenzó a crecer con más negocios automotrices.
Al tiempo, inició otros negocios financieros como el Banco IXE, que vendió con sus socios a Banorte. Con el respaldo de las empresas automotrices, inició el negocio de casas de cambio y, al tiempo, consolidó CI Banco a partir de su empresa Consultoría Internacional. Amplió también la diversificación de muchas marcas automotrices como Mercedes Benz, Nissan, Mazda, entre otras.
Pero la joya de la corona es CI Banco, que se convirtió en uno de los fiduciarios más grandes de México. Uno de sus fuertes es la administración de fideicomisos, según mencionan algunos expertos. De hecho, había comprado la operación fiduciaria a Deutsche Bank.
Rangel de Alba nunca esperó que el gobierno de Estados Unidos, en particular el Tesoro y el FinCEN, bloquearan su operación por presunto lavado de dinero. Intercam, Vector y CIBanco se convirtieron en chivos expiatorios de las violentas decisiones del gobierno de Donald Trump. Encajonado, excluido del sistema de pagos, CIBanco dejaría de tener acceso al sistema de transferencias internacionales. Visa, la operadora de tarjetas de crédito, había suspendido miles de tarjetas de débito en divisas internacionales. El banco tuvo que liquidar los saldos de más de 150 mil tarjetas con saldos en dólares, euros y otras monedas.
Como si fuera poco, las calificadoras redujeron su posición; las armadoras de autos que hacían negocio con CIBanco en los créditos automotrices también se distanciaron. El evento fue un tsunami financiero donde “justos pagaron por pecadores”.
Sabemos que es imposible que la banca nacional y extranjera vigilen todas las transacciones de lavado de dinero. Tan no lo pueden hacer, que cientos de miles de millones de dólares circulan entre continentes, países, empresas y personas físicas.
El daño ocasionado a la institución bancaria trasciende la frontera, porque opera fideicomisos en Estados Unidos. Congelar al banco es congelar fondos de pensiones, empresas que hacen negocios a través de la frontera e incluso empresas gubernamentales con sus fideicomisos, como la CFE.
Sabíamos que Jorge Rangel estaba en Washington peleando contra gigantes, pero nunca imaginamos que, para no dejar en vilo a funcionarios y empleados, a socios y empresas que confiaron en el banco, demandaría al propio Tesoro estadounidense, en particular al secretario Scott Bessent. Pone toda su apuesta a la legalidad que debe prevalecer en las instituciones de justicia norteamericanas. Desconocemos cuáles son las posibilidades de su demanda en contra de Bessent y de la directora del FinCEN, Andrea Gacki.
Es probable que no haya tenido otra salida para negociar. Con súplicas y explicaciones de que su banco jamás tuvo intención de lavar un solo dólar, al gobierno norteamericano le valdría un cacahuate el destino de CIBanco, sus empleados, su valor y el patrimonio de un gran empresario mexicano. En cambio, una demanda a la autoridad, si bien es fortuita como todos los litigios, hará que Bessent y Gacki manden arreglar el injusto castigo. Antes del 4 de septiembre sabremos si la audacia y la enjundia de Rangel de Alba de demandar al mismísimo secretario del Tesoro norteamericano rinde frutos.