Esta semana se dio a conocer una iniciativa del municipio de Irapuato para incorporar 66 vehículos a sus cuerpos de seguridad, pero el Ayuntamiento pretende hacerlo mediante un arrendamiento y no a través de una compra de contado. Esta iniciativa despierta la necesidad de hacer un análisis sobre su conveniencia y consecuencias.
La única razón financiera para adquirir un vehículo a través de un arrendamiento es la no disponibilidad de los fondos (públicos o privados) para hacerlo mediante una sola exhibición, o que teniéndolos esto pueda provocar una descapitalización de la entidad que los adquiere. Invariablemente la adquisición de vehículos mediante arrendamiento es más onerosa, pues lleva implícito un costo financiero en la renta (intereses), que representa la utilidad de las empresas arrendadoras.
Si un municipio importante como Irapuato no dispone de fondos para comprar sus patrullas de contado, que es una inversión básica de cualquier ayuntamiento, entonces más bien debemos de preguntarnos qué tan frágiles están sus finanzas, y no de las “bondades” de vigilar con patrullas rentadas haciendo pagos mensuales.
Uno de los pocos atractivos que existen al arrendar vehículos es la posibilidad de lograr una deducción fiscal mayor, pero esto solo aplica cuando el adquirente es una entidad privada que está obligada a pagar el Impuesto Sobre la Renta; pero este beneficio no aplica para los municipios, ya que al ser entidades públicas no pagan impuestos propios, pues solo los retienen.
La justificación que hacen los ediles panistas de Irapuato para adquirir los vehículos mediante arrendamiento es la corta vida útil de una patrulla, lo cual es cierto, ya que las mismas sufren un desgaste mayor que cualquier otro vehículo, debido al intenso uso que se les da a las mismas. Pero implícitamente lo que están anticipando (de manera torpe) es que piensan regresar las patrullas al final del contrato de arrendamiento, y no tomar la opción de adquirirlas, lo que seguramente provocará que las arrendadoras se protejan incrementando las rentas mensuales, para que al final del contrato puedan deshacerse rápido de las patrullas devueltas, pues su negocio es financiero y no quedarse con vehículos para tratar de venderlos, y menos si son vehículos desgastados o incluso averiados.
El último recuerdo que se tiene de algo similar se dio León, cuando en febrero de 2013, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento destinó 37 millones de pesos para la compra de 150 automóviles (no patrullas) mediante arrendamiento, lo que originó un escándalo a niveles nacionales, pues la Contraloría Municipal determinó que hubo un sobrecosto de 16 millones de pesos que se pudieron haber ahorrado si se hubieran adquirido de contado.
En el pasado Ayuntamiento de nuestra ciudad 2021-2024 tuve la responsabilidad de presidir el Comité de Adquisiciones, por donde pasaron todas las compras de vehículos y patrullas que llevó a cabo la administración municipal, y en ningún caso estos se adquirieron a través de arrendamiento, y eso que nuestra ciudad tiene aproximadamente 4 mil vehículos oficiales, la mitad para las corporaciones de seguridad y la otra mitad para las áreas administrativas.
El arrendamiento de vehículos no se justifica en el sector público, pues en la operación se generan intermediarios financieros y ganancias privadas innecesarias, además de que los beneficios que se pueden obtener no son aprovechables fiscalmente, y tampoco garantizan tener un parque vehicular suficiente y en buen estado; no es la forma de renovar el equipo de transporte y de seguridad municipal. Pero tal vez el municipio de Irapuato ha descubierto el hilo negro o no aprendieron de la fallida arrendadora estatal GTO Leasing. Esto parece más una oportunidad para el negocio de alguien.
AVG