Si puedes vivir en medio de la injusticia sin sentir enojo, entonces eres tanto inmoral como injusto, decía Santo Tomás de Aquino. Alejandro Alfredo Martínez Noguez, el Hijo del Llanero Solititito, no era monedita de oro para algunos, pero para el pueblo, “El Llanerito”, como le llamaban, era un periodista respetable y confiable.
El Hijo del Llanero Solititito, abrió una nueva forma de emprender la labor de informar y posicionarse frente a los medios de comunicación tradicionales. Su trabajo de nota roja, adquirió formas de denuncia muy valiente, y el pueblo tuvo acceso en vivo a noticias que eran opacadas u omitidas institucionalmente. Su labor periodística tuvo su mejor momento cuando nuestra ciudad, literalmente, sudaba sangre, y había un silencio de muerte en todos los sitios de la vida social, comercial, y en donde los oportunistas de la política se escondían debajo de su cama.
El trabajo del “Llanerito” contribuyó para que la ciudadanía tomara distancia electoral de los gobiernos panistas, por su comportamiento pasivo ante la inseguridad. Sus reportajes en vivo, más de una vez, levantaron la indignación colectiva por los atropellos de la policía municipal, misma violencia que él sufrió en varias ocasiones. De cierta forma, el actual gobierno le debe una buena parte de los espacios que hoy detenta, por una sencilla razón, los cambios sociales no llegan solos, ni caen como gotas de agua, son el resultado de aquellos que se atreven a denunciar, de aquellos que se atreven a enfrentar al poder corrupto, de aquellos que no guardan silencio frente a las injusticias. No hubo una voz de los trepadores que fuera pública, y de la que haya registro en esos tiempos.
Como muchos periodistas que han sido testigos de la rapacidad y el cinismo de los gobernantes, “El Llanerito” no creía en los políticos, vivía de su trabajo y de sus riesgos. Era popular en redes sociales, y conectaba con decenas de miles de seguidores en el momento en que abría una trasmisión en vivo. Por esa conexión con la gente, en las épocas electorales era el hombre a más buscado por los candidatos, cobraba como cualquier profesional, y no era complaciente. Muchos políticos en busca de futuro gratuito, fueron rechazados, y se ganó su enemistad. No fiaba, y mucho menos a los arribistas.
Su desenfado le permitía convivir, y mostrar la cara del pueblo trabajador, los de abajo, los que salen todos los días a ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo mismo promovía las gorditas de Tierras Negras, que los tacos del Chueco, el atole o tamales de Valle Hermoso. Era muy popular, e incluso se dio el lujo de desdeñar la candidatura de Morena a la presidencia municipal.
A un año de su muerte, se resiente la ausencia de su trabajo; las coberturas con su estilo y con su audacia se acabaron. Hoy lo que quedan son pendientes, irónicamente, que no quieren saldar quienes, desde la comodidad del silencio, se treparon al tren de la esperanza bajo el disfraz de redentores.
“No disparen soy periodista”, era la frase que portaba en la espalda de su chamarra “El Llanerito, después del primer atentado a su vida. Y dispararon, pero no solo con balas de plomo, sino también con balas de desprecio a su familia y a sus hijos, precisamente, los otros, los falsos redentores.
LA QUEJA Y LA RECOMENDACIÓN DE LA PRODHEG
El asesinato del periodista, Alejandro Alfredo Martínez Noguez, motivó la RESOLUCION DE RECOMENDACIÓN de la PRODHEG, emitida el 6 de enero del 2025, visto para resolver el expediente 1371/2024… por la probable violación de derechos humanos en agravio de (Alejandro Martínez N.), en contra de personas integrantes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Celaya Guanajuato, que a la letra, dice: En términos de los artículos 5 fracción VII y 57 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, esta resolución se dirige a la persona titular de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato -Juan Miguel Ramirez Sánchez- en su carácter superior inmediato de la autoridad responsable. El motivo: el 4 de agosto de 2024, (el referido, Alejandro Martínez N.) fue privado de la vida cuando iba escoltado por personal de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato.
El 12 de diciembre del 2024, se ratificó la queja por quien se le reconoció con el carácter de victima directa, de conformidad con la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, además de 5 descendientes directos -tres menores de edad-. Sobre el reconocimiento a los niños, señala, se tomó en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niños, considerando en forma primordial LA ATENCION AL INTERES SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Los resolutivos, que deben acatarse, en virtud de la aceptación de la recomendación de la PRODHEG fueron: primero: se otorgue una compensación a las víctimas indirectas; segundo, se emita una disculpa pública dirigida al gremio periodístico; tercero, se inicie una investigación por la autoridad competente; cuarto, se entregue un tanto de esta resolución a la autoridad responsable, y se integre una copia a su expediente personal; sexto, realizar las gestiones necesarias para instrumentar o implementar protocolo de actuación de las autoridades municipales de Celaya, Guanajuato, todo lo anterior de acuerdo a lo señalado en la referida resolución.
La autoridad a quien se dirige la resolución de recomendación, señala: deberá informar a la PRODHEG, si la acepta, en un término de cinco días hábiles siguientes a su notificación; y en su caso, dentro de los siguientes quince días naturales, APORTE LAS PRUEBAS DE SU DEBIDO Y TOTAL CUMPLIMIENTO.
EL INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION.
La persona adulta, reconocida como víctima directa, denunció ayer públicamente, irregularidades en el acatamiento de lo dispuesto en la recomendación de la PRODHEG. Señala que: en una reunión el alcalde ofreció becas, pese a que su hijo no está en edad escolar; que la reunión conjunta con las dos familias fue imprudente, y que debieron tratarse como casos separados; que no se le considera como víctima; que el municipio incumple con las compensaciones económicas.
Llama la atención, el trato insensible, y la falta de empatía del alcalde con los hijos y familia del “Llanerito”, cuando la denunciante señala que el alcalde advirtió a las víctimas que “ahorita el municipio no tiene dinero y los vamos a apoyar con becas”. La declaración, es simplista porque el municipio tiene un presupuesto de 3 mil millones de pesos; la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a su vez, recibe cerca de 900 millones de pesos anuales, y en estos días, recibirá 1 millón de pesos por horas extras laboradas en el Feria de Verano, que por cierto, costó 35 millones de pesos, y duró 10 días. La lista sería interminable de gastos inquietantes para los celayenses, que no se comparan con la deuda moral, institucional y jurídica que está obligado subsanar.
En este caso, violentar los derechos humanos al revictimizar a los familiares de Alejandro Alfredo Martínez Noguez, es inaceptable, e institucionalmente es quebrantar nuevamente el Estado de Derecho, porque el asesinato puso en tela de juicio el sistema de protección a los periodistas, y la falta de certeza jurídica a los habitantes de Celaya, y desde luego, es un error inhumano que puede tener más consecuencias para el municipio.
EL ALCALDE DE LA REVICTIMIZACIÓN.
El alcalde Juan Miguel Ramírez, no debería estar tranquilo, porque puede ser denunciado por no acatar las recomendaciones emitidas por la PRODHEG, especialmente si su omisión constituye una violación a derechos humanos, una falta administrativa grave o una conducta que implique responsabilidad política o penal. Y otra, que debería de tener en su agenda de crecimiento político: responsabilidad política, si se demuestra el incumplimiento reiterado de obligaciones legales o resoluciones; otra más, procedimiento de juicio político (Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado), o demanda de inhabilitación o destitución, promovida por el Congreso del Estado. Los periodistas está claro que no son intocables, pero sí testigos de las constantes violaciones a la Constitución, y tienen en sus manos la memoria del acontecer diario en Celaya.
Mientras tanto, si el incumplimiento de la Recomendación 1371/2024 genera afectaciones continuas, como revictimización o dilación injustificada, podría considerarse una violación continuada de derechos humanos, sobre todo, del derecho a la reparación integral y al debido proceso administrativo. Por ello, los afectados pueden denunciar ante la PRODHEG, una nueva queja por incumplimiento de recomendación. Aunque el caso es estatal, si se acredita una afectación sistemática, puede intervenir por atracción la CNDH. Y ya que prepara el Primer Informe de Daños a Celaya, que no se le olvide éste.
REVOLCADERO.
La actuación frívola y desinformada del alcalde le hace perder legitimidad y reconocimiento en la búsqueda de su reelección. En este escenario de alta violencia e impunidad, el desinterés por los Derechos Humanos en la administración pública, y particularmente por la evasión de la reparación integral del daño causado por la institución que dirige, lo deja muy mal parado. Urge reconstruir Celaya con un sentido de responsabilidad social, y humanista.