Mientras más nos adentramos en los detalles y precedentes de la entrega de la concesión de las carreteras Silao-San Miguel y la de Guanajuato a Silao, por parte del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez a un consorcio internacional encabezado por la empresa leonesa VISE; más nos convencemos que el camino hacia un gobierno populista está trazado por la inacción de la actual administración frente a la corrupción.
En estas curiosas vidas paralelas que suceden en la política, al modo de la literatura clásica con Plutarco, Claudia Sheinbaum y Libia García se miran en el mismo espejo. Ambas comparten un pesado lastre sobre sus espaldas, casi imposible de aligerar. López Obrador y Diego Sinhue les colocaron grilletes que les impiden gobernar libremente, condicionándoles su futuro y condenándolas a una inmerecida humillación.
Pero centrémonos en Guanajuato, compartiendo la información sobre la vía Guanajuato-Silao (activo, la denomina el exgobernador), que se ha convertido en el punto focal del debate sobre acciones corruptas de la pasada administración. Luego de una visita al Archivo Histórico, pudimos revisar los informes III y IV del gobernador Corrales Ayala, donde se consignan los montos de inversión durante los años 1988 y 1989 para construir la gran carretera que comunicaría la capital del estado con el nuevo Aeropuerto del Bajío, también edificándose en ese tiempo. La inversión directa realizada por el Estado fue de 13 millones de pesos.
Pero la cuestión más significativa, surgió de la indagación sobre la bursatilización de la autopista. Esta sugestiva historia, cuadra con la actual controversia que estamos padeciendo en 2025 los cuevanenses. Resulta que Lino Korrodi, un personaje complejo que rondó a los gobiernos panistas, se apersonó para proponer la adquisición del derecho a explotar por 30 años la autopista Guanajuato-Silao, a cambio de diez millones de pesos. El gobernador Vicente Fox le pidió a su secretario de Planeación y Finanzas, José Luis Romero Hicks, que se encargara de evaluar la propuesta. José Luis, con una formación financiera sólida, que lo llevaría luego a ser el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEX), sopesó el planteamiento empresarial que no sonaba tan mal. La carretera había costado 13 millones y podrían obtenerse hasta 15 millones con el grupo de particulares que encabezaba Korrodi. La concesión sería por tres decenios y estaría terminando en 2027. ¡Negociazo con los números de esa época! El Estado tendría una buena cantidad de dinero para invertir en otras obras. Pero ojo, pongan atención en lo que pasó.
Curiosamente la reacción del Secretario de Finanzas no fue como se esperaba. Romero Hicks decidió, con sorpresa para los interesados “que los mercados hablen”. Así, con el aval del Gobernador inició el diseño de dos nuevas leyes: de Obra Pública y de Deuda Pública, con la finalidad de modernizar la regulación de empréstitos y las formas de construir obras en nuestro estado. Ello permitió plantear una nueva opción: bursatilizar la carretera, convirtiendo sus flujos futuros en instrumentos negociables en el mercado de valores a través de Certificados de Participación Ordinarios (CPO’s). Y… ¡Aleluya! La colocación fue un éxito, ya que logró recaudar ¡82 millones de pesos! En lugar de los 10 o 15 que ofrecía el grupo empresarial.
Al éxito en la cantidad recaudada se sumó que la colocación fue “limpia”, sin garantías, sustentada solo en el riesgo del proyecto. Tuvo también los siguientes beneficios: una enorme liquidez anticipada para financiar proyectos prioritarios; apertura hacia el mercado bursátil mexicano; y descompresión de la capacidad de endeudamiento, al no comprometer participaciones. La Capital del estado se benefició, porque con parte de esos recursos se construyó el par vial de las curvas peligrosas, que permitió el acceso hasta Guanajuato en 4 carriles, así como la perforación y urbanización del largo túnel Ponciano Aguilar.
Por eso debemos ser ásperamente críticos de la decisión dolosa y torpe tomada por el gobernador Sinhue y su secretario Héctor Salgado, de entregar a un consorcio particular la explotación de la autopista de los guanajuatenses, en lugar de utilizar el bien público como palanca propia de financiamiento. ¿Por qué no actuó el gobierno anterior como lo hicieron Vicente Fox y Romero Hicks? La respuesta es obvia: Diego decidió entregarle el negocio a una sociedad con la cual hay acuerdos muy raros y sospechosos.
Libia García debe reaccionar rápido ante tal despropósito para que su gobierno recupere la malversada autopista. De otra manera, la carga política por omisión frente a tan grave injusticia, habilitará una nueva supercarretera: la que conduce a Morena.