A tocar corazones
Tal como se había prometido el 22 de julio por parte de Gobierno del Estado, el miércoles, Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo, publicó cinco convocatorias, para diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que concursen por los apoyos económicos que dará el programa Tocando Corazones, que sustituye al extinto Fidesseg.
Como se recordará, estas convocatorias son producto del acuerdo alcanzado el 22 de julio entre la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; los 6 presidentes de los consejos coordinadores empresariales del estado; las dos fundaciones que tenía el Fidesseg: Actuando por Guanajuato y Fe Guanajuato, presididas por Juan Carlos Usabiaga y Gerardo Pons, respectivamente, y algunas organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, se pudo terminar de extinguir el polémico fideicomiso y se dio paso a este nuevo modelo de apoyo a las organizaciones sociales.
Lo destacable en las cinco convocatorias es que en todas hay varios requisitos, que en realidad son “candados”, que es evidente que fueron incluidos para evitar caer en las mismas observaciones (irregularidades administrativas) que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en la auditoría que practicó a la aplicación del Fidesseg durante los años 2020 a 2024 y cuyos resultados fueron públicos y que en total sumaron 214 millones 409 mil pesos en dinero otorgado a fundaciones y organizaciones, que en su gran mayoría sí fue aplicado pero no fue comprobado o se aplicó en rubros que no debería de aplicarse.
Estos requisitos -”candados”- fijados para las organizaciones que busquen ser financiadas de aquí en adelante con el dinero del nuevo programa son:
Los montos máximos de apoyo a cada una de las organizaciones de la sociedad civil y “grupos organizados”, que busquen recibir financiamiento del nuevo programa del Gobierno Estatal Tocando Corazones, irá de entre 100 mil pesos hasta 15 millones de pesos, pasando por un millón, 3 millones, 8 millones y 15 millones, dependiendo del grado de experiencia y antigüedad de la organización.
Esta previsión es con el fin de que no vuelva a ocurrir lo mismo que pasó con las dos fundaciones y algunas organizaciones que “se despacharon con la cuchara grande” y dispusieron a placer de cantidades millonarias, superiores a los montos referidos, que al final no pudieron comprobar en qué se lo gastaron, total o parcialmente, o lo aplicaron sin cumplir con ciertas reglas.
Aclaramos que la auditoría nunca encontró fraudes, desviaciones de recursos o malversación de fondos. Es decir, no se encontraron situaciones graves.
Ejemplos de esa disposición a manos llenas hay varios, y son las observaciones mayores encontradas por la ASEG: Las dos fundaciones no presentaron entregables (documentos que acreditaran los resultados de la aplicación del dinero recibido) por 29,655,203 entre las dos.
Aunque se estableció la posibilidad de que, “de manera excepcional y con aprobación del Comité de Selección de Proyectos, se podrá autorizar un monto mayor al establecido, cuando la organización acredite y justifique que el proyecto lo amerita por el impacto social que tiene en el estado de Guanajuato”.
No apoyo a familiares
Un segundo requisito es: “Para acceder a estos apoyos deberán asegurarse de que los recursos públicos no se destinen a actividades de autobeneficio ni de beneficio mutuo. Esto significa que los apoyos no deben beneficiar directamente a sus integrantes o familiares hasta el cuarto grado civil”.
Este “candado” fue hecho como traje a la medida para que no se vuelva a repetir esta observación que encontró la ASEG en la auditoría, dada a conocer por AM el 28 de junio: Un total de 27 miembros o familiares de los directivos de 17 asociaciones civiles recibieron pagos del recurso que les había dado el Fidesseg para financiar sus proyectos, por un total de 13 millones 149 mil 141 pesos.
Quien “se despachó con la cuchara grande” fue Juan Carlos Juárez Vázquez, sobrino de la tesorera del Patronato del Hospital Materno de San Luis de la Paz, pues recibió él solo 8 millones 541 mil 185 pesos, que fue casi dos terceras partes de los 12 millones 801 mil 822 pesos que había recibido en total el patronato para su proyecto de atención al albergue.
También lo hizo María Carolina Matheus Troconis, presidenta del consejo de administración y representante legal de Apoyo a Mujeres en Salud del Seno, A.C., quien recibió, en dos años, 1 millón 208 mil 700 pesos y su hija Mariana Carolina Bermúdez Matheus 216 mil 194 pesos.
En total, madre e hija recibieron del FIDESSEG 1 millón 424 mil 894 pesos que iban destinados a la asociación civil mencionada. Pero no fueron los únicos.
Que no hagan chamba del gobierno
Un tercer requisito para las organizaciones será: “Que sus actividades y fin social sean congruentes con la naturaleza y alcance de los proyectos que presenten, sin que involucren acciones de inversión pública, infraestructura, equipamiento, adquisición de bienes o servicios vinculados con funciones o servicios públicos competencia del Estado o de los Municipios”.
Es más claro que el agua que este ”candado” servirá para que no se vuelva a incurrir en las seis observaciones de incumplimientos legales que consistieron en financiar proyectos de seguridad pública en instancias municipales de León, Celaya y San José Iturbide cuando no debieron hacerlo porque esa función de seguridad pública es obligación, por ley, de los Gobiernos municipales, señalaron con todas sus letras los auditores en el Informe de Resultados de la auditoría al Fideseg.
El financiamiento a estos proyectos fueron las observaciones monetariamente más grandes de las 34 de la auditoría -no el dinero gastado por las organizaciones civiles, vale la pena destacar-:
El Fidesseg autorizó cuatro proyectos de seguridad pública a la Fundación León Agradecido, A.C., por un total de 58 millones 249 mil 86 pesos, para acciones que debería llevar a cabo la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, principalmente la instalación de tecnología de videovigilancia.
El Fidesseg autorizó el proyecto «Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911 de San José Iturbide, Guanajuato para el fortalecimiento de las coordinaciones institucionales» a Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, Gto., A.C., por 39 millones 16 mil 333 pesos.
Y Fidesseg autorizó el proyecto «Fortalecimiento y modernización del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo C4 de Celaya» al Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C. El monto asignado al proyecto fue de 38 millones 512 mil 77 pesos.
La suma de estas tres observaciones ascendió a 135 millones 777 mil 496 pesos, es decir, el 63.3% del total de los 214 millones 409 mil 74 pesos de observaciones.
En síntesis, con los requisitos establecidos en las nuevas convocatorias, la Secretaría del Nuevo Comienzo busca no volver a cometer los mismos errores que cometió el propio Fidesseg en el sexenio pasado, cuando estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).
Comerciantes, no ven la salida
Estos días que otra vez se puso en el foco público el tema de los préstamos “gota a gota” que sufren los comerciantes de varias ciudades del estado, una es León, con intereses impagables y cobros extorsivos, la pregunta es: ¿Por qué siguen?
El lunes, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos encabezó los honores a la bandera en el Jardín del Coecillo y después visitó el Mercado San Francisco, ahí comerciantes informales le solicitaron que se les permita instalarse en la zona peatonal “para poder pagarle a ‘Los Colombianos’ las cuotas que exigen por los préstamos exprés que hacen, por la necesidad que tienen para poder comprar su mercancía”.
Una investigación realizada desde el 2017 por el diario El País de Cali, con el apoyo y la asesoría editorial de la Plataforma Periodística para las Américas, Connectas, titulada “La expansión del gota gota en América Latina” reveló como este esquema que nació en Colombia para el lavado de dinero a finales de los noventas, se ha expandido a 16 países del continente, entre ellos México.
El texto relata sobre colombianos, entre deportados y en la mira de las autoridades, “asentados en Ciudad de México y en 17 estados más como Guanajuato, Veracruz y Puebla, donde tímidamente empezaban a asomar en los comandos de Policía las víctimas; movidas más por el desespero que generan los cobros, las amenazas y las extorsiones, que esperando la protección de sus autoridades”.
El problema en el estado de Guanajuato hace tiempo que se conoce pero no hay acciones efectivas de ningún nivel de autoridad, ni en lo preventivo ni en el combate a la impunidad con la que operan para prestar con altísimas tasas y para cobrar.
La gobernadora Libia García dice que el tema ya está en la mesa del Grupo de Inteligencia Operativa y se ha abordado con el Instituto Nacional de Migración. Y recuerda que pueden contar con la financiera “Tú Puedes Guanajuato” para solicitar préstamos para emprendedores y empresarios con requisitos y tasas accesibles.
La financiera “Tú Puedes” que dirige Ivon Padilla Hernández fue lanzada en enero de este año en sustitución de “Fondos Guanajuato”, que a su vez sustituyó al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo (Sefide) Guanajuato. Su misión es ser una verdadera opción de crédito para todos y todo el tiempo. Si algún comerciante opta por préstamos “gota a gota” y no por esta opción, algo está mal.
El problema no se reduce a “Los Colombianos”, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en el país se han detectado 686 ‘apps’ que ofrecen préstamos de dinero para posteriormente extorsionar. Todo un mercado.
Iniciativas arrumbadas
Como respuesta a esta problemática el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado presentó desde mayo del 2024 una iniciativa en materia de cobranza judicial ilícita y otra más en octubre del mismo año en materia de “monta deudas” o “monta préstamos”. Sin embargo el seguimiento y análisis de las mismas ha sido nulo.
En ambas iniciativas el trámite reportado es que está “pendiente mesa de trabajo con las opiniones de las autoridades”, o lo que es lo mismo, no hay nada.
La referente a cobranza judicial ilícita tiene el objetivo de “incrementar la sanción penal en el delito de cobranza extrajudicial ilícita (monta deudas) en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación, se utilicen armas de fuego, intervenga un servidor público, se utilicen menores de edad, se forme parte de un grupo de prestamistas y se ostente o se pertenezca a una organización criminal”.
La segunda de las iniciativas pretende “establecer que constituyen operaciones con recurso de procedencia ilícita las inversiones o reinversiones destinados a préstamos fáciles, fuera del sistema financiero mexicano, es decir, irregular como el utilizado por los “monta deudas” o “monta préstamos”.
Ambas se refieren a reformas que tocan el Código Penal del estado de Guanajuato. Así que dichas iniciativas están en la cancha de la Comisión de Justicia que preside la morenista María Eugenia García Oliveros, quien por cierto busca la coordinación de su bancada. También la integran: Ruth Tiscareño (PRI), secretaria; y como vocales los panistas Jared González, Susana Bermúdez y Rolando Alcántar.
En la exposición de motivos la bancada tricolor que coordina Alejandro Arias advierte que no basta procesar a uno que otro delincuente por delitos como extorsión, amenazas, fraude, sino se combaten las estructuras económicas.
“Hasta la fecha estamos en presencia de organizaciones o estructuras criminales que operan con total impunidad, incluso llegando al descaro de promocionarse en redes sociales, revistas, periódicos, anuncios en la vía pública, etc., sin que se haya intervenido hasta la fecha en forma eficaz por la autoridad competente.
“Por eso, los iniciantes consideramos que no podemos seguir manteniéndonos pasivos ante el clamor social por el grave daño que están causando estos criminales, no debemos estar a la espera de que se denuncie y sancione sólo una extorsión, unas amenazas, unos daños por incendio, un secuestro o hasta un homicidio, etc., vayamos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para afectar la estructura económica de estos grupos criminales”, plantean.
Vamos a ver si se animan finalmente a entrarle a este grave problema o seguimos mirando para otro lado.