Se acabaron las viejas glorias del transporte público cuando movilizaban más de 300 mil personas diariamente, la pandemia, el huachicol y la lejanía de los nuevos centros urbanos terminaron con ellas. Para los usuarios, solo ha sido una molestia que se agudiza al paso del tiempo.
Debo decirle, que el transporte público, es un asunto que poco les ha importado a las administraciones municipales, lo han considerado como un complemento de sus actividades extrapolíticas que pueden usar y recompensar con las tarifas. El transporte público ha sido por siempre, una moneda de cambio, no hay acarreo político sin transporte, y no hay una carrera política municipal, que no esté ligada a este servicio. Y quizá el deterioro físico de este sistema de transporte, es una estampa del deterioro político de quienes lo usaron como adminículo, pensando que la población no se los cobraría nunca.
Citar las Leyes, me parece una buena forma de invocar el futuro, o la justicia divina que algún día caerá como rayo electoral sobre la cabeza de los políticos, que desprecian el juicio de los ciudadanos. Me pareció lo anterior, una evocación involuntaria de mi profeta preferido, Ezequiel, pero valga la pena. Sigo.
La Ley para el gobierno y administración de los municipios del Estado de Guanajuato, señala que “el Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo”. He dicho que, para una ciudad, todo mal, o bien, comienza en el momento que se elige a una persona para que represente los intereses de la población. En ese sentido, cuando un mal aparece y permanece, el acto político de elegir, sin lugar a dudas, nos señala una equivocación política.
Las personas que se eligen, no es bajo el supuesto, que cometerán errores como humanos que son, sino que como humanos que son, los evitarán. En ese sentido, consideramos que respetarán la Ley, que su estado de ánimo, intereses personales, filias y fobias, se quedarán a un lado, porque no se eligieron para que den rienda suelta a sus caprichos, a sus gustos, o disgustos, sino porque ofrecieron respetar el ESTADO DE DERECHO, es decir, obligarse a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. ¿Puro rollo? Sí, cuando dejamos pasar los atropellos.
Lo anterior es el punto de partida para cualquier debate serio, responsable y de exigencias ciudadanas. A los servidores públicos, no solo se les pide un certificado de antecedentes NO PENALES, sino el respeto irrestricto a las Leyes. Todos son buenos hasta que no muestran el cobre, o escondan las 33 monedas de plata.
Así como le dimos el poder de representarnos a los servidores públicos, y de usar los recursos públicos en nuestro nombre, también les pusimos obligaciones, y lo establecimos como DERECHOS. De tal manera que, por nuestro derecho, están obligados a tener un Gobierno Abierto, que se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación al desempeño, participación ciudadana. Por eso existe, la temporalidad del cargo, y el voto como un instrumento de continuidad, o terminación del cargo. Los representantes populares son aves de paso, y muchos se quedan untados en el pantano.
Lo anterior nos sirva de contexto para comprender que el derecho de la población a vivir con dignidad, no es un tema moral que se queda en el limbo de la apreciación personal, no, desde luego qué no, es un asunto de DERECHOS Y OBLIGACIONES, de quienes asumen LA REPRESENTACION del pueblo para resolver sus necesidades. Y en el tema del TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, EFICAZ, CÓMODO, ACCESIBLE es una obligación que puede omitir o eludir el Ayuntamiento Municipal, bajo el supuesto de la ignorancia, conformidad o indiferencia de los usuarios, pero el tiempo, el inexorable tiempo trae el juicio ciudadano en una boleta electoral.
Y bien cuando hablamos de derechos, estos son muy claros, cito algunos: utilizar los servicios públicos que preste el Municipio; proponer ante las autoridades municipales, las medidas o acciones que juzguen de utilidad pública; y ejercer el derecho de petición ante las autoridades municipales.
Y bueno, el citado Ayuntamiento, está integrado por el presidente municipal, dos síndicos y 12 regidores que deberán desempeñar su cargo con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad. Así, reza la ley. ¿Es un engaño? ¿Engañan o se engañan? Todos sabemos lo que son, y lo que hacen, 10 meses son suficientes para reconocerlos por sus hechos.
Por supuesto, atendiendo lo escrito líneas arriba, su conducta también está regida por la Ley, es decir, no es un tema de voluntad, y al respecto dice, “guardarán el debido respeto y compostura… en congruencia con su dignidad de representantes del pueblo y atendiendo al interés público… se abstendrán de perjudicar o lesionar física o moralmente a cualquier ciudadano”. ¿Lo hacen? El alcalde Ramírez, no pierde el tino en esos menesteres, pero también hay otros de menor calado. ¿Habrá sanción?
De las atribuciones que usted le otorgó cuando votó por esta nueva administración, destaco ésta que tiene sentido alrededor del tema del transporte de pasajeros, que hoy refiero: ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal, para que informe sobre los asuntos de su competencia; otorgar concesiones de los servicios públicos; realizar las acciones para impulsar…la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Y en ese sentido, intervenir… en la formulación y aplicación de los programas de transporte público de pasajeros que les corresponde.
Para eso, fue creada el área de MOVILIDAD Y TRANSPORTE, pero como usted sabe, solo tenemos un ENCARGADO, el multifuncional ciudadano Daniel Nieto Martínez, Secretario del Ayuntamiento, que lo mismo guarda y carga los libros del Ayuntamiento, que coordina los comités de agua rurales, o vigila los servicios públicos de las 65 comunidades rurales. Y sin afán de restarle méritos en todo ello, y otras más responsabilidades, tiene los mismos resultados que en el transporte. En diez meses de gobierno, no han hecho NADA, salvo protagonizar en los espacios de comunicación, una intrépida lucha por ganar territorios electorales con la bandera del transporte público, que no tiene mayor sustento, pero que, al contrario, cala fuerte en las 65 comunidades y cientos de colonias que tienen que pagar un transporte caro, ineficiente, y además de mantener un gobierno ocioso y pendenciero.
Siguiendo esta línea, la Ley, precisa que “los ayuntamientos prestarán los servicios públicos, en igualdad de condiciones a todos los habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua…” Y puntualiza, “la prestación de los servicios públicos municipales será supervisada por las Comisiones correspondientes del Ayuntamiento, y auditada por la Contraloría Municipal”.
Aquí es cuando el agua moja por igual. La banalidad en el trato a un tema sensible como es el transporte público, es una responsabilidad compartida. Si no hay dirección en la movilidad y el transporte en uno de los municipios CON MAS CARROS por persona, y con casi un tercio de tiempo del mandato conferido, no es un acto casual, ni accidental, es un acto contrario al bien público, al bienestar ofrecido y prometido.
El transporte público, como usted sabe, está concesionado, “pero deberá tramitar y obtener de las autoridades correspondientes, los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para dicha prestación”. Además, los concesionarios tienen obligaciones ineludibles: prestar el servicio con eficiencia y eficacia; contar con el personal, equipo e instalaciones suficientes; realizar y conservar, en óptimas condiciones, las obras e instalaciones destinadas al servicio (..); renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación; cumplir con los horarios aprobados por el Ayuntamiento; exhibir en lugar visible, en forma permanente, las tarifas o cuotas autorizadas, y sujetarse a las mismas.
Estas obligaciones, se han pasado por alto, y han convertido en una pesadilla la movilización de miles de usuarios. El Ayuntamiento en su conjunto, el de ahora y el de los últimos 9 años, y en particular, sus Comisiones de Movilidad y Transporte, han sido omisos, al punto que la ciudadanía poco a poco, ha dejado de usar el transporte público, pero incursionar en otros medios de transporte. Que, desde luego, al no ser regulados, ni atendidos generan un foco de alarma paralelo, no solo de movilidad o ambiental, sino de accidentes, o aprovechados por la delincuencia.
La competencia del Ayuntamiento no tiene ambigüedades en el transporte público: vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; realizar las modificaciones que estimen convenientes a los títulos-concesión, cuando lo exija el interés público; verificar las instalaciones… que se deban construir o adaptar para la prestación del servicio; dictar las resoluciones de extinción, cuando procedan conforme a esta Ley y al título-concesión. Y otras más, que son de utilidad conocer: ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste eficazmente; finalmente, rescatarlo por causas de utilidad pública (…).
Si no hay una dirección de Movilidad y Transporte, obligada por Ley, y necesaria en una de las 100 ciudades más importantes del país ¿cómo podemos creer que los ediles del ayuntamiento, tienen el conocimiento técnico para planear la ciudad y sus necesidades de movilidad y transporte, si no pueden, ni comprenden sus responsabilidades básicas como representantes populares?
Si el gobierno anterior, hubiese sido sensible con este tema del bienestar de la población, que no son pocos, 140 mil usuarios por día, no hubieran sido sancionados con el voto popular. Si se hubiesen sometido al mandato popular y a las obligaciones que asumieron, y no se hubiesen desviado por la ruta de la omisión, la comodidad y la corrupción no hubieran perdido la elección.
Evadir la realidad de miles de usuarios que llegan tarde y molestos a su trabajo; de miles de ciudadanos de las comunidades rurales que deben pagar doble o triple pasaje, afectando su precario salario; el sentir de miles de madres de familia que tienen que viajar dos o tres veces al día para no dejar en la inseguridad a sus hijos que acuden a la escuela, les pareció un argumento de poco peso.
Desde la ruta de la arrogancia, anexas y conexas despreciaron la opinión ciudadana, expresada en consultas simples, honestas que llegaron a más de 100 mil voces observando fallas, denuncias, exhortos, peticiones. Desde la sociedad civil, Alianza Ciudadana Celayense, hizo énfasis en este tema, bajo un acto de buena fe, que tuviera como resultado aligerar el malestar del ciudadano común que sube al autobús con la intención de llegar en tiempo a su jornada de trabajo, o a sus labores habituales.
Hoy los resultados están a la vista, ocupan sus lugares en el Ayuntamiento otros ciudadanos, para ellos, las responsabilidades y las obligaciones son las mismas, pero VAN QUE VUELAN COMO “mariposas monarca” POR LA MISMA RUTA DE SUS ANTECESORES, a la terminación del contrato por causas justificadas. En unos cuantos meses más veremos quien se quedó esperando la ruta del olvido.
REVOLCADERO.
Sin una planeación integral de la ciudad, el transporte público estará a la deriva, así como la obra pública que se haga a capricho del monarca en turno. Parches mal pegados diría mi abuela. ¡Sean serios!